El Gobierno se niega a retirar el plan de ahorro energético como le exige el PP

El Gobierno descarta retirar el plan de ahorro energético como plantea el Partido Popular. A la petición de Andalucía, Galicia, Madrid, Murcia y Castilla y León, todas comunidades populares, de retirar el plan de ahorro que obliga a apagar la luz de edificios públicos por la noche y limita la climatización de los establecimientos (19 grados en invierno y 27 en verano), el Gobierno dice no, según ha avanzado la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, al término de la reunión con los consejeros autonómicos para aclarar dudas sobre un plan con el que España prevé disminuir su consumo de gas "más de la mitad" del 7% acordado con Bruselas. 

"Es más sencillo y más adecuado reducir (la demanda de gas) cuando es posible y en aquellos ambientes en los que es más fácil antes de encontrarnos con una situación que pudiera llegar a ser más complicada para las familias y para la industria y evidentemente más perjudicial para los Estados europeos más directamente afectados por el chantaje energético de Putin", ha dicho Ribera al término de la reunión en la que estuvo acompañada por la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y la secretaria de Estado de Energía, Sara Aagesen.

La vicepresidenta ha añadido que ninguno de los consejeros han planteado propuestas alternativas y que el encuentro se ha desarrollado en un "tono cordial", muy diferente al mediático. "Ninguno ha dicho expresamente que no vaya a cumplir el plan", ha asegurado Ribera, quien ha agregado que los representantes se han comprometido a presentar sus planteamientos concretos antes del 31 de agosto para con ellas elaborar el plan de contingencia, que incluirá el grueso de las medidas para cumplir con ese 7% acordado con la Comisión Europea. "Todos han destacado su voluntad de aportar y contribuir", ha añadido la vicepresidenta.

Tampoco ha descartado la convocatoria de una conferencia de presidentes, como pide también el Partido Popular. "Eso no me corresponde a mi", ha contestado Ribera. Lo cierto es que desde hace una semana se ha producido una auténtica tormenta política que ha ido 'in crescendo' después de que el mismo día en que el Gobierno aprobó su decreto ley la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se negase a cumplir. 

El viernes pasado se anunció una reunión para este martes con representantes con rango de director general, en la que iba a participar el director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Groizard. Ayuso exigió el sábado al Ejecutivo que se reuniera con los consejeros autonómicos para abordar el plan de energético, en un encuentro de mayor nivel que el "técnico" convocado inicialmente y finalmente así ha sido con la celebración de una conferencia sectorial extraordinaria este sábado con la presencia de la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera.

La posición del PP

En un receso de la reunión, el consejero de Industria y Energía de la Junta de Andalucía, Jorge Paradela, ha informado de esta posición común de las regiones gobernadas por el PP y ha manifestado que, si no se retira ese capítulo, no apoyarán el decreto.

Ha explicado que piden al Gobierno "acordar el qué pero que deje actuar a las comunidades autónomas en el cómo" ejecutar el ahorro energético en virtud de sus competencias autonómicas y ha alegado además que la "Unión Europea no impone a los Estados un plan de ahorro de energía pero el Gobierno español sí lo impone a las regiones sin discutirlo ni negociarlo".

Dudas de Cataluña

Previamente, el secretario de Empresa y Competitividad de la Generalitat, Albert Castellanos, ha advertido de que existen imprecisiones en el decreto ley del plan de ahorro energético que generan "inseguridad jurídica" para los sectores afectados por las mismas.

Lo ha dicho una entrevista en Catalunya Ràdio este lunes recogida por Europa Press, antes de celebrarse la Conferencia Sectorial de Energía en la que el Gobierno analizará junto a los máximos responsables autonómicos en las áreas de Energía, Turismo y Comercio los detalles del real decreto-ley de medidas de sostenibilidad, ahorro y eficiencia energética aprobado el lunes pasado en Consejo de Ministros.

Castellanos ha remarcado que el Govern comparte los objetivos del Gobierno central contra la emergencia climática, pero no les "convence la forma en la que se ha aprobado el real decreto", porque ha tenido según él muy poco consenso y diálogo.

"No queda claro en el redactado qué medios hay para garantizar el cumplimiento, cuál es el régimen sancionador", ha defendido Castellanos, así como tampoco lo está a sus ojos el papel que tiene que adquirir la Generalitat en la aplicación de las medidas.

También ha defendido la necesidad de que el Gobierno destine recursos adicionales para su cumplimiento, porque lo que está haciendo es "gobernar a golpe de BOE, fijar muy rápido las obligaciones y no poner al lado las facilidades o los recursos para implementarlos de forma inmediata".

Preguntado por el hecho de que no vayan a asistir los consellers a la reunión, ha respondido que "la Generalitat estará muy bien representada" igualmente.