El Gobierno baraja no presentar los Presupuestos si carece de las garantías de Junts

Aunque el Gobierno confía en que la presión sobre Junts desbloqueará la situación y permitirá seguir adelante con la legislatura, prepara una alternativa y mantendrá prorrogados los actuales Presupuestos si decae la ley de amnistía y, con ello, el apoyo de Junts a unas nuevas cuentas públicas. “Gobernaremos con amnistía o sin ella”, asegura un ministro socialista tras reconocer las dificultades para llegar a un acuerdo con los posconvergentes que salve la medida de gracia. En Moncloa se transmite la determinación de seguir adelante aunque se quiebre el pacto de investidura del partido de Carles Puigdemont, vinculado a los primeros Presupuestos de la legislatura. En este contexto, desde el ministerio de Hacienda barajan no presentar el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2024 si no cuentan con las suficientes garantías de Junts para sortear una enmienda a la totalidad.

En cualquier caso, esta decisión nada tendría que ver con el bloqueo del PP a los objetivos de déficit en el Senado este miércoles. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, advirtió antes de la votación a los senadores populares que “se equivocan” si pretenden con su veto frenar la aprobación de las Cuentas. Pese a ello, fuentes del departamento que dirige Montero sí reconocen que manejan un plazo máximo a partir del cual se plantearían renunciar a la tramitación del proyecto de Presupuestos si sus socios no muestran voluntad negociadora. Si bien evitan precisar la fecha con el argumento de que “no hay nada escrito” sobre el límite del año en curso en el que dejaría de tener sentido aprobar estas Cuentas, ponen como ejemplo los últimos Presupuestos del Gobierno de Mariano Rajoy en 2018. Entonces, el Congreso les dio luz verde un 24 de mayo tras ser presentados a principios del mes anterior.

El Gobierno descarta ahora recortar las instrucciones judiciales y fía la amnistía a la presión sobre Junts

Antes de toparse con el freno de Junts a la ley de amnistía, los cálculos del Gobierno pasaban por presentar las Cuentas entre finales de febrero y principios de marzo para aprobarlas definitivamente durante el mes de abril. En el mejor de los casos para el Gobierno, el nuevo contratiempo retrasará al menos quince días este calendario, pues se trata del tiempo establecido para llegar a un acuerdo sobre la amnistía tras retornar a la comisión de Justicia. Existe la posibilidad de que la comisión prorrogue este plazo otros quince días, lo que llevaría los Presupuestos de 2024 casi a mitad de año.

En el peor escenario para los socialistas, si decae la norma por la que Junts decidió apoyar la investidura, la tramitación de las Cuentas estaría condenada al fracaso. La amnistía y los Presupuestos se negocian en mesas separadas, pero están inevitablemente vinculados. En Moncloa se intentan desdramatizar las consecuencias de darse este escenario. En los ministerios económicos alegan que técnicamente no generaría ningún problema trabajar con las Cuentas prorrogadas.

En otro de los departamentos que maneja una de las partidas económicas más abultadas defienden que los Presupuestos de 2023 valen para seguir gobernando porque “son expansivos” y “un cajón de sastre” que les permitiría asegurar inversiones y canalizar los fondos europeos. Otra cuestión son los créditos de los fondos europeos asociados a la aprobación de una serie de reformas comprometidas con Bruselas que seguirían necesitando los votos de Junts.

Presión de los socios

Pese a minimizar las consecuencias para la gobernabilidad de prorrogar los Presupuestos, desde el Gobierno confían en que Junts module su posición para salvar la ley de amnistía. Encontrar una pista de aterrizaje para llegar a un punto de encuentro que, por el momento, se resiste. La propuesta de acortar los plazos de las instrucciones judiciales, a través de una reforma de la ley de enjuiciamiento criminal ha resultado fallida. Desde Junts no han recogido el guante y el Gobierno ha acabado por enterrar este camino. Una vía de la que se desmarcó este miércoles la vicepresidenta segunda, Yoldanda Díaz.

La incertidumbre va en aumento, al igual que la presión del resto de socios de investidura para que PSOE y Junts lleguen a un punto de encuentro. Desde el PNV, sin ejercer un papel de mediación, ya mantuvieron “conversaciones” con socialistas y posconvergentes antes del pleno en el que se frenó la tramitación de la amnistía.

Pragmatismo frente al 'todo o nada'

Los socialistas entienden que existe debate interno en el partido de Carles Puigdemont y confían en que se acaben decantando por el pragmatismo frente al todo o nada. Sus enmiendas para incluir los delitos de terrorismo y alta traición en la amnistía, para sortear las investigaciones por Tsunami Democràtic y el caso Voloh -por la presunta trama rusa del ‘procés’-, se consideran inconstitucionales. Se reconoce también que no existe la posibilidad de ofrecer un blindaje absoluto a todos los encausados, como sería el caso del expresident, pero que siempre existe la vía de la justicia europea y la prioridad de beneficiar a la mayoría.

Tanto el PSOE como Junts siguen abiertos al diálogo y ninguna de las dos partes da muestras de querer romper. La campaña de las elecciones gallegas tampoco ayuda a acelerar las conversaciones por la necesidad de los socialistas de mantener la consigna de firmeza y tratar de desviar el foco de la amnistía al discurso económico y la agenda social. Pasado el 18-F, llegará el momento de poner todas las cartas boca arriba. Mientras tanto, el margen se va reduciendo y el Gobierno trata de normalizar la posibilidad de prorrogar los Presupuestos.