El sector conservador del CGPJ se abre a consensuar la renovación del TC, pero exige sus tiempos

El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) rebaja el tono. Pese a una inicial resistencia a cumplir con la última reforma legal auspiciada por el Gobierno para lograr renovar el Tribunal Constitucional -logrando así un vuelco de este órgano hacia posiciones mayoritariamente progresistas-, ocho vocales pertenecientes a este grupo pactaron a última hora de este martes abrirse a pactos para poder elegir a los dos magistrados del órgano de garantías que les corresponde por cuota, si bien exigen sus tiempos.

"Después de un intenso debate, hemos concluido que nuestra postura pasa por defender en todo caso la institucionalidad, y que ello impone que lleguemos a acuerdos debidamente consensuados", señalan fuentes de este sector a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA. Añaden que, para llegar a esos consensos, es necesario establecer, como primer paso, las reglas de juego, "y una vez establecidas, se generará el marco adecuado en el que resulta fundamental que se respeten los tiempos de decisión del Consejo".

RESPUESTA CONTUNDENTE AL GOBIERNO

La postura alcanzada no deja de ser una fuerte contestación al Gobierno, cuya reforma impone que los nombramientos se realicen antes del próximo 13 de septiembre, una fecha que no tendrá por qué ser respetada en base al acuerdo adoptado por este grupo. Los vocales conservadores exigirán además el establecimiento de unas "bases del procedimiento de nombramiento" al presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, que lleva exhortando al consenso desde que la reforma de la Ley Orgánica del PoderJudicial (LOPJ) vio la luz en el Parlamento a finales del pasado mes de julio.

Ya entonces, desde sectores conservadores se advirtió de que las exigencias del Gobierno no habían gustado en el órgano de gobierno de los jueces, pues suponían de facto una excepción a la prohibición que este órgano tiene de hacer nombramientos en la cúpula judicial mientras se encuentre en funciones, algo que ocurre desde hace más de 1.300 días precisamente por la falta de capacidad del PSOE y el PP para llegar a un acuerdo de renovación de los vocales.

"La reforma es vinculante en lo concerniente al procedimiento, pero no puede serlo en su resultado porque lo que no puede es comprometer la esencia en la toma de decisiones discrecionales de un órgano colegiado, autónomo y de plural composición, según recoge la Constitución", señalaron entonces dichas fuentes, en lo que parece ser una postura que ha cristalizado a tan sólo dos días de celebrarse el Pleno convocado por Lesmes este jueves para cumplir con la reforma.

En la reunión de este martes no estuvo Wenceslao Olea, que es también magistrado del Tribunal Supremo, y que era uno de los vocales más cercanos a Lesmes y, en principio, proclive a rechazar posturas "de rebeldía" contrarias a realizar los nombramientos a los que obliga la ley.

Desde el sector progresista se señala que este miércoles, --aún coincidiendo con el acto formal de Apertura del Año Judicial, que preside el rey-- se seguirán celebrando reuniones para tratar de dar con una propuesta de candidatos que obtenga el apoyo de doce vocales exigida para tener éxito. Este grupo ha trasladado al presidente Lesmes que no puede haber vetos de los conservadores a sus candidatos porque son juristas cualificados.

En las quinielas que se barajan estos días se situán candidatos progresistas como los magistrados del Tribunal Supremo Pablo Lucas Murillo, Eduardo Espín, José Manuel Bandrés, Pilar Teso o Ángeles Huet, mientras que por parte conservadora, y tras la 'espantada' de pesos pesados como Manuel Marchena, Antonio del Moral, Pablo Llarena o Ignacio Camacho, se baraja proponer figuras como las del ya retirado Rafael Fernández Valverde o la actual presidenta de la Sala de lo Social, María Luisa Segoviano, próxima a la jubilación.