El Ayuntamiento de Barcelona pide que Durán Lleida declare por la financiación ilegal de CDC

La representación legal del Ayuntamiento de Barcelona ha reclamado a la Audiencia Nacional que cite a declarar como testigo a Josep Antoni Duran Lleida en el juicio que se va a celebrar sobre la financiación ilegal de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) o 'caso del 3%', según consta en un escrito al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA.

"Se ha tenido noticia de las declaraciones efectuadas por el señor Josep Antoni Duran Lleida en el programa de televisión 'Café de idees' de fecha 9 de noviembre de 2022 durante el desarrollo de la entrevista emitida. Entre otras afirmaciones, el señor Duran señala, que "si estuviese ante un juez y hubiese juramento en mi declaración, tendría que decir la verdad. Ahora, mejor callo y ya está", especifica el escrito del representante legal del Consistorio de Ada Colau.

Los hechos

En el escrito se justifica la petición de la comparecencia de Duran Lleida, habida cuenta de que en la entrevista "parece referirse a que pudiera tener conocimiento de hechos que pudieran afectar al objeto procesal de referido procedimiento", en referencia al caso del conocido como "3%".

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"Puesto que el programa fue emitido en fecha muy posterior a la formulación del escrito de conclusiones provisionales efectuado por esta parte, por tal motivo no pudo ser propuesto en forma como medio de prueba documental la referida documental audiovisual, [...] para que declare en el juicio oral sobre los datos de los que tenga conocimiento [...], ya que de acuerdo con sus palabras hechas públicas en el referido medio de comunicación se declaración testifical pudiera tener relevancia en el presente pleito", completa el documento presentado por el Ayuntamiento barcelonés en la Audiencia Nacional.

La Fiscalía Anticorrupción reclama en el juicio una multa de tres millones de euros para CDC y su sucesor, el PEDCat, por el delito de blanqueo de capitales. La pena más alta de cárcel solicitada para los 30 acusados son los 21 años de prisión, que pueden convertirse en 22 en caso de impago de las multas propuestas para el extesorero del partido Andreu Viloca, que superan los 254 millones de euros, por los delitos de organización criminal, fraude continuado a la Administración Pública, corrupción entre particulares también continuado, al igual que el de tráfico de influencias y otro de blanqueo de capitales.