Derechos Sociales promete aprobar de manera urgente la ley de bebés robados

La secretaria de Estado para la Agenda 2030, Lilith Verstrynge, se ha comprometido a empujar la tramitación parlamentaria de la conocida como ley de bebés robados para que sea aprobada de manera urgente.

La norma, tomada en consideración en el Congreso en junio de 2020, ha visto ampliado hasta 146 veces su periodo de enmiendas, lo que impide su aprobación final y la consiguiente reparación a las víctimas, explica el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030.

Verstrynge se reunió este martes con organizaciones que apoyan e impulsan esta proposición de ley, como 'Todos los niños robados son también mis niños', 'CeAqua' (Coordinadora estatal de apoyo a la querella argentina contra crímenes del franquismo) o Amnistía Internacional que, de forma reiterada, han reclamado el desbloqueo de la ley que lleva "dos legislaturas" en tramitación.

"Nuestro país no puede permitirse no resolver la deuda pendiente con los familiares y afectados por los bebés robados durante el franquismo. Es una cuestión de reparación y de memoria que no solo vienen exigiendo los afectados y las asociaciones de derechos humanos internacionales, sino que el Parlamento Europeo y la ONU han requerido a nuestro país que se reconozca como víctimas a todos los afectados por este crimen”, ha explicado Verstrynge.

La responsable de la Agenda 2030 asevera que esta norma ya contó con el consenso total del Congreso de los Diputados en la legislatura anterior y cree que debe seguir adelante su trámite "para que pueda verse materializada lo antes posible”.

El ministerio recuerda que la ley contempla reconocer y asegurar los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y la no repetición con diversas medidas, como la garantía del derecho al acceso a todo tipo de archivos, tanto públicos como privados (destacando los de clínicas y hospitales, y los de la Iglesia Católica) o la realización de exhumaciones sufragadas por el Ministerio de Justicia.

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También, la atención médica, jurídica y psicológica gratuita, y la realización de campañas de información y difusión por parte de los poderes públicos "para que este crimen contra la humanidad no vuelva a repetirse jamás".

Asimismo, se crearía una Fiscalía especial, una unidad especial de investigación de la Policía Judicial y una comisión estatal por el derecho a la identidad, así como una base de ADN nacional -cuyas pruebas serán gratuitas- y se establecería la participación de las víctimas a través de sus representantes en algunos de los organismos y herramientas creadas, concluye.