Andalucía se une a la Comunidad Valenciana y a Murcia contra el plan del Tajo

El Gobierno andaluz, al igual que los de Valencia y Murcia, presentará alegaciones al plan del Tajo y pedirá al Consejo de Estado un informe desfavorable sobre el proyecto del real decreto que afecta al plan hidrológico e incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura que considera un "capricho político".

El Ejecutivo andaluz se suma de esta forma a las actuaciones anunciadas por el Gobierno valenciano, que ha presentado este martes alegaciones al plan del Tajo, que apuntan a "defectos en la tramitación". El Ejecutivo murciano, por su parte, anunció también el pasado 4 de enero que iba a presentar alegaciones ante el Consejo de Estado contra el borrador de Real Decreto del Plan Hidrológico del Tajo por "su falta de consideración económica y ambiental, además de por la falta de transparencia en su tramitación".

La consejera de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha justificado la posición de la Junta de Andalucía en el daño que ocasionará a las comunidades del levante español el "cambio en las reglas de juego" que ha efectuado el Gobierno central, de las que ha dicho que supondrá "el jaque mate" a la supervivencia del sector de las frutas y hortalizas en Valencia, Murcia y el levante almeriense.

Según Crespo, la modificación llevaba a cabo por el Ejecutivo central supondrá un recorte que sería de 105 hm³ de agua respecto a las 290hm³ que reciben de esta cuenca las tres comunidades afectadas. En concreto, ha cuantificado que la modificación afectaría a 25.000 hectáreas de cultivo y a 15.000 empleos directos en Andalucía por decisiones basadas en "informes no científicos, sino por un capricho político" que "perjudicará" especialmente a la España "más seca", ha advertido.

Según la consejera, el cambio de postura del Gobierno ha venido motivado por un pacto con el ejecutivo socialista de Castilla-La Mancha que implica "acabar" con la solidaridad en el reparto del agua del trasvase Tajo-Segura. "Hemos negociado hasta la extenuación e intentado aportar soluciones, pero el acuerdo no ha sido posible, de ahí que presentemos las alegaciones para cambiar la posición del Gobierno", ha lamentado.

Page apela al "sentido común"

De hecho, este martes el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha subrayado que España necesita aplicar "el sentido común" en materia de agua y ha subrayado que "por primera vez" Castilla-La Mancha "está dando la vuelta" al problema del agua.

En este sentido, ha apuntado que las sentencias que ha ganado la comunidad autónoma en el Tribunal Supremo "están obligando a cambiar la política hidrológica" y ha incidido en que "hemos tenido que defender los intereses en el Supremo" y convencer no con argumentos políticos "sino legales y razonables" porque, ante todo, el cambio climático y la situación que vive el Tajo es algo "muy serio".

García-Page ha rechazado considerar como caudal del río el agua que sale de las depuradoras y ha defendido que España necesita aplicar "el sentido común" en este asunto y alcanzar "un gran acuerdo" sobre cómo gestionar un agua que ya hoy es escasa.