Los barones del PP ejercerán de contrapoder a Sánchez en sanidad, educación, vivienda o hacienda

Más allá de la calle, el PP tiene en su mano una poderosa carta para frenar al Gobierno de Pedro Sánchez y diferenciarse de Vox por los cauces institucionales. Con 14 de las 17 comunidades autónomas gobernadas por los populares, el principal partido de la oposición puede ejercer el contrapoder al Gobierno de PSOE y Sumar en las principales competencias que marcan la vida de los españoles: sanidad, educación, vivienda o política fiscal.

Nunca antes se había dado un mapa político de estas características, repasan los expertos, con casi todo el poder autonómico pintado de azul frente a un Gobierno de izquierdas. Además las comunidades, tras el traspaso en 2001 de las competencias en sanidad, tienen consolidadas más competencias autonómicas que nunca en la historia. Una auténtica prueba de estrés, como lo fue la pandemia, para el funcionamiento del Estado de las autonomías.

Los barones del PP pueden influir de forma muy importante en la agenda nacional, convocar órganos de interlocución como la Conferencia de Presidentes, creada en 2004, o las conferencias sectoriales. Para quienes conocen los entresijos del Estado español, este contrapoder es mucho más relevante que el que pueden ejercer los populares en el Senado, donde también atesora una mayoría absoluta y trabajan ya para ralentizar la ley de amnistía.

Dos frentes abiertos

Mientras que los socios nacionalistas e independentistas del PSOE exigen que esta sea la legislatura del debate plurinacional y se dé paso a un nuevo marco autonómico, las comunidades del PP ya han empezado a jugar sus cartas por dos vías. En el Tribunal Constitucional, que se adivina como un órgano clave donde se incrementará la conflictividad y los recursos de las autonomías contra el Gobierno, y en la Conferencia de Presidentes. Los gobiernos autonómicos populares ya han avisado de que recurrirán al Constitucional la ley de amnistía y han pedido, con el reglamento en la mano, una convocatoria urgente del órgano que reúne a todos los presidentes autonómicos con Pedro Sánchez para exigir explicaciones de sus acuerdos con independentistas y nacionalistas. El reglamento de la Conferencia de Presidentes señala que bastan diez presidentes autonómicos para forzar su convocatoria. Desde su creación en 2004 entre órgano se ha reunido en 26 ocasiones.

En esta legislatura, las comunidades del PP han elevado recursos contra la ley de vivienda o el impuesto a las grandes fortunas. Sin embargo, el balance final de legislatura del Ministerio de Política Territorial señala que ha sido una etapa de poca conflictividad entre el Gobierno y las autonomías, con un total de 150 acuerdos cerrados para resolver litigios y solo 18 recursos al Tribunal Constitucional, “reduciendo las controversias competenciales un 67% en comparación con la existente con el Gobierno anterior”.

43 conferencias sectoriales

Según los datos oficiales del Ministerio de Política Territorial en España funcionan en estos momentos hasta 43 conferencias sectoriales, creadas desde 1981 a 2021. Desde enero a octubre de 2023 se celebraron 60 reuniones y en 2022 la cifra total fue de 156. Forman parte del día a día de la acción del gobierno, las memorias de estas reuniones son públicas y accesibles, como síntoma, defiende el Gobierno de “madurez democrática” y prueba de “la evolución de 40 años de Estado de las Autonomías”, defiende el Ministerio en su último “Informe sobre la actividad de los órganos de cooperación en 2022”.

El otro órgano donde se dará una importante batalla es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que debe aprobar el futuro modelo de financiación autonómica, pieza clave del debate territorial, y asuntos como la quita de deuda pactada con Cataluña. El reglamento del Consejo señala que el voto del Gobierno de la Nación vale un 50% por lo que en el Ministerio de Hacienda creen que con solo tres comunidades del PSOE, Asturias, Navarra y Castilla La Mancha, suman mayoría. El PP discrepa de esa lectura y defienden que tienen ellos la mayoría del órgano.

Intereses territoriales

Sandra León, profesora de Ciencia Política en la Universidad Carlos III de Madrid, asegura que las comunidades del PP pueden interferir de forma importante en la agenda del futuro Gobierno de Pedro Sánchez y que en el discurso de investidura del socialista asoman ya algunos de los asuntos que centrarán la confrontación más allá de la financiación. El presidente habló de un plan para recortar las listas de espera en sanidad o de recursos para la salud mental, competencias que están en manos autonómicas en estos momentos, y puso el acento también en asuntos como la transición energética, que necesita la participación de las autonomías, o en vivienda.

“Las políticas sociales serán objeto de enfrentamiento aunque la práctica del funcionamiento del Estado del Autonomías señala que, después, el trabajo de las conferencias sectoriales es mucho más fluido y menos conflictivo y que la norma es un entendimiento institucional con el ministro de turno, sobre todo, cuando toca territorializar o repartir fondos”, defiende León. A su juicio, el funcionamiento del modelo autonómico ha ido consagrando la máxima de que los actores autonómicos se rigen más por los intereses de su territorio y de sus ciudadanos, que al final son sus votantes, que por las directrices que se dan desde las sedes nacionales de sus partidos. Una evolución que León cree que se constata conforme avanza el traspaso de competencias a las autonomías y que se consolida a partir de 2001, cuando se firma el traspaso de la sanidad.

En la etapa del Gobierno de José María Aznar de 1996 ya existió un desequilibrio importante en el mapa político pero las circunstancias nada tenían que ver. Ahora, todo es más difícil. En ese momento el PP gobernaba España y en todas las comunidades autónomas excepto tres: Extremadura, Castilla La Mancha y Andalucía, que formaban la aldea gala socialista. Esas tres se quedaron fuera expresamente de la reforma firmada en el modelo de financiación. Explica la profesora de la Universidad Carlos III que es un detalle que muchos desconocen: el modelo de financiación tiene que ser aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, antes de llegar en forma de ley orgánica para aprobarse en el Congreso de los Diputados con mayoría cualificada. Pero tienen también que aprobarse de forma bilateral con cada comunidad y eso conllevó que en 1996 esas tres comunidades decidieran quedarse fuera y durante unos años convivieron en España dos sistemas de financiación autonómica, el que regía para todas las comunidades y el anterior aplicado a las tres comunidades de signo socialista.

Para el sociólogo y científico del CSIC Luis Miller, el PP tiene en su manos tres instrumentos muy poderosos: las conferencias sectoriales, el Senado y, una vez que pasen las elecciones vascas y en función del resultado, la posibilidad de abrir un diálogo y un camino de acuerdos puntuales con el PNV, que cambiaría las mayorías en el Congreso, abriendo la posibilidad de diálogo del PP y los nacionalistas. La única fórmula posible en estos momentos para que el partido de Alberto Núñez Feijóo deje de estar en manos de Vox y Santiago Abascal.

En esa radiografía autonómica tampoco puede despreciarse que, como señaló Sánchez en su discurso de investidura, el PP selló tras las autonómicas de mayo un pacto con Vox con consecuencias políticas importantes. “Le abrió las puertas a cinco gobiernos autonómicos, cinco diputaciones y 135 ayuntamientos. O lo que es lo mismo, le dio la potestad para afectar la vida de más de 12 millones de españoles y españolas”, señaló el presidente socialista. Su discurso dejó claro que si el PP piensa confrontar contra el Gobierno desde su poder territorial, el PSOE piensa basar su discurso político en las consecuencias de ese acuerdo con Vox en la vida de miles de ciudadanos, con los efectos prácticos de que la ultraderecha esté decidiendo en políticas de agricultura, cambio climático, cultura, derechos sociales e imponiendo retrocesos en asuntos como el aborto, la violencia de género o los derechos del colectivo LGTBi. La batalla institucional está servida.