Moncloa presiona a la Iglesia para que indemnice a las víctimas de pederastia: "Debe asumir su responsabilidad"

El Gobierno ha iniciado conversaciones con Conferencia Episcopal para intentar llegar a un acuerdo por el que la Iglesia católica asuma las indemnizaciones a las víctimas de pederastia en los casos prescritos penalmente. Este es el plan A del Ejecutivo tras aprobar en el Consejo de Ministros el plan de choque sobre los abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia para datar de un estatus jurídico a las víctimas y regular las indemnizaciones, adelantado por El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica. “Es imprescindible que la Iglesia asuma su responsabilidad. No se entendería que no fuera así. En todos los países de nuestro entorno ha sucedido”, ha asegurado el ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, en rueda de prensa desde La Moncloa tras la celebración del Consejo de Ministros. Es por ello que, a la espera del desarrollo legal y administrativo, todavía no se fijan baremos, aunque el Gobierno habla de una compensación "adecuada" y mira al modelo irlandés, según fuentes de Moncloa.

Desde el Ejecutivo se confía en que la Iglesia siga dando pasos, desde su negacionismo inicial a su postura más proactiva de los últimos meses, para que finalmente asuma “el coste de reparar adecuadamente a las víctimas”. A su favor juega que en países como Irlanda, Bélgica o Países Bajos la Iglesia católica sí ha colaborado en los respectivos planes de reparación. Las negociaciones están todavía en una fase inicial y desde el Gobierno son optimistas porque por el momento no hay un portazo explícito a sus pretensiones. Más bien al contrario, pues según ha valorado el encargado de estas conversaciones por parte del Gobierno, “me parece que la Iglesia tiene voluntad de colaborar”.

El Gobierno regulará que se indemnice a las víctimas de pederastia en la Iglesia en los casos prescritos

No se trata solo de una “impresión”, pues así se lo habría trasladado el pasado jueves el nuevo presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, durante una reunión. Asimismo, Bolaños ha argumentado que le constan los trabajos en el seno de la Iglesia para estudiar “cómo proceder a una reparación integral de las víctimas”. Pese a todo, fuentes de Moncloa encargadas de la elaboración del plan no descartan que de producirse una negativa de la Iglesia, se valore la adopción de mecanismos legales para obligarles a asumir el coste económico de las indemnizaciones.

La Iglesia se inclina en estos momentos porque las indemnizaciones las asuman los victimarios o las diócesis implicadas, pero no la Conferencia Episcopal. La institución de los obispos mostró su rechazo hace unos meses a su participación en un fondo de compensación estatal. Desde el Ejecutivo, sin embargo, buscan un acuerdo integral con la Iglesia Católica.

El plan asume la posición de que “la respuesta de la Iglesia católica tanto a la encomienda del Defensor del Pueblo como a las denuncias de los abusos sexuales ha sido insuficiente”. Principalmente, a la hora de abordar los casos pasados y prescritos penalmente y hacer frente a su reconocimiento y reparación. Por tanto, es en esta cuestión en la que se pone un mayor foco para dar respuesta desde el Estado. Sí valora otras respuestas dadas por la Iglesia más enfocadas en el “presente y futuro”. Esto es, la elaboración por parte de las entidades religiosas de diversas instrucciones y protocolos dirigidos a la prevención, detección e intervención en los casos de abusos sexuales, así como, la puesta en marcha en todas las diócesis y de muchos institutos religiosos, de las Oficinas de atención a las víctimas.

Rechazo de la Conferencia Episcopal

Tras la aprobación del plan, desde la Conferencia Episcopal respondieron con un comunicado rebajando las expectivas de colaboración por parte del Gobierno. "No se pueden plantear unas medidas de reparación que, siguiendo el informe del Defensor del Pueblo, dejarían fuera a 9 de cada diez víctimas. La Iglesia no puede aceptar un plan que discrimina a la mayoría de las víctimas de abusos sexuales", argumentan. Asimismo, consideran que el texto presentado "parte de un juicio condenatorio de toda la Iglesia, realizado sin ningún tipo de garantía jurídica, un señalamiento público y discriminatorio por parte del Estado". Al centrarse sólo en la Iglesia católica, insisten, "aborda únicamente una parte del problema", por lo que lo tildan de "análisis parcial y de "ocultar un problema social de enormes dimensiones".

Para fundamentar estos argumentos basados en que se diferencia a las víctimas de pederastia en el seno de la Iglesias católica de las demás, sostienen desde la institución de los obispos que "esta regulación cuestiona el principio de igualdad y de universalidad que debe tener todo proceso que afecta a derechos fundamentales". Sobre esta base se manifesta una posición crítica y se circunscribe el ánimo a coloborar con el Gobierno "siempre en la medida en que aborde el problema en su conjunto".

Plan B con las comunidades autónomas

Con o sin acuerdo, e independientemente de las presiones que se ejerzan, hasta el punto de no descartar obligar a ello por ley, lo que sí aseguran desde el Gobierno es que “se garantizará” una reparación económica a las víctimas. Siguiendo las recomendaciones del informe elaborado por el Defensor del Pueblo, que todavía deberá presentar en el Congreso Ángel Gabilondo, el documento aprobado este martes prioriza que se cree un órgano mixto entre el Estado y la Iglesia para asumir las compensaciones en aquellos casos donde no se puedan reclamar responsabilidades penales o civiles por el fallecimiento del victimario.

Un órgano independiente, integrado por especialistas y de carácter temporal, que tendría como finalidad la reparación de las víctimas. Para impulsarlo sería necesaria la colaboración de la Iglesia con el fin de que se haga cargo “de la totalidad o una parte sustancial de las compensaciones y facilitar otros elementos de reparación simbólica”.

Ante la posibilidad de que la Iglesia decida no colaborar, el plan apunta a que el Estado pueda asumir las indemnizaciones. Lo haría en este caso de la mano de las comunidades autonómicas y tras aprobar un procedimiento administrativo que permita el reconocimiento de la condición de víctimas y las medidas reparadoras pertinentes.

Guerra de cifras

Desde el punto de vista de la reparación simbólica, el plan promovido por el Gobierno prevé la organización de un acto de Estado, con la presencia de las víctimas, sus representantes y familiares, que ahonde en su reconocimiento con un estatus como el que tienen otro tipo de víctimas. “La primera necesidad de las personas que han sufrido abusos sexuales en el entorno de la Iglesia católica es la de ser reconocidas”, recoge el informe del Defensor del Pueblo como el paso previo a la asunción del compromiso de responder al reto de su reparación y prevención. El objetivo de este acto de Estado sería así “el reconocimiento del prolongado período de tiempo de desatención y de inactividad, en particular entre 1970 y 2020, durante el cual los poderes públicos no establecieron procedimientos adecuados de detección y reacción frente a los abusos sexuales de menores cometidos en centros escolares dependientes de la Iglesia católica”.

La comisión encargada de elaborar la encuesta sobre la prevalencia de los abusos revela que un 11,7% de las personas entrevistadas afirmaron haber sido víctimas de abuso sexual en la infancia o adolescencia (antes de los 18 años). En un ámbito religioso, el dato obtenido es que los abusos afectan a un 1,13 % de los adultos en España, siendo un 0,6% el porcentaje de personas adultas que fueron víctimas de abusos por parte de un sacerdote o religioso católico. Por el contrario, la Iglesia concluye en su propio informe ‘Para dar luz. Informe de los abusos sexuales cometidos en el ámbito de la Iglesia católica (1945-2022)’ que los casos de abusos en su seno son “una proporción cuasi residual con respecto a los casos que mayoritariamente se producen en el seno de la familia, las instituciones y otros ámbitos de la sociedad” y que existen otros responsables, incluido el Estado y los poderes públicos.