REFORMA DEL DELITO DE SEDICIÓN
El PP prepara una batalla por el "alivio" a los corruptos: "Es impropio de una democracia"
El PP cree que será "imposible" controlar la afectación a los condenados por corrupción si se rebaja el delito de malversación
En el entorno de Feijóo afirman que retocar ese delito para beneficiar a los independentistas "sería totalmente impropio de una democracia"
La dirección entiende que le pasará mucha factura a los socialistas

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en el Congreso este 6 de diciembre. /
El PP está a la espera de la enmienda que previsiblemente ERC registrará para cambiar el delito de malversación tal y como figura en este momento en el Código Penal para beneficiar a los políticos independentistas catalanes que fueron condenados también por ese delito. El presidente del Gobierno, que nunca ha descartado el apoyo de su partido a esa posibilidad dejando la pelota en el tejado de los republicanos catalanes, dio un paso más este Día de la Constitución en el Congreso de los Diputados, al reiterar que dejaba esa puerta abierta “siempre que no se retroceda en la lucha contra la corrupción”.
Las noticias de ese corrillo llegaban a los principales dirigentes del PP casi en directo. También a Alberto Núñez Feijóo, que por primera vez asistió al acto en calidad de líder de la oposición. Fuentes del entorno del presidente aseguraron que si esa enmienda termina viendo la luz (algo que genera pocas dudas ya en el seno de Génova), “sería totalmente impropio de una democracia” y acreditará el poder de ERC sobre el Ejecutivo. “Rufián se confirma como el principal penalista de este Gobierno”, insisten en la cúpula conservadora.
La creencia generalizada dentro del PP es que esta decisión “pasará mucha factura” al Partido Socialista a seis meses de las elecciones autonómicas y municipales. En Génova aseguran que será “imposible” modificar la malversación sin que eso repercuta en condenas por corrupción, y creen que ese mensaje será “indigerible” para la mayoría de la población.
En realidad, a pesar de que Sánchez y otros ministros, como el de la Presidencia, Félix Bolaños, aseguraron en los corrillos que no permitirán que afecte a penas de corrupción, otros miembros del Ejecutivo reconocieron las dificultades de esa reforma. En el Ministerio de Justicia reconocen que “tocar el Código Penal es muy complicado” y no negaron que separar ambas cuestiones será muy difícil. Aun así, el asunto está siendo coordinado desde el departamento de Bolaños.
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