Ayuso pone fecha a la batalla judicial por el decreto energético del Gobierno en solitario

El Gobierno madrileño de Isabel Díaz Ayuso ha puesta fecha, el mes de septiembre, a su anunciado recurso ante el Tribunal Constitucional contra el plan del Gobierno para el ahorro energético, un paso que el ejecutivo andaluz de Juanma Moreno descarta seguir y que siguen estudiando otras comunidades del PP.

Precisamente el día que el Congreso de los Diputados ha dado luz verde al real decreto ley sobre medidas de ahorro energético, que el PP de Alberto Núñez Feijóo no ha apoyado, aunque no lo recurrirá como sí hará Vox, el consejero madrileño de Presidencia, Enrique López, anunció que el recurso se presentará en septiembre, una vez se conozca cuál será su contenido final tras ser tramitado como proyecto de ley.

Cuando el Gobierno de la Comunidad de Madrid anunció hace semanas que recurriría este plan por "invasión de competencias propias", otras comunidades gobernadas por el PP señalaron que se daban un tiempo para constatar ese conflicto competencial y, en consecuencia, decidían también impugnarlo.

La Junta de Andalucía, que a principios de mes se dio tres meses de plazo para que sus servicios jurídicos estudiarán la norma, ha comunicado este jueves que no va a plantear "batallas judiciales" contra el decreto de ahorro energético del Gobierno.

En concreto, el consejero andaluz de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, Ramón Fernández Pacheco, ha dicho en una entrevista en Canal Sur Radio que este es un asunto en el que no quieren "confrontar ni presentar batalla judicial, sino adoptar medidas que funcionen para solucionar un problema que les preocupa".

El resto de gobiernos autonómicos del PP, también contrarios al contenido del real decreto y críticos con el Gobierno de Pedro Sánchez por la ausencia de un diálogo previo con las comunidades, guardan silencio por el momento después de haber señalado hace un mes que acudirían al Constitucional si sus servicios jurídicos verificaban una invasión de competencias.

Solo la Junta de Castilla y León, por boca de su portavoz, Carlos Fernández Carriedo, indicó hace unos días que los servicios jurídicos de la comunidad todavía analizan las posibilidades de presentar el recurso ante el Constitucional.