Sánchez agradece a los bancos su "esfuerzo" tras la críticas de Yolanda Díaz

En el constante ejercicio de equilibrio en el que se sustenta el Gobierno, el ministro al que ha tenido que socorrer el presidente este miércoles ha sido Nadia Calviño. La vicepresidenta primera ha logrado un pacto con los bancos para aliviar a los ciudadanos con una hipoteca a interés variable de la carga añadida de la subida del euríbor. Pero ese acuerdo ha sido criticado por insuficiente por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y por la otra pata del bloque morado, la ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra. Tanto porque lo consideran de poco alcance como porque reclaman a los bancos un compromiso mayor.

En su comparecencia con el primer ministro de Rumanía, Nicolae-Ionel Ciucâ, en Castellón, donde se ha celebrado la cumbre hispano-rumana, Pedro Sánchez dio todo su aval a Calviño y defendió, además, "el esfuerzo que están haciendo las entidades financieras". Igual que les exigimos una ayuda adicional con el nuevo impuesto a la banca, que el Congreso aprobará mañana, hay que reconocer ahora su contribución, dijo el presidente.

El Gobierno y los bancos extienden finalmente la protección de los hogares hipotecados a la clase media

El acuerdo suscrito con las patronales bancarias y el Banco de España permite facilitar la amortización anticipada de los créditos y la conversión de las hipotecas a tipo fijo y ofrece intereses más bajos. En principio como adelantó EL PERIÓDICO, del mismo grupo, Prensa Ibérica, que este diario, sólo se había planteado para la reestructuración de créditos de clientes vulnerables pero finalmente se ha ampliado a "familias de clase media" en riesgo de vulnerabilidad.

Aún así no ha tenido el visto bueno de Unidas Podemos. Desde el bloque socialista se ha destacado que es un avance de todo el Gobierno pero para Díaz es "sustancialmente mejorable". Belarra, que es además secretaria general de Podemos, ya anunciado que seguirán "proponiendo medidas más ambiciosas y obligatorias para la banca" que permitan apoyar a "todas las familias".

Pero, frente a estos reproches, el presidente aseguró que el consenso alcanzado con la banca es "muy buena noticia" porque, destacó, "va a proteger a más de un millón de hogares en nuestro país". "Esa es la gran diferencia entre lo que ocurría en otras crisis y ahora. Cuando gobernaban otros se rescataban bancos hoy le pedimos a los bancos que echen una mano a los ciudadanos que lo están pasando peor".

También sobre las críticas de sus compañeras de Gabinete se pronunció la propia Calviño. Explicó que la congelación de las hipotecas de tipo variable durante un año, como pide Unidas Podemos, puede "sonar muy bien", pero sería "injusto" para quienes tienen una hipoteca de tipo fijo y dañaría "innecesariamente" la estabilidad financiera y los balances de los bancos, según informa Europa Press.

NAVARRA Y BILDU: "CUMPLIR LA CONSTITUCIÓN"

El presidente del Gobierno respondió también en esta comparecencia a los duras acusaciones de los partidos del centro derecha, tras el el acuerdo con Bildu por el que se transferirán a Navarra las competencias de Tráfico y obliga a la Guardia Civil a abandonar la comunidad foral, y sostuvo que lo que hace el Ejecutivo es "cumplir con la Constitución y desarrollar los estatutos de autonomía".

"Yo entiendo que la oposición, a ver cómo lo digo, le gustaría que España se rompiera y se hundiera". Pero, mantuvo, lo que sucede es lo contrario, porque la economía está creciendo por encima de la media de la Unión Europea y creando empleo a pesar de las "circunstancias muy difíciles". Cuando España estuvo a punto de romperse , añadió, fue en 2017, en la crisis catalana con un Gobierno del PP y lo que estamos haciendo ahora "es superar ese trauma a base de convivencia, de exigir lógicamente el cumplimiento de la Constitución y dar pasos a la distensión eh política en un territorio tan importante para nuestro país como es Cataluña".

Justo este jueves también se aprueba en el Congreso la reforma del Código Penal para eliminar el delito de sedición, por el que se condenó a los líderes del 'procés', y sustituirlo por uno de "desórdenes públicos agravados", dentro de un pacto alcanzado entre el Ejecutivo y la Generalitat.