El caso 3% destapa la actividad de "la familia" construida para financiar CDC

La investigación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción en el caso 3% ha destapado la existencia de lo que el fiscal encargado de las pesquisas, José Grinda, denomina "la familia", el conjunto de empresas que, a cambio de adjudicaciones de obra pública otorgadas por las administraciones catalanas, realizaban importantes donaciones irregulares a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC).

Esta organización criminal, según la denominación del ministerio público, estaba conformada por empresas que se aprovechaban de las concesiones amañadas, que debían abonar al menos el 3% de los contratos que recibían de las administraciones controladas por los convergentes. Pero también había aspirantes a formar parte de esta "familia" de CDC, que hicieron pagos antes de recibir los millonarios contratos.

Eso explica que, en ocasiones, las donaciones a esta formación política y sus fundaciones satélite: CatDem y Forum Barcelona, no tenían una vinculación concreta con una adjudicación de una obra pública específica.

Hacían estos abonos, según dice de forma literal Anticorrupción en su escrito de acusación: "Para crear o mantener una buena relación con el partido y, así, ser tomados en cuenta para futuras adjudicaciones y ser considerados elegibles”.

"Mejorar las expectativas"

Esta era la forma que tenían las empresas de "mejorar las expectativas de ser beneficiarios de tales contratos, para generar o mantener la relación privilegiada con CDC”. Y de paso para "consagrar su pertenencia a la familia que les permitiera exigir influencia en las autoridades de su partido en distintas Administraciones cuando llegara el momento de concurrir a distintas licitaciones", escribe el fiscal Grinda.

Los aspirantes a pertenecer a la presunta organización criminal no realizaban sus pagos de manera vinculada a una concreta licitación, sino simplemente en atención a la posición de poder de CDC, y en atención al cargo desempeñado por estas personas y su capacidad para dirigir las contrataciones.

"Eran plenamente conscientes de que esta vía (realizar pagos ilícitos), era el camino (en algunos casos, el único), para conseguir posteriormente adjudicaciones de concursos públicos", prosigue el escrito del ministerio fiscal.

Como ejemplo de la actividad de un aspirante a formar parte del colectivo que recibía millonarias adjudicaciones de obra pública, el ministerio público alude a las actividades que desarrollaron los acusados pertenecientes a la empresa Oproler: "Para lograr convencer a los acusados pertenecientes a CDC de que formaban parte de la 'familia' convergente".

Revisiones de concursos

La actuación de esta supuesta "familia" se evidencia, prosigue el fiscal, en una licitación que benefició a la empresa Rogasa. En el concurso las puntuaciones se revisaron a la baja, perdiendo un gran número de puntos la primera clasificada, que era Construccions i Promocions Queralt.

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Tras las variaciones, se dio un empate entre tres mercantiles, pero al final Rogasa se hizo con la obra: "La razón de esta preferencia fue" dice la Fiscalía, "la actividad de donaciones desarrollada por la empresa vencedora y la integración, así, en la 'familia' construida alrededor de CDC".

"Consta un conjunto de incumplimientos de la normativa reguladora de la contratación administrativa que permitieron conseguir eludir las normas de competencia y transparencia, así como adjudicar el concurso a la UTE en la que participaba 'Teyco, S.L.', empresa que formaba parte de la 'familia”, concluye el ministerio discal en su escrito de acusación, en el que se propone una multa de tres millones de euros para CDC y su sucesor, el PDECat, por el delito de blanqueo de capitales.