PROPUESTA DE PSOE Y UP

El Congreso se plantea restringir la venta de material policial al exterior

La Comisión de Defensa del Congreso debatirá este martes las propuestas de los grupos parlamentarios para reforzar las garantías y verificación de las operaciones de venta de armas de doble uso a terceros países

Un grupo de Policías antidisturbios ante los trabajadores del sector del metal que se manifiestan ese martes a la puerta de la factoría de Navantia de Cádiz.

Un grupo de Policías antidisturbios ante los trabajadores del sector del metal que se manifiestan ese martes a la puerta de la factoría de Navantia de Cádiz. / EFE/Román Ríos

Ángel Alonso Giménez

Como todos los años, por regla general a mediados de noviembre, la Comisión de Defensa del Congreso se dispone a configurar un dictamen para mejorar los mecanismos de control de venta de armas de doble uso, es decir, los productos que pueden servir tanto para una finalidad militar como para una civil, incluido el ámbito nuclear. Lo harán este martes.

Para ello, toman como base el informe anual que al respecto hace la Secretaría de Estado de Comercio. Los datos en los que se fundamentarán las recomendaciones y propuestas de los grupos parlamentarios datan de 2021. La invasión de Rusia a Ucrania se produjo en febrero de este año; es un matiz a tener en cuenta.

El informe es público, se puede ver en internet. Dice que al cabo del año pasado, las exportaciones efectuadas se acercaron a los 3.291 millones de euros, algo menos que el ejercicio anterior. La disminución fue del 9,1%. La cifra es la más baja desde 2014.

El grueso de las ventas lo absorben los países que forman la OTAN, entre los que destaca Francia, a la que se vendió material por más de 654 millones. Sobresalen también las ventas a Gran Bretaña, de unos 528 millones. No por cantidades tan abultadas, sino sencillamente por figurar en la tabla, llaman la atención los casos de Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos, con los que se efectuaron operaciones de 109 y 73 millones, respectivamente, que tampoco están mal. Vender material a estos dos Estados no gusta nada ni a Unidas Podemos, ni a ERC ni a EH Bildu.

Además, durante 2021, España cerró operaciones con Argelia, Azerbaiyán, Egipto, Israel, Marruecos, Turquía, etcétera. Un aspecto que salta a la vista es que no todos los países a los que las empresas españolas venden armamento de doble uso se caracterizan por un escrupuloso respeto a los derechos humanos o a la legalidad internacional.

Investigar a Casa Real

El grupo que más propuestas de resolución ha registrado es ERC, y son de lo más variopintas. Los diputados que dirige Gabriel Rufián piden, por ejemplo, cambiar la ley de transparencia para que en los límites de acceso a determinada información pública no influyan intereses empresariales.

Su empeño por sacar del “secreto” las operaciones de venta de material de defensa de sobre uso le lleva a solicitar el desbloqueo de la ley de secretos. No especifica a cuál de las pendientes se refiere. Está, por un lado, la del PNV, abandonada en el Congreso desde que comenzó la legislatura. Está, por otro, el anteproyecto del Gobierno sobre información clasificada, en espera de la segunda vuelta por el Consejo de Ministros y del envío al Parlamento.

Entre las más notables, sobre todo porque se desmarca en parte del territorio al que se refiere el dictamen, está la exigencia de acabar con “la obstaculización” de las comisiones de investigación sobre prácticas de Casa Real, en concreto aquellas que pudieran favorecer a empresas armamentísticas.

Además, aborda una cuestión de actualidad: la reducción del presupuesto del Ministerio de Defensa destinado a la compra de armamento en un 40%. El volumen del gasto militar fue motivo de controversia entre los socios de Gobierno, y de estos con sus aliados parlamentarios habituales, que no aceptan el aumento previsto en el proyecto presupuestario de 2023 a pesar de que no compute en el techo de gasto.

Propuestas comunes de la izquierda

Unidas Podemos, ERC y EH Bildu tienen algunas propuestas en común. Una de ellas solicita la revocación del acuerdo del Consejo de Ministros que declara “secretas” las actas de la Junta Interministerial para el Comercio y Control del Material de Defensa y Tecnologías de Doble Uso (JINDDU).

Abogan por “suspender” operaciones con una serie de países, como los del Sahel, Egipto, Israel, Irak o Turquía. Sobre todo con Emiratos Árabes y con Arabia Saudí, cuyas operaciones, además, piden conocer. Para ello, piden la desclasificación de los informes de evaluación que avalan dichas ventas.  

Con trasfondo político, quieren estas formaciones que durante la Presidencia española de la UE, lo que ocurrirá durante la segunda mitad del año que viene, el Gobierno de Pedro Sánchez busque la armonización de medidas que incidan en un mayor control del uso final de las exportaciones de dicho material. Igualmente, plantean la redacción de una Ley de Diligencia Debida de empresas, lo que consiste en obligar a las compañías a adoptar cuantas prevenciones sean necesarias para evitar, con sus operaciones, vulneraciones de derechos humanos y medioambientales.

Material antidisturbios de la policía

A tenor de las propuestas de resolución presentadas por los grupos, también por PSOE y por PP, una de las que a priori tiene visos de incorporarse al dictamen del Congreso es la mejora de los procesos de evaluación del riesgo de operaciones de envío de material antidisturbios, o de uso policial en general, a policías extranjeras, especialmente si en su historial constan actuaciones contrarias al respeto de los derechos humanos. Unidas Podemos, EH Bildu y ERC citan países como Chile, Túnez, Perú o República Democrática del Congo. Socialistas y populares no mencionan terceros.

Que los dos principales grupos parlamentarios aboguen por la mejora de la evaluación de estas operaciones anticipa un alto grado de consenso.

El respeto a los derechos humanos, y en general los intentos de estrechar el control sobre este material para que los Estados compradores no se desvíen del uso inicialmente comprometido, es leitmotiv en la mayoría de los grupos parlamentarios. La legislación española ya cuenta con un mecanismo de verificación expost, si bien el Congreso se planteará reforzarlo. Una propuesta de Unidas Podemos podría suscitar tal extremo: plantea una modificación del real decreto 494/2020, el que regula la verificación, para añadir garantías de que las autoridades importadoras no terminarán vulnerando el derecho humanitario.

El PSOE, relacionado con esto, propone una modificación de la ley 53/2007 con el objetivo de “evitar la exportación de material de defensa de doble uso a zonas en conflictividad o con altos índices de violencia armada”, no sea que acabe en operaciones “contrarias al respeto debido y a la dignidad inherente al ser humano”, bien por “represión interna” o por “violaciones de los derechos humanos”.