INVESTIGACIÓN

Imputados los tres acusados de presionar al abogado de Bárcenas por encargo de personas "vinculadas al PP"

El juez Manuel García Castellón, que ha reabierto las pesquisas por orden de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, todavía no ha señalado las comparecencias de los investigados

Gómez de Liaño

Gómez de Liaño / Kote Rodrigo

Tono Calleja Flórez

El juez Manuel García Castellón ha acordado la imputación del abogado José Luis Moreno Cela, su exclienta Mónica Gil Manzano, y del empresario Juan Ramón Díaz Moro, quienes según la Fiscalía Anticorrupción recibieron un encargo de personas "vinculadas al PP" para "presionar" al extesorero de la formación conservadora Luis Bárcenas y a su abogado, el exjuez Javier Gómez de Liaño. Esta intimidación, que se habría producido en 2013 y 2014, tenía como finalidad "evitar la publicación de informaciones comprometedoras para el Partido Popular", según se desprende de cuatro grabaciones que fueron descubiertas por la Policía en un registro en Marbella, especifica un auto de la Audiencia Nacional de 1 de febrero.

La decisión del juzgado se produce después de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional revocara la decisión del instructor de archivar la pieza número 36 del caso Tándem. En la resolución, los magistrados recordaban que Anticorrupción ya había reclamado la comparecencia de Moreno Cela, Gil Manzano y Díaz Moreno en calidad de investigados.

El Confidencial publicó una parte de uno de los cuatro audios en poder de la Fiscalía, en la que una persona identificada como José Luis Moreno informa a Juan Ramón Díaz y a Mónica Gil Manzano, en la actualidad en prisión, sobre las supuestas gestiones que pretendía hacer por encargado de "un lobby del PP". Fuentes cercanas a Moreno Cela niegan que este letrado sea la persona que participa en la conversación.

En el mismo sentido, la investigación desarrollada por esta redacción, basada en las anotaciones del comisario jubilado José Manuel Villarejo, en dos de sus grabaciones, pero también en tres correos electrónicos incluidos en la denominada Operación Prima, apuntan a que en los hechos también habría participado un abogado que no está imputado en la Audiencia Nacional.

Pagos a Gómez de Liaño

En uno de los correos, dirigidos al mencionado letrado, que fue detenido, Villarejo le hace un encargo: "Interesa de K. Todos los datos de los pagos en el extranjero que le hizo a G. de L. Todos los pagos que les hizo a miembros del CNP, GC y otros. Otros pagos a políticos". Según fuentes de la causa, al escribir "K" se refieren al condenado rusogeorgiano Zakhar Kalashov; y al redactar "G. de L" a Gómez de Liaño. En las agendas también se alude la posible existencia de una grabación en la que un comisario recibe una mordida.

En las conversaciones grabadas, según la transcripción de las mismas encargada por la Fiscalía Anticorrupción, se llega a decir, de forma literal: "Si Kalashov dice cómo ha cobrado eso, se le puede levantar un tema de delito fiscal y de blanqueo de capitales”. Otros audios, incluidos en el sumario del caso Kitchen, también evidencian que Villarejo informó a sus superiores de que había participado en las presiones contra Gómez de Liaño.

Las fuentes consultadas relatan a El Periódico de España que el Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional todavía no ha señalado las fechas concretas de las comparecencias, que fueron decididas por los magistrados de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional compuesta por Alfonso Guevara Marcos, Carolina Rius Alarcó y Carlos Fraile Coloma, que reabrieron la causa que había archivado el juez García Castellón.

"Se reparten 4 millones"

El primero de todos, José Luis Moreno Cela, es un abogado cuyo nombre aparece en las agendas de Villarejo, que el 28 de marzo de 2014 apuntó, tras conversar supuestamente con el abogado Javier Iglesias: "José Aliste Martín. Juzgado de Instrucción 20. DP/135/2006. Con abogado José Luis Moreno Cela. Tema Kalashov (que llevó Andreu). Se reparten 4 millones con Liaño. Hay sociedades uruguayas que usaron". Fuentes cercanas a Moreno Cela rechazan que este letrado haya participado en el supuesto espionaje al exabogado de Bárcenas.

La causa que analiza el supuesto espionaje a Liaño, que es la pieza separada número 36 del caso Tándem, se abrió el 30 de noviembre de 2022 tras recibirse en la Audiencia Nacional la inhibición de un Juzgado de Marbella que había descubierto las mencionadas grabaciones al registrar la vivienda del ciudadano serbiokosovar Halit Sahitaj. "A raíz de dicha entrada y registro se tuvo acceso por los investigadores a una dirección de correo electrónico en la que constaban cuatro archivos de audio que, en fecha 20 de octubre de 2014, fueron remitidos [...] a la dirección de correo electrónico del despacho profesional del letrado Javier Gómez de Liaño", especifica el auto de 1 de febrero de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

En las agendas

Tal y cómo adelantó este diario, en las agendas del comisario José Manuel Villarejo, aparecen anotadas sus gestiones para tratar de presionar a Gómez de Liaño. Y para ello trató de contactar con Kalashov, entonces privado de libertad en España. Este reo había contratado como abogado al exjuez Gómez de Liaño, cuyo patrimonio fue investigado por el comisario jubilado, que consideraba que el preso había abonado en el extranjero a su letrado 5,5 millones de euros.

Villarejo pretendía, según sus anotaciones, cuyo contenido ha confirmado el propio ex mando policial, presionar a Gómez de Liaño, que en 2013 y 2014 fue el responsable de la estrategia de Bárcenas de tirar de la manta y reconocer los pagos en 'b' que anotó en su contabilidad paralela, cuya existencia fue confirmada en sentencia firme por el Tribunal Supremo.

En enero de 2015, tras ser objeto durante dos años de investigaciones sin respaldo judicial y seguimientos presuntamente ilegales, Gómez de Liaño abandonó la defensa de Bárcenas, que cambió su estrategia. Pasó de culpar al PP y reconocer la existencia de una caja B a negar de nuevo su existencia. Finalmente, volvió a reconocer los hechos, que fueron considerados como ciertos en una sentencia del Tribunal Supremo.