Bruselas insta de nuevo a España a renovar con carácter "prioritario” el CGPJ

La Comisión Europea lleva tres años evaluando el sistema judicial, los mecanismos de lucha contra la corrupción, la libertad de prensa y el pluralismo o los mecanismo de control en los Veintisiete países de la Unión Europea pero la conclusión y la recomendación en cuanto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) español es la misma: “Sigue siendo causa de preocupación que siga bloqueada desde diciembre de 2018". "España debe renovar este órgano judicial con carácter prioritario e iniciar, inmediatamente después de la renovación, un proceso para adaptar el nombramiento de sus miembros, teniendo en cuenta las normas europeas”, añade el informe. 

Es una de las principales conclusiones del tercer informe sobre el estado de derecho adoptado este miércoles por el Ejecutivo comunitario, que evalúa la situación desde el 1 de enero de 2021 e incluye por primera vez recomendaciones para identificar las lagunas existentes y redoblar la presión sobre los Estados miembros. Como ya hiciera el año pasado, Bruselas vuelve a dar un tirón de orejas a España y le insta a modificar de una vez por todas el sistema de nombramiento del CGPJ, para alinearlo con los estándares europeos, de forma que "no menos de la mitad de los jueces sean elegidos por sus pares". 

Además, aunque reconoce que ha habido cambios para mejorar y aumentar la transparencia en las relaciones entre el Gobierno y el Fiscal general -menciona por ejemplo el dictamen del comité de ética judicial sobre los deberes éticos de los jueces que se reincorporan a sus funciones judiciales después de haber ocupado un cargo político-, reprocha a España la coincidencia de los mandatos.

Sí considera, en cambio, que ha habido “progresos” en cuando a la digitalización de la justicia y la calidad de la misma -gracias por ejemplo a la aplicación de medidas para facilitar el acceso a las personas con discapacidad- y que España avanza por buen camino con la reforma del código procesal penal y la ley de derecho de defensa, pero todavía no ha conseguido resolver los problemas relacionados con los recursos del poder judicial y la duración de los procedimientos sigue siendo un reto.

Lucha contra la corrupción

En cuanto al balance sobre la lucha contra la corrupción, el análisis vuelve a estar rodeado de sombras. Aunque España estudia la adopción de un Plan Nacional de Lucha contra la Corrupción y han aumentado los recursos de la Fiscalía, "la investigación y el enjuiciamiento de la corrupción de alto nivel siguen siendo preocupantes, ya que los procedimientos siguen siendo largos y complejos”. También ha habido mejoras en cuanto a la prevención, gracias al desarrollo de un marco “sólido” de integridad para la Administración pública que incluye la prevención de conflictos de intereses y normas de incompatibilidad.

Y, aunque el Gobierno está ultimando un proyecto de Ley de Transparencia e Integridad de los Grupos de Interés y un proyecto de Ley de Prevención de Conflictos de Intereses en el Sector Público, debe “proseguir los esfuerzos para presentar la legislación sobre los grupos de presión, incluida la creación de un registro público obligatorio de grupos de presión” -estaba previsto para este año 2022- así como “abordar los retos relacionados con la duración de las investigaciones y los enjuiciamientos para aumentar la eficacia en la tramitación de los casos de corrupción de alto nivel”, recomienda el Ejecutivo en el informe dedicado a España.

Propiedad de los medios

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Aunque se ha aprobado una ley destinada a transponer la revisión de la Directiva de Servicios de Medios Audiovisuales de 2018 que incluirá nuevas disposiciones legales sobre la transparencia de la propiedad de los medios audiovisuales, Bruselas vuelve a lamentar -ya lo hizo en el informe del año pasado- que “siguen existiendo retos en relación a la transparencia de la propiedad de los medios escritos y la autonomía operativa y los recursos del regulador audiovisual. En este terreno, Bruselas insta a España a garantizar "recursos adecuados" para que la autoridad nacional reguladora de los medios de comunicación audiovisuales refuerce sus operaciones, teniendo en cuenta las normas europeas sobre la independencia de los reguladores de los medios de comunicación.

Sí ha habido avances en cuando a determinados órganos constitucionales importantes para el sistema de controles y equilibrios, como el Defensor del Pueblo europeo, que han visto cómo sus miembros eran nombrados por el Parlamento poniendo fin a importantes retrasos. También se están llevando a cabo iniciativas para aumentar la participación pública en la elaboración de políticas y reforzar la cooperación entre la administración pública y la sociedad civil pero la Comisión Europea considera que España debe reforzar el acceso a la información, particularmente mediante la revisión de la Ley de Secretos Oficiales.