El CGPJ decide sobre sus nombramientos para el TC con la reforma ya paralizada en el Senado

La decisión inédita adoptada tras una deliberación de más de nueve horas en el Tribunal Constitucional incidirá previsiblemente en lo que ocurra este martes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que tiene previsto iniciar a las 17.00 horas un Pleno extraordinario para designar a los dos magistrados del órgano de garantías que les corresponde, algo pendiente desde el pasado mes de junio.

El Constitucional ha abortado, por el momento, la reforma penal que iba dirigida precisamente a superar el bloqueo político y acelerar su propia renovación. Esta reforma se introdujo mediante dos enmiendas en la reforma penal que esta semana se iba a debatir en el Senado y que afectaba a dos normas completamente diferentes: la Ley Orgánica del Poder Judicial para reducir la mayoría necesaria para que el CGPJ haga sus nombramientos; y la que regula al propio Constitucional para suprimir el trámite de plácet que debe dar el órgano a los nuevos magistrados antes de que tomen posesión.

Pero el Constitucional ha dado la razón al los diputados del PP al entender que sus alegaciones sobre una posible vulneración de su derecho a ejercicio del cargo (artículo 23.2 de la Constitución), en relación con el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos por medio de sus representantes, "no carece prima facie de verosimilitud". La reforma se paraliza mientras se resuelve sobre el fondo.

De no hacer caso ahora a los de Núñez Feijóo y permitir la votación de la reforma este jueves en el Senado, se cometería un perjuicio difícil de reparar, considera el tribunal de garantías. Los cinco magistrados progresistas que han votado en contra -Juan Antonio Xiol Ríos, Cándido Conde-Pumpido, Ramón Sáez, María Luisa Balaguer Callejón e Inmaculada Montalbán-, formularán un voto particular contrario a la decisión de la mayoría.

¿HABRÁ CAMBIO DE RITMO EN EL CGPJ?

Una vez conocida la decisión del Tribunal Constitucional, la renovación pendiente de este órgano vuelve al tejado del Consejo del Poder Judicial. La cuestión es que el Pleno extraordinario en el órgano de gobierno de los jueces se convocó a petición de los ocho vocales conservadores del Consejo que curiosamente venían bloqueando la renovación, pero que tras conocer los planes del Gobierno buscaron acelerar el trámite para eludir sus planes de reforma. Ahora, quizá ya no tengan tanta prisa y opten por seguir con su posición de bloqueo, una posición que se conocerá a lo largo de este martes.

Con la reforma paralizada en el Senado, el Consejo vuelve a la casilla de salida, y no se modificará la exigencia de consenso entre ambos bloques para alcanzar los once apoyos mínimos que precisan los aspirantes al TC para ser elegidos. Los progresistas siguen apostando por José Manuel Bandrés, mientras que los conservadores quieren convencerles de que renuncien a este candidato y opten por el también progresista Pablo Lucas, mientras apuestan como segundo magistrado por el conservador César Tolosa.

Por lo que se refiere a lo ocurrido en el Constitucional, se trata de un hecho sin precedentes en democracia, pues supone la paralización de un trámite legislativo sin siquiera haber escuchado a los grupos políticos que lo impulsaron, tal y como había solicitado el PP en su recurso ante este órgano. El órgano quedó fuertemente dividido en dos bloques al ser apoyada la decisión por los seis magistrados conservadores frente a los cinco considerados progresistas.

SESIÓN MARATONIANA Y UN VIAJE EN COCHE A LAS CÁMARAS

La sesión fue maratoniana, empezó a las diez de la mañana y, tras un breve receso a mediodía y otro más largo para comer, concluyó pasadas las diez de la noche con un viaje en coche del secretario de justicia del Pleno, Alfonso Pérez Camino, hacia el Senado y el Congreso de los Diputados, donde entregó personalmente la decisión de los magistrados.

Ayer se tomaron por los magistrados varias decisiones, la primera, ratificar que fuera el Pleno -de mayoría conservadora- el encargado de dirimir este asunto en vez de la Sala de seis magistrados a la que había correspondido inicialmente. Esta Sala presentaba un empate de tres frente a tres, si bien su presidente, que es a su vez el vicepresidente del Tribunal, Juan Antonio Xiol, aceptó su avocación al Pleno. En este punto el bloque progresista se fracturó, pues Xiol votó con los conservadores.

El resto de decisiones evidenciaron los bloques. Se votó seis frente a cinco tanto la admisión a trámite del recurso como el rechazo de las recusaciones que tanto Podemos como el PSOE habían presentado contra el presidente, Pedro González-Tevijano, y otro magistrado conservador, Antonio Narváez, al considerarles afectados personalmente por la decisión. Sin embargo, ninguno de ellos se ausentó cuando se trató este asunto, y votaron con la mayoría en contra de apartarse por entender que el momento no era el oportuno, desde el punto de vista procesal, para discutir el alcance de la decisión.

Esta postura salió adelante, también con seis votos frente a cinco, a pesar de que constaban las recusaciones presentadas por los partidos políticos que sustentan el Gobierno. De hecho, desde el viernes han llegado al Constitucional hasta 19 escritos de diputados y senadores de ambas formaciones solicitando ser escuchados y en favor de las recusaciones. También se recibió una ampliación del recurso del PP para extender su petición de paralización de la tramitación del Congreso al Senado y un recurso nuevo de Vox. Sin embargo, ninguna de estas alegaciones fue escuchada, y finalmente se decidió un paralización sin precedentes "inaudita parte".