El CGPJ se enroca en su bloqueo tras el freno del TC a la reforma exprés del gobierno

El dicho "dos no discuten si uno no quiere" debería empezar a decirse en España "dos no acuerdan si uno quiere". Representaría bastante bien lo que se está viviendo en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), y, en concreto, en el pleno de este martes, forzado por el núcleo duro de los vocales elegidos a propuesta del PP, para designar a los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden. El principal problema del fracaso de la reunión es que ellos quieren elegir a los dos magistrados haciendo caso omiso a la propuesta que hacen sus compañeros elegidos a propuesta del PSOE.

Los dos candidatos que proponían los vocales conservadores obtuvieron 10 votos cada uno, lo que supone que este sector votó en bloque, pero tampoco se llegó en este caso a la mayoría de tres quintos necesaria para que resultaran elegidos. Se trataba a del magistrado del alto tribunal Pablo Lucas, como progresista, y del presidente de la Sala Primera del Supremo, César Tolosa, como conservador. De esta forma se cumpliría la tradición de que el Consejo eligiera a un magistrado de cada sensibilidad en la renovación del Constitucional que le toca.

Este mismo martes por la mañana los vocales de sensibilidad progresista habían registrado como candidato al tribunal de garantías al magistrado del Tribunal Supremo que llevan respaldando desde septiembre, José Manuel Bandrés, como ya habían anunciado desde que comenzaron en septiembre las negociaciones entre los dos bloques que conforman el órgano de gobierno de los jueces. En la votación del pleno obtuvo solo los siete votos de los vocales elegidos en su día a propuesta del PSOE, un sector que perdió un apoyo tras la lógica abstención de Enrique Lucas, hermano de Pablo.

Por otra parte, la tensión vivida este lunes el el Tribunal Constitucional (TC), que concluyó con una decisión inédita que paraliza un trámite parlamentario con unas consecuencias institucionales aún desconocidas, se ha trasladado tan sólo un día después al Pleno del Consejo.

FRACASAN EN APARTAR A LA ESPOSA DE CONDE-PUMPIDO

Desde el inicio, la reunión se enredó después de que cuatro vocales conservadores solicitaran la abstención de un miembro del sector progresista, la magistrada del Tribunal Supremo Clara Martínez de Careaga, si bien esta posibilidad acabó fracasando. La petición de apartar a Martínez de Careaga tiene que ver con el hecho de que sea la esposa del magistrado del sector progresista del Tribunal Constitucional Cándido Conde-Pumpido. 

Los proponentes -los vocales Carmen Llombart, José Marías Macías, José Antonio Ballestero y Gerardo Martínez Tristán- defendieron que su imparcialidad podría verse comprometida por su situación familiar a la hora de votar un nuevo magistrado para el órgano que integra su marido, que opta a la presidencia del mismo. Esta conclusión no fue compartida más que por un miembro más del Pleno, por lo que al ser minoritaria ni siquiera se sometió a votación, según las mismas fuentes.

MANIOBRA Y VOTO PARTICULAR

Los vocales que defendieron esta cuestión, a los que se sumó únicamente María Ángeles Carmona, suscriben un voto particular en el que reconocer que de haber cumplido Martínez de Careaga lo que ellos consideran que era su "deber legal de abstención", sus dos candidatos hubieran podido ser designados. Esto es porque, al no contar con su voto ni el de Enrique Lucas, la mayoría necesaria para que su propuesta hubiera salido adelante se habría reducido de once a diez votos, que son con los que ya contaban.

En dicho voto, estos fiscales abundan en que el Pleno se constituyó indebidamente con la participación de Martínez de Careaga. "Es notorio que la vocal está casada con el magistrado del Tribunal Constitucional Cándido Conde Pumpido, que es un candidato posible para ser nombrado, entre otros, presidente del Tribunal Constitucional -añaden- .La vocal Clara Martínez de Careaga no puede participar en el nombramiento de la persona que puede decidir que su marido sea nombrado, o no, presidente del Tribunal Constitucional y quinta autoridad del Estado".

La petición de estos vocales conservadores, en todo caso, contrasta con lo ocurrido ayer en el Tribunal Constitucional, donde dos magistrados -el presidente, Pedro García-Trevijano, y Antonio Narváez-, que habían sido recusados por el PSOE y Unidas Podemos por entender que estaban personalmente afectados por la reforma legislativa exprés que se estaba analizando, rechazaron abandonar el Pleno cuando se votó esta cuestión. Su voto fue determinante para rechazar de plano la posibilidad de que fueran apartados mientras se dirime si los políticos que los propusieron están legitimados para ello.

Volviendo al Consejo del Poder Judicial, lo que no se había producido nunca al menos de forma tan nítida es que el sector mayoritario quiera hacer todas las designaciones sin ponerse de acuerdo con el resto del Pleno, aunque para que los nombramientos puedan salir adelante haga falta una mayoría de tres quintos, proporción que la reforma paralizada por el Tribunal Constitucional este lunes quería reducir para facilitar las designaciones. El otro cambio en la norma en suspenso cautelarmente es que el tribunal de garantías no tenga que dar el visto bueno a los designados por el Gobierno.