El Gobierno ultima una nueva ofensiva social para tapar cuanto antes el desgaste por la malversación

El pasado martes, en la tradicional rueda de prensa posterior a la reunión de la Junta de Portavoces del Congreso, el portavoz del PSOE, Patxi López, lanzó una frase que tiene su enjundia: “Prefiero aprobar –la reforma de los delitos de sedición y malversación– el 22 de diciembre y empezar a dedicarme a otras cosas, por ejemplo a lo que le interesa más a la gente. Esto –la sedición y la malversación– es bueno para la concordia. Es la conclusión de toda una política que se ha hecho en Cataluña, pero entendería que la gente diga ‘ya vale’. Nosotros seguimos con un Gobierno de la gente y haciendo políticas para la ciudadanía”.

López está afrontando el peor trago desde que es portavoz, formalmente desde el pasado mes de septiembre. Tal y como publicó este medio, la preocupación en las filas socialistas es conocida, pero apenas está habiendo manifestaciones públicas que las muestren. Las voces discordantes son las esperadas. Ahora bien, López, quien no defendió la proposición de ley que reforma el Código Penal y que, vía enmiendas, cambia las leyes del poder judicial y del Tribunal Constitucional, sabe que es un asunto espinoso, que sí, que hay que abordarlo, solucionarlo, pero también que el desgaste por ello existe.

En su respuesta convergen dos directrices políticas firmemente asentadas en el Gobierno y en el presidente, Pedro Sánchez. Las dice él y las dicen los ministros y cargos socialistas en cuanto tienen ocasión, es decir, todos los días. 

Una es que hay que acabar la legislatura con una Cataluña de atmósfera distinta a la que había cuando empezó. En otoño de 2019, a raíz de la sentencia del Tribunal Supremo que condenó a los dirigentes políticas encausados por el ‘procés’, las calles ardieron y la crispación se enardeció. El otoño de 2022 es otra cosa, y para el Gobierno, es así porque se están adoptando medidas en favor de la convivencia.

La otra es la apuesta por el escudo social, por la aplicación de políticas que ayudan a resistir la crisis económica que ha provocado la guerra de Ucrania. Ya se han desplegado varias. Hay unos cuantos decretos con medidas como la rebaja del precio del litro de combustible, la gratuidad del transporte público en determinadas distancias, aumentos de cuantías de becas, incrementos en pensiones, subidas salariales para los empleados públicos, la excepción ibérica… Pero quedan.

Entre ambas, sin embargo, existe la constatación de que la ejecución de la primera torpedea la segunda, y por tanto, en el PSOE la pregunta es: ¿los beneficios electorales que la primera genere en Cataluña compensará el desgaste en las demás? 

Tanto la certeza como la pregunta han angustiado a las filas socialistas, cuyos diputados han pasado una mala semana. Comenzó con la derrota en la votación de su enmienda sobre la autorización judicial para que los menores cambien de sexo, dentro de la ley trans. Avanzó regular porque se concretó la reforma del Código Penal, y derivado de ello, se desató la batalla argumental de la derecha, que cristaliza en dos mensajes: “un Código Penal a la carta” de mandatarios como Oriol Junqueras y “el abaratamiento de la corrupción”. Y ha terminado como un campo quemado porque al bronco debate sobre esa proposición de ley se unió su confusión respecto de la ley de bienestar animal; de hecho, la norma puede que no cuaje.

La ofensiva social

Fuentes parlamentarias han informado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que la reactivación de la ley de vivienda está “bien encarada” tras las numerosas reuniones discretas que han celebrado cargos socialistas con representantes de ERC y EH Bildu. Para que empiece a divisarse una salida tras casi un año de bloqueo, la dirección del grupo del PSOE ha diseñado dos fases: sujeción de socios clave y sujeción de formaciones minoritarias. 

Aunque Unidas Podemos, según apuntan las fuentes, no está participando en las conversaciones de este mes de diciembre, su dirección es informada de los avances. Los ha habido. Las fuentes no concretan cuáles. Dejan claro que son insuficientes y que hay que seguir hablando. Ya no dará tiempo a la recuperación de la ley antes de final de año. Pero sí quieren los partidos del Gobierno que dé tiempo nada más iniciarse 2023. Empieza a hablarse de la convocatoria de sesiones extraordinarias de la comisión parlamentaria durante enero. Febrero y marzo, ya en periodo ordinario de sesiones, serían los meses previstos para culminar la tarea.

La derogación de la ‘ley mordaza’ ve la luz al final del túnel. Al igual que con la nueva regulación de las políticas de vivienda, los grupos principales del llamado bloque de la investidura se han estado reuniendo fuera de los focos. El PNV anunció este viernes que en breve se reanudaría la ponencia parlamentaria creada en el seno de la Comisión de Interior. Los nacionalistas vascos mencionan que ha habido “avances suficientes” al cabo de una treintena de reuniones. Así es, corroboran otras fuentes consultadas. Fuentes que también piden prudencia. 

Las fuentes inciden en que se han producido progresos en dos cuestiones que enfrentaban a los grupos progresistas. Por un lado, en la progresividad de las penas, de manera que las multas tengan en cuenta la capacidad adquisitiva del sancionado; por otro, la regulación de procesos de arbitraje. Continúan las tiranteces sobre el uso policial de las bolas de goma. Los flancos que deben cerrarse están ahí, sin sellarse, pero la distancia política ha disminuido. Este trámite llevaba congelado un año.

A finales de año, el Consejo de Ministros previsiblemente apruebe un decreto con nuevas medidas del llamado escudo social, así como las prórrogas de algunas ya en funcionamiento. Tendrá que convocarse en el Congreso un pleno a primeros de febrero, si no uno extraordinario antes, para que se convalide o se derogue. La sesión permitirá al Gobierno un debate más sobre su apuesta por la protección de los sectores sociales más vulnerables. La contención de los precios de los alimentos, cuya espiral inflacionista se ha catapultado por encima del 15%, y la subida del SMI son dos frentes en los que está trabajando el Gobierno, en particular el Ministerio de Trabajo.

En el listado de nuevas leyes o nuevos preceptos legislativos que fortifiquen el escudo social estarán las ayudas para el pago de las hipotecas y líneas de prestaciones a familias vulnerables. Relacionado con esto, las fuentes citan la Ley de Familias aprobada este pasado martes en el Consejo de Ministros.

El calendario electoral

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También hay prisa por desplegar la ofensiva legislativo-social, pero no tanta como la que ha habido en este trepidante final de año. La ley con los nuevos gravámenes a la banca, energéticas y el impuesto a las grandes fortunas; la ley trans y la reforma del Código Penal son los tres ejemplos más claros, ya que en cada caso los plazos entre ponencia, comisión y pleno se han comprimido al máximo. No hará falta con la ley de vivienda o con la nueva de seguridad, la que sustituirá a la ‘ley mordaza’.

Pero las fuentes no dudan en recalcar que la motivación para efectuar este rápido y ambicioso despliegue tiene que ver con la necesidad de “tapar” cuanto antes el desgaste sufrido por los cambios en sedición y en malversación y por la contienda política, contienda exacerbada, que ello ha suscitado. Y tiene que ver, además, con la preferencia de llegar con una vitola al periodo electoral de mayo, mes de comicios autonómicos y municipales. La vitola la sintetizó Patxi López el martes pasado, en rueda de prensa: el Gobierno de “lo que le interesa más a la gente”.