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Información privilegiada
Es como mínimo irregular acceder a la información en poder de la Agencia Tributaria y la negativa del fiscal anticorrupción Luzón a investigarlo puede provocar que nunca sepamos si también es delictivo
Alejandro Luzón. / Santi Otero / EFE
La primera regla de una democracia es la neutralidad de las instituciones públicas. Si ese principio se quiebra, el edificio se desmorona. Por eso es especialmente relevante la serie de informaciones que este martes empezó a publicar EL PERIÓDICO DE ESPAÑA junto a El Periódico y el resto de medios de Prensa Ibérica sobre la presunta utilización con fines espurios de la información en poder de la Agencia Tributaria durante la etapa de Cristóbal Montoro en el Ministerio de Hacienda. Una investigación de Cristina Gallardo, Jesús G. Albalat, Ángeles Vázquez y Tono Calleja, que refleja además la potencia de este grupo de comunicación.
El ejercicio del periodismo es, a la vez, muy sencillo y muy complejo: consiste en hacer llegar a los ciudadanos informaciones que otros quieren que permanezcan ocultas. Ni más ni menos. Y los mails que ha empezado a publicar esta redacción han permanecido durante meses en un cajón por expreso deseo del Fiscal Anticorrupción, Alejandro Luzón, que ha llegado a expedientar a la fiscal Carmen García Cerdá por intentar investigarlos contra su criterio.
Como tantas otras veces, las informaciones más relevantes salen a la luz por pura casualidad. En esta ocasión, la fiscal se topó con estos correos electrónicos cuando investigaba junto al juez de Tarragona Rubén Rus Vela si miembros del despacho Equipo Económico (EE), que fundó en 2006 Montoro y del que se desvinculó dos años después, usaron en beneficio de sus clientes sus “influencias” entre “altos cargos y funcionarios del Ministerio de Hacienda”.
Fue al reclamar las comunicaciones entre Equipo Económico y Hacienda cuando el juez y la fiscal hallaron algo aún más interesante: trasvase de información entre la Agencia Tributaria y el gabinete del entonces ministro de Hacienda sobre investigaciones judiciales en curso (‘papeles de Bárcenas’, ‘caso Pujol’…) o personas de relevancia pública (Esperanza Aguirre, Rodrigo Rato, Monedero, Rafa Nadal, la baronesa Thyssen…).
Es como mínimo irregular acceder a la información de que dispone la Administración tributaria y la negativa del fiscal anticorrupción Luzón a investigarlo puede provocar que nunca sepamos si también es delictivo.
Montoro, que no se caracterizaba precisamente por la discreción, aseguró en 2013, tras una gala de los Goya crítica con el Gobierno: “El día que [los actores] paguen, las bases imponibles serán más amplias”. En aquel momento, nadie pensó que tuviera acceso a información que no debía tener. Tras las revelaciones de este periódico, no podemos estar tan seguros.
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