Ayuso se impone y arrastra al PP a la rebelión frente al plan de ahorro energético

El Partido Popular se empeñó en escenificar que no hay fisuras ni matices en su oposición total frente al real decreto ley de ahorro energético que el Gobierno, avisa, tiene que entrar en vigor mañana miércoles. El rechazo es unánime y las posiciones estuvieron consensuadas alineando a todas las comunidades populares en el frentismo al plan y el no rotundo al capítulo de ahorro. Todas las comunidades populares llevaban el mismo argumentario: denuncian una invasión de sus competencias, exigen que no haya imposiciones ni sanciones, que se anule el capítulo uno del título cinco del real decreto -es decir, el referido a las medidas de ahorro energético-, que se empiece desde cero con diálogo con las comunidades y el sector y se posponga su entrada en vigor.

El ala dura de Madrid e Isabel Díaz Ayuso ha ganado sin duda la partida dentro del PP frente a posiciones más moderadas como las de Juan Manuel Moreno, que ha hecho bandera de la lucha contra el cambio climático con su autoproclamada "revolución verde" para Andalucía.

El Gobierno convocó, tras la batalla política liderada por Ayuso, primero una reunión técnica de menor rango que debía celebrarse este martes y que finalmente fue anulada y sustituida por una Conferencia Sectorial con todas las comunidades, presidida por la vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, junto a la ministra de Industria, Reyes Maroto. La cita no concilió los ánimos de un PP que vuelve a su modelo más duro de confrontación que ya se vio durante algunas fases de la pandemia, en las que la presidenta de Madrid llevó la voz cantante y fijó la oposición más beligerante contra todas las restricciones por el covid.

En el aire el cumplimiento

El Gobierno, arrastrado por el ruido y ante el temor a la erosión con la opinión pública, accedió a abrir el diálogo, pero sin cesiones, no admitió modificaciones ni retrasos en la aplicación del decreto. Como ocurrió con el decreto de medidas anticrisis, el Ejecutivo insiste en que ya habló con la oposición en el Congreso y con las comunidades en una Conferencia Sectorial el 28 de julio, mientras que las autonomías aseguran que no se les comunicaron las medidas ni el contenido del decreto y solo se les invitó a hacer propuestas.

Tres presidentes del PP, el de Andalucía, Castilla y León y Galicia, fueron recibidos en Moncloa por Pedro Sánchez días antes de la aprobación del real decreto ley y a ninguno, aseguran, se les comunicó nada sobre este plan cuyo cumplimiento deben vigilar las comunidades, que son las encargadas de la inspección y las sanciones.

Fue la presidenta madrileña la que marcó el paso la misma noche del pasado lunes 1 de agosto, apenas minutos después de que el Consejo de Ministros aprobara el plan de medidas con toda una declaración de guerra bajo el lema de “Madrid no se apaga”. Al día siguiente, comunidades como Andalucía dejaron claro que la norma era de obligado cumplimiento, rechazaron el boicot y pidieron tiempo para estudiar la letra pequeña o buscar consenso, mientras que desde Génova trataban de suavizar o tapar disonancias en las posiciones de sus comunidades autónomas. Con el precedente, además, de que días antes el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, había pedido públicamente limitar la temperatura controlando aire acondicionado y calefacción en los edificios públicos como medida de ahorro. El PP insistió en que en ningún caso habló de comercios o de restricciones al alumbrado.

Ayuso marca el paso

En una semana, Ayuso ha arrastrado al PP a las posiciones más duras contra el real decreto ley, al que también se han opuesto País Vasco o Cataluña. La única corrección a la guerra inicial es que ninguna autonomía expresa abiertamente su negativa a la entrada en vigor de las medidas, como sí hizo Ayuso y después rectificó. El boicot sería inconstitucional y las comunidades incurrirían en una vulneración grave. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, fue rotunda al hablar de “insumisión” y aludir indirectamente al ‘procés’ catalán.

El Gobierno de Madrid ya ha avanzado que recurrirá la norma al Tribunal Constitucional por invasión de competencias, en concreto por las ligadas al comercio. Desde Andalucía, insistieron en que “esa decisión aún no está tomada” y “no hay prisa porque hay un margen legal de tres meses para presentar el recurso si así se decide”. La batalla política está garantizada, pero la judicial no parece tan decidida por el resto de comunidades.

Fue el consejero andaluz de Política Industrial y Energía de Andalucía, Jorge Paradela, quien fijó la posición de las comunidades del PP en un receso de la Conferencia Sectorial de este martes. Paradela, uno de los fichajes ‘independientes’ del Gobierno de Juan Manuel Moreno recién incorporado desde la empresa privada, se ciñó con exactitud a las posiciones que ya había avanzado Madrid y su presidenta. Todas las comunidades del PP de forma previa, admitió, habían consensuado sus posturas y trabajaron en esa línea este domingo.

Los gobiernos del PP no ponen sobre la mesa alternativas concretas al plan de Bruselas aunque fuentes del Gobierno andaluz aseguraron que Paradela llevará a la reunión del Consejo de Gobierno andaluz un informe sobre alternativas de ahorro energético. La oposición es por invasión de competencias y por falta de consenso con el sector, aunque insisten en que sí apoyan “sin fisuras” que hay que reducir el consumo de energía.  "Andalucía apuesta por el desarrollo de las fuentes renovables con más infraestructuras para la evacuación de energías limpias y las comunidades exigen que haya incentivos con los fondos Next Generation que premien el ahorro en lugar de multas", explican.

Sin multas y con incentivos

En su comparecencia, Paradela, que estuvo acompañado de los consejeros de Turismo y Empleo y Comercio, reclamó que no haya medidas coercitivas ni punitivas, que las multas se cambien por incentivos y que el Gobierno español haga con las comunidades como la Unión Europea, que no impone nada a los estados miembros y les deja elaborar sus propios planes. El Consejo de la UE acordó reducir la demanda de gas en un 15% y ahorrar energía en invierno para prepararse ante el corte de suministro desde Rusia. Aunque todos los países se comprometieron a adoptar medidas, Bruselas dio margen y fijó exenciones, en el caso de España el compromiso es del 7%. El Reglamento del Consejo prevé la posibilidad de activar una “alerta de la Unión” que haría obligatoria la reducción de la demanda.

“La UE plantea un plazo hasta el 31 de marzo para estas medidas de ahorro y el Gobierno opta por el 31 de octubre y establece un régimen sancionador excesivamente punitivo. Nos hubiera gustado que nos dejaran ejercer nuestras competencias. Un proceso consultivo, dialogado, que acordáramos cuanto había que ahorrar y cómo, y que cada comunidad eligiera, adaptándose a su economía”, reivindicó el consejero andaluz.

El PP afinó su coreografía en la puesta en escena. Desde el partido fue el vicesecretario de Organización, Miguel Tellado, quien insistió en la exigencia expresada por Feijóo un día antes de que el presidente Pedro Sánchez “suspenda sus vacaciones” para convocar una Conferencia de Presidentes y consensuar el plan de ahorro energético. El PP acusa al Gobierno de “improvisación” y generar inseguridad e incertidumbre con la norma.