El PSOE se autoenmienda para evitar que el CGPJ eluda su obligación de nombrar a los magistrados del TC

Asegurar la renovación del Tribunal Constitucional (TC), y con ello la reversión de la actual mayoría en este órgano para lograr que sea progresista. Este es el objetivo que ha llevado al grupo parlamentario socialista a presentar a última hora de este miércoles una enmienda a su propia reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), dirigida a poner plazos al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que no pueda eludir su obligación de designar a los dos magistrados del órgano de garantías que les corresponde por cuota.

Según ha confirmado este medio y ha adelantado El Español, la enmienda persigue obligar al órgano de gobierno de los jueces a pactar antes del 13 de septiembre -tres meses después del final del mandato, que caducó el 12 de junio- el nombramiento de los dos magistrados que les corresponde, que previsiblemente serán uno de sensibilidad progresista y otro conservadora. Como los otros dos que hay pendientes de designar corresponden al Gobierno, los cambios permitirán conseguir un tribunal con una mayoría progresista de siete a cinco.

La modificación supone añadir un nuevo numeral en el apartado 1 del artículo 570 bis de la LOPJ que señale que "la propuesta de nombramiento, por mayoría de tres quintos, de los dos Magistrados del Tribunal Constitucional cuya designación corresponde al Consejo General del Poder Judicial, que tendrá que realizarse en el plazo máximo de tres meses a contar desde el día siguiente al vencimiento del mandato anterior", informa Juanma Romero.

El movimiento se ha producido apenas unas horas después de que el Gobierno obtuviera el apoyo mayoritario de sus socios para la reforma exprés de la ley que regula el órgano de Gobierno de los jueces, que tiene vetadas sus competencias en materia de nombramientos por estar en funciones desde marzo de 2021

PELIGRO DE FALTA DE CONSENSO

La enmienda busca forzar el consenso en el CGPJ, que será clave en el caso de que, en protesta por lo que consideran es una manipulación de este órgano por parte del Gobierno, un sector del CGPJ decida "bloquear" la dos designaciones que le corresponden para el Tribunal Constitucional.

Algunos de los vocales consultados por EL PERIÓDICO DE ESPAÑA no descartan que, como respuesta a los manejos del Gobierno, se haga difícil alcanzar los doce votos que se precisan para hacer cada uno de esos nombramientos de magistrados del TC. Y si no hay consenso, no hay renovación. "No creo que haya vocales que se nieguen a realizar estos nombramientos, no cumplir con sus competencias cuando se les restituyan, porque eso es anarquismo de salón, pero sí puede ocurrir que no se alcancen los doce apoyos", reconoce otro de los vocales consultados a este diario.

La toma en consideración de la proposición de ley, que ha obtenido 183 votos a favor, 153 en contra y 8 abstenciones , supone volver a reformar el artículo 570 bis de la Ley Órgánica del Poder Judicial (LOPJ), que ya fue tocado en marzo de 2021, igualmente por un procedimiento en lectura única, para restar competencias al órgano de gobienro de los jueces. 

DESOYEN A LOS JUECES

La aprobación prevista mañana de esta modificacion de la LOPJ supondrá desoir al propio CGPJ, que este lunes celebró un Pleno extraordinario que acordó reclamar al Congreso la recuperación de todas sus facultades para poder realizar nombramientos y así poder cubrir las vacantes que se están produciendo en el Supremo, cuya situación empieza a ser preocupante. 

El acuerdo adoptado por el CGPJ, que obtuvo 10 votos a favor, siete en contra y dos en blanco, también reclamaba que le dejen pronunciarse, a través de la redacción del correspondiente informe la reforma que se vota mañana. Por otro lado, el CGPJ rechazó acudir a Europa para denunciar a la UE el movimiento del Gobierno y se limitó a instar a la Cámara que la consulte con uno de sus órganos, la Comisión de Venecia.

La Comisión Europea hizo pública también este miércoles su recomendación en cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ):“Sigue siendo causa de preocupación que siga bloqueada desde diciembre de 2018". "España debe renovar este órgano judicial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso para adaptar el nombramiento de sus miembros, teniendo en cuenta las normas europeas”, añade el informe.