El TC se prepara para rechazar las más de 60 recusaciones presentadas por PP y Vox

El Tribunal Constitucional se prepara para despejar en sus próximos dos plenos la batería de más de 60 recusaciones que han presentado entre el PP y Vox contra sus magistrados en la mayoría de los nuevos recursos sobre los que tiene que pronunciarse. Fuentes del tribunal de garantías señalan a este diario que nunca en la historia del órgano se había vivido una avalancha de tal envergadura, lo que entienden que forma parte de una estrategia para frenar el ritmo con el que se disponía a trabajar el pleno, que en su primera reunión completa logró resolver su recurso mediático más longevo: el de la ley del aborto vigente, que lo permite en las primeras 14 semanas.

Los incidentes de recusación de magistrados, que fundamentalmente se dirigen contra los dos designados por el Gobierno, el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exasesora de la Moncloa Laura Díez Bueso, aunque acaben siendo rechazados, logran "suspender el trámite de multitud de procedimientos". El primer damnificado claro ha sido el recurso contra la ley de eutanasia, que estaba previsto que se resolviera en el próximo pleno, previsto para los días 21, 22 y 23.

Esa impugnación ya no aparece en el orden del día, porque tanto Campo como Díez han sido recusados por el PP. La tramitación se ha suspendido hasta que se tramiten y resuelvan los incidentes, según ha informado el propio Constitucional. En su lugar se ha incorporado el asunto más antiguo del TC después del del aborto: una cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Supremo en 2018 en relación con la ley de 2010 sobre el canon que deben abonar las emisoras de radio por la retransmisión de partidos de fútbol.

Combatir la parálisis

Precisamente resolviendo recursos antiguos es como el Constitucional tiene previsto evitar la parálisis y combatir la ofensiva de recusaciones que está viviendo. Numéricamente las presentadas ahora superan con creces las que se vieron en los momentos más tensos de la historia del Constitucional, durante la deliberación del Estatut de Catalunya, cuando el ambiente del pleno se hizo prácticamente irrespirable.

Ahora la mayoría progresista, de siete magistrados frente a cuatro, ni siquiera dejaría de serlo en el caso de admitirse las recusaciones presentadas contra Campo y Díez, pero aceptarlas se convertiría en un peligroso precedente en el caso de que se cubra la vacante dejada por Alfredo Montoya, que corresponderá a un magistrado de sensibilidad conservadora, pero que está bloqueada como lo está la renovación del Poder Judicial, cuyo mandado de cinco años lleva más de cuatro pendiente.

En cualquier caso llama la atención, porque tanto Díez como Campo han sido los primeros en abstenerse en aquellos asuntos en los que se consideran comprometida su apariencia de imparcialidad. Ella lo ha hecho en los recursos de PP, Cs y Vox contra las leyes para evitar el mandato del 25% en las aulas catalanas y él en una treintena de asuntos: todos los que conoció como ministro de Justicia y los que afectan a su pareja, Meritxell Batet, presidenta del Congreso. De hecho, el grueso de asuntos previsto para el próximo pleno será resolver las abstenciones que han presentado para quedar al margen de determinadas deliberaciones.

En cualquier caso, la ofensiva conservadora no se limita a ellos, como se comprobó con el primer capítulo, que se vivió con el recurso del aborto. El primer día del pleno anterior se dedicó a rechazar la abstención que había presentado la conservadora Concepción Espejel, que alegaba el mismo motivo que los recusantes para apartar a Inmaculada Montalbán: haber participado en los trabajos del Consejo General del Poder Judicial para hacer un informe sobre el anteproyecto de ley que no llegó a enviarse al Gobierno. Al día siguiente, el pleno rechazó la recusación de Montalbán, de Campo, por haber sido secretario de Estado de Justicia cuando salió esa norma, y del propio Conde-Pumpido, como fiscal general cuando el Consejo Fiscal informó sobre la futura ley.

Dificultades

El que Conde-Pumpido sea magistrado de carrera tiene mucho que ver con el ritmo de resolución que quiere que tenga alto tribunal. Entre sus primeras decisiones como presidente estuvo la puesta en marcha de un plan de choque para poner al día el órgano en seis meses. Para cumplirlo sería muy conveniente evitar ofensivas como las de las recusaciones, aunque no sea fácil.

Fue muy significativo que hubiera una candidata que le disputara la presidencia (María Luisa Balaguer) y que la vicepresidencia correspondiera a Montalbán y no a uno de los magistrados considerados de tendencia conservadora, como era costumbre desde el Constitucional que lo presidió Pascual Sala.

En cualquier caso, el buen ambiente del pleno que se vivió durante el mandato de Pedro González-Trevijano saltó por los aires cuando la mayoría, entonces conservadora, paralizó la tramitación de la reforma del Código Penal en el Senado y se negó a dar trámite a las recusaciones que entonces se presentaron contra el presidente y el magistrado Antonio Narváez.