PROPUESTAS DE LA COMISIÓN DE DEFENSA

El Congreso pide más transparencia en la venta de armas a través de una nueva Ley de Secretos

  • Por consenso, la Cámara ha ultimado el dictamen con las propuestas destinadas a mejorar el informe anual que hace la Secretaría de Estado de Comercio sobre las exportaciones de armas y tecnologías de doble uso

  • Una de las principales es iniciar la elaboración de un anteproyecto para una nueva Ley de Secretos Oficiales e incorporar en ella un modelo que añada transparencia a la venta de armamento

  • Más rigor en el modelo de verificación 'ex post' (control de los países que compran el material y del uso que le dan) y mayor accesibilidad del Congreso a toda la información al respecto son otras peticiones

Ejercicios del Grupo de Combate del Batallón de la OTAN en el campo de entrenamiento de Orzysz, Polonia.

Ejercicios del Grupo de Combate del Batallón de la OTAN en el campo de entrenamiento de Orzysz, Polonia. / EFE

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En 2020, año de pandemia, año de batacazo económico, España exportó 3.622 millones de euros en materia del defensa. A pesar de la caída respecto al año anterior, cuando se sobrepasaron los 4.000 millones, está claro que la industria armamentística nacional goza de buena salud. El dato provisional de 2021, año de recuperación, lo avala. EL PERIÓDICO DE ESPAÑA avanzó este miércoles que al cabo del primer semestre la cuantía fue de 1.634 millones, un 30% más que durante el mismo periodo del ejercicio precedente.

Entre los países que compran material de defensa a España están algunos aliados fiables y otros que no lo son tanto. Por ejemplo, Arabia Saudí. Por ejemplo, Irak. El primero compró más de 48 millones en pistolas de tiro deportivo (eso señala el informe de la Secretaría de Estado de Comercio), granadas o en vigilancia de fronteras, entre otros equipamientos. El segundo se gastó más de 800.000 euros en "bombas de aviación". Sí, bombas. Es lo que indica el informe mencionado, que está en Internet y puede verlo todo el mundo.

Determinados grupos parlamentarios sospechan o no se fían de que todo se haga limpiamente y con respeto a los derechos humanos. Unidas Podemos registró una proposición no de ley a primeros de año (es una petición de alcance político, sin repercusiones legislativas) que se debatió y votó en comisión semanas después. Pidió que las armas que se vendan no acaben siendo utilizadas en la guerra que asuela Yemen. La apoyaron PP, Cs, ERC y EH Bildu. Salió adelante.

El PSOE, en cambio, votó en contra. Lo hizo no porque quisiera ocultar nada, cuentan fuentes de este grupo consultadas para esta información, sino porque sostienen que el modelo actual garantiza (si no al 100%, al menos al 90%) que las armas o el material de defensa que se vende no termina en las manos equivocadas. España es uno de los países con más control de ello por la legislación aprobada, que obliga a adoptar precauciones extremas, sino además por una novedad impulsada en 2020: la verificación 'ex post'.

GRAFCAN4495. La ministra de Defensa, Margarita Robles, visitó este domingo la isla de La Palma, en donde se reunió con el comité del Pevolca, habló con vecinos afectados por la erupción y tuvo la oportunidad de ver el volcán desde el mirador de Tajuya. EFE/ Elvira Urquijo A.

/ EFE

Con todo, el Congreso quiere ir más allá. La Comisión de Defensa, en cumplimiento del artículo 16.3 de una ley de 2007 sobre el control del comercio exterior del armamento, aprobó un dictamen a mediados de noviembre con más de 60 propuestas validadas por la mayoría parlamentaria, al que ha accedido EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Propuestas que persiguen mejorar ese control, y además, la transparencia. En este propósito se enmarca la petición de una nueva Ley de Secretos Oficiales.

Las "materias clasificadas"

Desde hace años, sobre todo a instancias del PNV, el debate político gira a veces alrededor de la conveniencia de cambiar la ley de secretos oficiales, que data de 1968. Obsoleta es poco. El Ministerio de Defensa y el Partido Nacionalista Vasco llevan meses intercambiando propuestas, aunque no precisamente con fluidez, sino entre vaivenes. El grupo que en el Congreso dirige Aitor Esteban logró que el pleno apoyara la toma en consideración de una propuesta hace ya casi dos años. Esta iniciativa está durmiendo en el limbo parlamentario de las ampliaciones de enmiendas desde marzo de 2020.

Aunque no se refiere expresamente a la necesidad de dar más transparencia a la venta de armamento, el PNV aboga por una modificación de la exposición de motivos que, a su vez, promueve una revisión del concepto de "materia clasificada", incluido su tiempo de vigencia: 25 años para "materias calificadas secretas" y diez para "las calificadas reservadas", a no ser que el Consejo de Ministros, de manera "excepcional y motivada" y sólo para las primeras, disponga una prórroga de diez años. De cuajar el planteamiento del PNV, cuestiones troncales de la Transición, sobre todo el Golpe de Estado de 1981, serían accesibles. Ahora mismo no lo son.

Aitor Esteban, portavoz del PNV en el Congreso, presenta el acuerdo alcanzando con el Gobierno central para que sea el Ejecutivo vasco el responsable de las obras del tren de alta velocidad a Bilbao y Vitoria.

/ EUROPA PRESS/IÑAKI BERASALUCE

Pero éste es otro debate, aunque relacionado. Desde hace tiempo, diversos grupos, entre ellos Unidas Podemos, quieren que en la ley de secretos oficiales se regule la venta de armas. La Comisión de Defensa del Congreso, en el último dictamen que ha hecho, en línea con otros anteriores, solicita al Gobierno que continúe "avanzando en la transparencia en el comercio de armas mediante la aprobación de una nueva Ley de Secretos Oficiales que garantice que toda restricción del derecho de acceso a la información cumpla los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad".

En cómo se articularán estos tres principios estará la clave, pues son los que delimitan el campo de acción: no podrá vulnerarse ningún derecho, y sobre todo, no podrá ponerse en riesgo la seguridad jurídica de los actores implicados, es decir, Estados y empresas.


/ epe

Falta concreción, sin duda, pero es un paso adelante, una puerta abierta. Una propuesta que, como cualidad fundamental, tiene el respaldo del PSOE, del PP y de Unidas Podemos. Organizaciones como Amnistía Internacional llevan tiempo haciendo un planteamiento similar. Las empresas del sector, sin embargo, según puntualizan fuentes parlamentarias, oponen reticencias. Para su éxito competitivo, resulta esencial mantener en secreto la venta de ciertos componentes. "Dicen que es dar ventaja al rival empresarial", apuntan las fuentes. Los grupos, conocedoras de la suspicacia, se proponen buscar fórmulas que satisfagan a las partes. Con todo, queda pendiente lo más importante: que el Gobierno se avenga a hacer una nueva Ley de Secretos.

Otras exigencias del Congreso: la verificación 'ex post'

En abril de 2020, el Gobierno aprobó un real decreto con el fin de reforzar el control de la exportación del armamento nacional, para lo que diseñó un mecanismo de "verificación de destino". Esto supone, según explica el Ejecutivo en la exposición de motivos, "el previo conocimiento de los gobiernos, destinatarios y usuarios finales de la mercancía". Para que se entienda mejor: saber a quién va el material antes de autorizar la salida del material. Un apunte: el material al que se aplica es, generalmente, munición o "material letal", en palabras de una fuente consultada.

Tal y como consta en el decreto, el Gobierno controlará el uso de este armamento a través de un nuevo documento en el quedarán enumeradas las operaciones a las que irán a parar, lo que el Estado comprador deberá adjuntar. Ahora bien, "el empleo de este documento debe preservar la seguridad jurídica de las empresas implicadas en la transacción" y adecuarse a la transparencia regulada, que se garantizará mediante los preceptivos procesos de audiencia e información pública.

Toda esta documentación estará acompañada por un “certificado de último destino de control ex post”, firmado por las autoridades del país comprador. Así lo denomina el decreto. En él se incluye una posibilidad que quizá habría que convertir en obligación: "el compromiso de no utilización del producto fuera del territorio del país importador". Incorpora asimismo "una cláusula de verificación en destino del producto exportado, en las operaciones en las que así se decida".

El proceso lo supervisará la Junta Interministerial Reguladora del Comercio Exterior de Material de Defensa y de Doble Uso (JIMDDU), que se reúne una vez al mes, salvo en agosto. Están representados en este órgano los ministerios de Asuntos Exteriores, Defensa, Industria, Hacienda e Interior, ya que a dicha Junta incumbe también la exportación de material policial.

Vista aérea del hemiciclo del Congreso de los Diputados

/ Europa Press/Marta Fernández Jara

La Comisión de Defensa ha redoblado sus exigencias respecto de este mecanismo, tal y como consta en el dictamen. Así, cara al informe sobre las estadísticas de exportación de 2021, que en unos meses presentará la Secretaría de Estado de Comercio, piden una referencia al "número de operaciones y países a los que se ha exigido el nuevo certificado de último destino" y una profundización "en detalle" acerca de la "eficacia real y efectiva" de la verificación, sobre todo cuando los destinatarios sean países que, recalcan los firmantes, susciten "sensibilidad". Si el producto también es sensible, el Congreso insiste: más detalle. Valga el ejemplo del principio de esta información: los 800.000 euros que Irak pagó para tener "bombas de aviación".

Entre esa mayor pormenorización, estaría la reseña de "las inspecciones llevadas a cabo por las autoridades españolas sobre el destino final del material exportado en los países objeto de la verificación", y además, las inspecciones que no hayan podido hacerse porque el país que compra no lo permite. Esto resultaría fundamental. En este contexto cabe remarcar otra propuesta del dictamen: "Suspender las transferencias que puedan utilizarse en Yemen para cometer crímenes de guerra".

Una fuente parlamentaria que ha contribuido decisivamente a la redacción del dictamen se detiene, en conversación con EL PERIÓDICO DE ESPAÑA, en la trascendencia de este mecanismo de verificación, primero porque consigue "una trazabilidad sostenida en el tiempo" del producto: desde el exportador hasta el "usuario real", argumenta. Segundo, porque permite ganar capacidad de detección de los "usos no deseados o de los tráficos ilícitos" de la mercancía. Y tercero, en el que más satisfacción deposita, que es un sistema que los países del entorno están analizando con atención para imitarlo. Estados Unidos, Alemania, Suiza cuentan con él y muchos otros han mostrado interés en copiarlo e implantarlo.

Datos de 2020

El último informe completo sobre las exportaciones de material y tecnologías de doble uso es el de 2020. En él, además del dato global, unos 3.622 millones de euros, se incluyen una serie de referencias interesantes. La primera es una aclaración.

El documento no concierne a todo lo que se exporta, lo que asciende hasta más de 26.500 millones de euros. La diferencia radica en las operaciones de cooperación llevadas a cabo en el seno de la UE o de la OTAN que no comparten el ámbito de análisis, entre ellas un sistema de protección de misiles llevado a cabo en un proyecto conjunto con Francia, Alemania y Reino Unido (8.000 millones) o el desarrollo de equipamiento de aviones de transporte en un plan suscrito con Alemania, Francia, Reino Unido, Bélgica y Luxemburgo (7.500 millones).

De las operaciones que se analizan, de ese total de 3.600 millones, los principales mercados son los países que forman la OTAN, ya que se exportó material por valor de 2.556 millones. Fuera del marco UE y OTAN, destacan las operaciones con Australia (256 millones), Singapur (179), Brasil (51,6) y Arabia Saudí (48,3). Pero en este listado aparecen países como Marruecos, Túnez, Argelia, Turquía, Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Omán o Bangladesh.








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