INVESTIGACIÓN

Un conflicto laboral destapa “irregularidades” en los contratos de material militar de España con Arabia Saudí y Emiratos Árabes

Everis AEDE vendió morteros a Riad, con el visto bueno del Ejecutivo de Mariano Rajoy, pese a las resoluciones en contra del Parlamento Europeo

Las polémicas operaciones comerciales, realizadas en 2017, contaron con el visto bueno del Gobierno de Mariano Rajoy.

Las polémicas operaciones comerciales, realizadas en 2017, contaron con el visto bueno del Gobierno de Mariano Rajoy. / EPE

La numerosa documentación y datos entregados en un juzgado, a raíz de un conflicto laboral sobre unos hechos ocurridos en 2020 en una gran compañía ligada al área de defensa, han destapado “irregularidades” y “transferencias potencialmente sospechosas” en contratos de venta de armamento a Emiratos Árabes y Arabia Saudí. La empresa aludida es Everis, una consultora española filial del gigante de telecomunicaciones japonés NTT Data.

La venta de morteros y municiones por parte de la empresa del citado grupo Everis, presidido por Eduardo Serra, exministro de Defensa de José María Aznar, se llevó a cabo pese a que desde 2016 diversas resoluciones del Parlamento Europeo y de Naciones Unidas instaron a no vender armas a Arabia Saudí por su implicación en la matanza de población civil en la Guerra de Yemen, que comenzó en 2014 y continúa en la actualidad.

Estas operaciones comerciales, realizadas en 2017, contaron con el visto bueno del Gobierno de Mariano Rajoy a través de la Secretaría de Estado de Comercio, órgano encargado de autorizar las ventas de armas al exterior. Las licencias se otorgan previo informe de una Junta Interministerial cuyas resoluciones son secretas y que, en este caso, no puso reticencias al negocio con los países árabes.

Todos estos datos se han podido conocer en el contexto de un conflicto laboral entre la empresa matriz del grupo Everis y la cúpula directiva de 'Everis Aeroespacial y Defensa' (Everis AEDE), cúpula que trató de vender la compañía que dirigía a un socio inversor español - tal y como por otro lado venía requiriendo el Ministerio de Defensa y el CNI dentro de un proceso abierto por el interés estratégico para ‘españolizar’ la compañía- y que, según esos directivos, no gustó nada al grupo presidido por Serra por entender que se pretendía entregar 'Everis AEDE' directamente a la competencia en España.

EL ORIGEN DE LA DISPUTA LEGAL

De hecho, tres juzgados de lo Social de Madrid están dirimiendo, desde 2020 a la actualidad, la disputa legal entre la empresa matriz y los directivos de Everis AEDE -ahora conocida como NTT España-, que acabaron siendo despedidos. Tanto una como otros aportaron a los procedimientos diferentes informes y declaraciones que, más allá de para servir para aclarar el conflicto laboral que se juzgaba, evidencian además presuntas irregularidades en los contratos sobre armamento.

El origen de esta disputa laboral está ligada con el envío de un e-mail, fechado el 18 de diciembre de 2019, por parte del jefe de departamento de Estrategia Internacional del gigante japonés NTT Data Corporation, en el que conminaba a su filial española, el grupo Everis, a evitar tratar con “productos/servicios cuasi armamentísticos”, en referencia a la venta de morteros Alakran a Arabia Saudí.

Un día después, el consejero delegado de Everis Spain le respondió que el actual equipo directivo estaba “absolutamente de acuerdo con no tratar con este tipo de productos”. Sin embargo, ese sentir no era generalizado. En la cúpula directiva de la filial armamentística, Everis AEDE -la empresa del Grupo Everis que Defensa y el CNI tenían interés en 'españolizar'- no gustó nada la nueva estrategia marcada desde Japón.

De hecho, su consejero delegado remitió un correo electrónico el 13 de febrero de 2020 a la casa madre española advirtiendo de que ese veto acarrearía consecuencias: tendrían que reducir los costes ese mismo año un 50%, disolver el equipo directivo y despedir a “100 personas, con el coste de indemnizaciones y de reputación que conllevaría”.

Según los documentos aportados a las causas judiciales, a los que ha tenido acceso EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, el negocio armamentístico en ese momento era muy lucrativo en España: alrededor de 100 millones de euros en 2017, aunque el beneficio neto en la venta de armas a Arabia Saudí para Everis y su participada fue de 15 millones.

En este mismo e-mail de febrero de 2020, antes citado, el consejero delegado sacaba además a colación que ya estaba en marcha un plan de búsqueda de un socio español para Everis AEDE, apuntando que ya se habían “identificado a algunas empresas que podrían estar interesadas, con el apoyo del Gobierno de España, en presentar una propuesta o apoyar al equipo directivo para presentar una propuesta para comprar Everis AEDE”. “La oferta de compra podría ser suficiente para incluir 12 millones de efectivo, y así pagar la deuda con el Ministerio de Economía, un millón para pagar a Santander Brasil y 12-15 millones de efectivo adicional”, apuntaba literalmente el máximo dirigente de la empresa que se pretendía 'españolizar'.

EL PLAN DESATA UNA GUERRA

El caso es que, precisamente tras el mensaje enviado desde Japón sobre el interés en terminar con el negocio armamentístico y pocos días después del e-mail en el que el consejero delegado de Everis AEDE avisaba a sus superiores de las consecuencias, se concretó el plan para intentar separarse del grupo matriz al que pertenecían: una decena de directivos de Everis AEDE presentó una carta de intenciones (“Letter of intentions”) no vinculante para la adquisición de todo el capital social de esa empresa y de sus participadas. Según datos de la matriz, la filial de defensa en España tenía un valor estimado en 2017 de entre 208,2 y 253,6 millones.

Con el uso de la "letter of intentions", estos cargos se valieron de una prerrogativa que tenían en su contrato para poder presentar ellos mismos una propuesta de compra de la compañía por un 70% de su valor. La cúpula de Everis AEDE tenía todo atado, ya que solo dos días antes habían firmado un MOU (acuerdo para la adquisición de la empresa) con Amper para obtener así financiación y poder efectuar una compra de semejante calado económico. Pero se da la circunstancia de que este grupo empresarial, Amper, es competencia directa de Everis, según la empresa de Serra. Y todo el proceso desató una guerra entre las partes que terminó en los juzgados.

EXMINISTRO MORENÉS

En el momento del intento de esta llamativa operación, otro exministro de Defensa del PP -en este caso en el Gobierno de Mariano Rajoy-, Pedro Morenés, era el presidente de una de las filiales de Amper. Morenés asumiría meses más tarde de este intento de absorción de AEDE la presidencia de todo el grupo en el que trabajaba.

La detallada maniobra de los citados directivos de Everis AEDE para hacerse ellos mismos con su empresa pero con la financiación de Amper (efectuada presuntamente a espaldas del presidente de la compañía, Eduardo Serra, y de la matriz japonesa), provocó que se les suspendiera inmediatamente de empleo y sueldo por incumplir, supuestamente, el acuerdo de confidencialidad.

La tecnológica japonesa NTT Data justificó los despidos al considerar que estos altos cargos facilitaron a Amper (la competencia) datos internos de la compañía durante su acercamiento. El conflicto laboral terminó en un juzgado. Hubo intercambio de versiones y de numerosa documentación para justificar las posiciones de cada cual.

Por su parte, los afectados, esto es, los exmiembros del consejo de administración de Everis AEDE, declararon en el curso del procedimiento judicial por sus despidos que “la necesidad y oportunidad” de realizar esta operación de venta, la que hipotéticamente ellos pretendían hacer, venía siendo requerida desde el Ministerio español de Defensa desde al menos 2017, llegándose a contratar en 2018 a una empresa asesora, Ernst &Young, para realizar una valoración de la compañía con ese fin.

En todo caso, la jueza de lo social, tras escuchar a unos y a otros, no consideró probada la acusación de la matriz nipona. De hecho, varios de los directivos despedidos lograron cuantiosas indemnizaciones, aunque las decisiones judiciales adoptadas eran recurribles y en algunos casos han llegado al Tribunal Supremo.

LAS DERIVADAS DEL JUICIO

Este conflicto laboral dejó tras de sí un reguero de potentes informaciones. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha realizado una investigación en base a los diferentes autos que tratan de dirimir si la fórmula del despido de los ejecutivos de Everis se ajusta a la ley. A partir de los datos e informes que encierran esas resoluciones, este diario desgranará, en los próximos días, el funcionamiento interno de algunas de las empresas armamentísticas de nuestro país, así como las presuntas irregularidades detectadas por consultoras e informes forenses independientes, además de llamativas puertas giratorias que existen entre los altos estamentos del Ejército y la política y las citadas proveedoras del sector armamentístico.

También quedará en evidencia, en próximas entregas de esta investigación, la actuación de los sucesivos Gobiernos sobre el sector de fabricación y venta de armas. Así queda reflejado, por ejemplo, en una carta de febrero de 2020 del director general de Armamento y Material del Ministerio de Defensa a la japonesa NTT y a las filiales españolas de Everis, donde recomendaba la participación de un socio industrial español lo antes posible.

De los autos incluidos en las disputas laborales también se desprende que se habrían activado irregularmente facturas y costes de personal en algunos proyectos y se alerta de posibles agujeros contables en contratos con terceros países.

Tanto Everis Spain, que ahora se denomina NTT Data Spain, como los directivos expulsados no han querido contestar a las reiteradas preguntas de esta redacción, tanto por escrito como de forma oral, al mismo tiempo que tampoco han accedido a contar su versión de los hechos.