Moncloa ve en el plan antiabortista una "bendición" electoral y exprime el choque con Castilla y León

Moncloa ha encontrado en el pretendido plan antiabortista de Castilla y León el mejor asidero para coger oxígeno tras un mes de diciembre de enorme asfixia, en que el que la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación y el goteo de reducciones de condena a los delincuentes sexuales por la ley del 'sólo sí es sí', se ha traducido en un inicio de año de bajón en las encuestas. Las "contradicciones" dentro del propio Ejecutivo autonómico, entre el presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente de Vox, Juan García Gallardo, sobre si se plantearía a las embarazadas que quieran abortar escuchar antes el latido del feto, han llevado al Gobierno a un choque institucional que, piensan, sólo puede cerrarse con una victoria suya. “Para nosotros ha sido una bendición”, reconocen los socialistas

Ni han sobreactuado, mantienen, con la aprobación este martes en el Consejo de Ministros de un requerimiento de incompetencia que supone el primer paso de un enfrentamiento judicial ante el Tribunal Constitucional. Ni se han precipitado al superponer una decisión a otra, sin dar margen legal a Castilla y León a contestar y sin atender que el propio Mañueco ha negado públicamente cambios en la atención a las gestantes.

El Gobierno entiende que no debe esperar a que haya un acuerdo de la Junta, que no es necesario que medie un hecho administrativo, según explicó la portavoz, Isabel Rodríguez, para iniciar acciones, si no que vale únicamente con el comunicado de prensa de la Consejería de Sanidad sobre medidas relacionas con el fomento de la natalidad, que García Gallardo vendió públicamente como un plan antiabortos. ·"El Gobierno está obligado a actuar", defendió la ministra.

UN "PAPEL" TODAVÍA OCULTO

En Moncloa sostienen que ese anuncio obedece a un acuerdo del Ejecutivo autonómico, "el papel", apuntan, que es "lo que no quieren enseñar". Por eso creen que la Junta no ha respondido por medios formales a las peticiones de información. Pero, aunque ese papel no existiera y realmente PP y Vox no hayan puesto negro sobre blanco en un documento oficial las nuevas medidas, el Ejecutivo considera que se apunta igual el tanto político. Si no lo proporcionan, aseguran, significa que el Gobierno ha conseguido frenar lo que iban a hacer. Y si finalmente aparece el papel, Moncloa ya tiene lo que necesita para acudir al Constitucional, al entender que Castilla y León contraviene la ley del aborto y sobrepasa sus competencias.

Pocas cosas le pueden venir mejor al PSOE en estos momentos. En la dirección socialista, como en la Moncloa, apuestan por no pisar el freno en el choque con la autonomía. Ocurra lo que ocurra, señalan fuentes de la ejecutiva del partido, “el PSOE saldrá ganando”. 

Si finalmente Mañueco deja la iniciativa en nada, incluidas esas medidas sobre la “cartera de servicios a la mujer embarazada”, que anunció sin concretar más en su primera rectificación a Vox, los socialistas insisten en que quedarán como los artífices de la marcha atrás, gracias a su reacción desde el Gobierno central. Y si el protocolo siguiera adelante, aunque fuese en una versión descafeinada respecto a lo que se divulgó en un primer momento, algo que ahora mismo parece poco probable, el PSOE ya tendría hecha una parte de la campaña en este 2023 con comicios autonómicos y municipales en mayo y generales a finales de año. 

EL IMPACTO EN LOS COMICIOS

Una parte importante de la contundente respuesta llevada a cabo estos días por la Moncloa tiene que ver con una genuina preocupación ante la amenaza de retroceso en el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, que es una de las banderas socialistas. Pero también hay un componente electoral en todo esto. El protocolo antiabortista permite al PSOE retratar a Feijóo como “rehén” de Vox y alertar de que esto es solo un anticipo de lo que está por llegar si el líder del PP alcanza la Moncloa gracias a un pacto con la ultraderecha, una suma que en muchas encuestas alcanza la mayoría absoluta del Congreso. 

“Lo cierto es que se han metido en un lío muy serio y que a nosotros nos viene muy bien. Ha sido una bendición. El PP o Vox se van a dejar pelos en la gatera. Porque esto aún puede dar más vueltas. Tienen que explicar muy bien si el protocolo se debatió en el Consejo de Gobierno de Castilla y León, si fue recogido en las actas… Esto no es una broma”, señalan en la dirección socialista, donde contraponen el “ruido” de la coalición de derechas en esta autonomía con las “medidas sociales” aprobadas por el Gobierno central y la buena marcha económica en España, donde la tasa de inflación es la más baja de toda la UE. 

Incluso Pedro Sánchez se refirió indirectamente este martes a esta polémica en un foro tan alejado de la política regional como Davos. "El principal riesgo [para la democracia en Europa] es que los partidos conservadores le abran la puerta del gobierno a los partidos de extrema derecha, algo que va diametralmente en contra de la UE", dijo desde la ciudad suiza. El jefe del Ejecutivo no citó ni al PP ni a Vox. Pero el mensaje quedó meridianamente claro. Moncloa vio en Castilla y León la mejor manera de darle visibilidad. Pase lo que pase los socialistas creen que sólo pueden ganar.