El Consejo de Ministros actúa legalmente contra Castilla y León por el plan antiaborto como paso previo al TC

El Ejecutivo prosigue su pugna institucional con Castilla y León, por el plan antiabortista impulsado pòr Vox, que comparte el gobierno con el PP, a pesar de que el propio presidente Alfonso Fernández Mañueco ha negado su implantación. El Consejo de Ministros aprobará este martes un acuerdo por el que se requiere de incompetencia al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León sobre cualquier actuación que vulnere o menoscabe la ley estatal de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, según informan fuentes de Moncloa. Se trata de un paso previo antes de acudir al Tribunal Constitucional.

La Junta tiene ahora un plazo de un mes para contestar. El Gobierno hace así un nuevo movimiento después de solicitar primero información -el Ministerio de Sanidad a la Consejería- tras el anuncio del vicepresidente de la Junta, Juan García Gallardo, de que los médicos plantearán a las gestantes escuchar el latido del feto antes de decidir si abortan, y de enviar después, ya por vía oficial, un requerimiento al Ejecutivo autonómico para que "se abstenga de aprobar y aplicar ninguna medida".

En unas declaraciones a primera hora de esta mañana, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, explicó que el Ejecutivo tiene sobre la mesa "todas las opciones posibles" porque "no vamos a permitir ni un solo retroceso en los derechos y libertades de las mujeres, en ningún territorio de España". "Estamos trabajando en distintas líneas de actuación", subrayó, y por eso, hoy mismo, "el Consejo de Ministros va a aprobar un nuevo requerimiento para que cesen inmediatamente· en cualquier regresión de derechos de las mujeres". Se trata de un requerimiento de incompetencia porque están "extralimitándose". "En el caso de que no den una cumplida y satisfactoria respuesta se iniciarán acciones ante el Tribunal Constitucional".

Como publica hoy este diario, además de que a lo largo de todo este largo año electoral el Gobierno y el PSOE insistirán en que la única fórmula de que Alberto Núñez Feijóo llegue al Moncloa, y de que el PP conquiste algunas comunidades, es de la mano de Vox, para los socialistas es muy importante el voto de las mujeres. Es una de sus mayores fortalezas. Los últimos sondeos del CIS apuntan a que hay más mujeres que hombres proclives a volver a votar a Pedro Sánchez. Según la encuesta de diciembre, un 56,6% frente a un 43,4%. Esa diferencia es menor para sus dos principales competidores. En el PP ambos sexos están casi empatados: 49,1% de hombres y 50,9% de mujeres. En Unidas Podemos 52,4% frente a 47,6%.

Este asunto subyace en la estrategia que el Ejecutivo ha desplegado frente al plan abortista de Castilla y León y por eso el foco está más puesto en defender los derechos de las mujeres que en denunciar únicamente la connivencia del PP con Vox.

NO HACE FALTA UN "HECHO ADMINISTRATIVO"

En la misma línea se pronunció después la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que justificó en la necesidad de "lanzar un mensaje de firmeza para impedir que se consuma esta aberración" y de dar "tranquilidad a las mujeres de Castilla y León y de España, así como a los profesionales sanitarios" 

Rodríguez defendió que para presentar este requerimiento de competencia no tiene porque mediar un hecho administrativo, algo que se le recrimina porque Mañueco ha negado cualquier cambio en el protocolo sanitario de interrupción del embarazo. "Es posible hacerlo" y así, señaló, lo bendice la jurisprudencia del Constitucional, cuando se emiten comunicados, que afectan a la competencia de cada administración. "El Gobierno está obligado", destacó.

La también ministra de Política Territorial recordó que la Junta no ha respondido a las peticiones de información, oficiales y extraoficiales, que se le han hecho, y que se han realizado declaraciones "contradictorias". Pero no dio una explicación sobre por qué el Gobierno no espera a que se cumplan los propios plazos que el procedimiento concede a la Junta para contestar. La portavoz se limitó a dar una respuesta política no técnica. "En este país, durante mucho tiempo las mujeres han esperado demasiado -en referencia a la legalización del aborto- como para seguir aguardando ahora a las pretensiones de la ultraderecha".  

"No ha quedado claro que no vayan a tomar medidas", insistió la ministra sobre la comparecencia del presidente de Castilla y León, que sí reconoció que se ampliaba la cartera de servicios a las embarazadas. "No se puede sugerir" acciones distintas a las que marca la ley a las mujeres y a los profesionales.