El Congreso quiere negociar ya el nuevo decreto de la guerra tras semanas de silencio del Gobierno

“Las consecuencias de la guerra siguen ahí; por eso, vamos a prorrogar las medidas que protegen a las familias y a las empresas de nuestro país, y solicito formalmente el apoyo a todos los grupos de la Cámara”. La frase la pronunció el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado 8 de junio. Con ella se refirió a la aprobación de un nuevo decreto para extender la protección económica-social frente a los efectos de la invasión rusa, que no ha acabado, aunque parezca algo cada vez más lejano. 

A pesar de la apelación a los grupos del Congreso, cuatro fuentes de otras tantas direcciones parlamentarias señalan a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que no se ha producido desde entonces conversación alguna sobre el contenido y alcance del citado decreto. En consecuencia, el desconcierto, directamente malestar en algunos grupos, se ha hecho notorio. 

Pero con una formación existen los contactos, apuntan sus fuentes: es con EH Bildu, convertido precisamente desde la convalidación del primero de los decretos “anticrisis” en aliado esencial. Si la ley de los planes de pensiones sigue su curso en el Senado es por la formación abertzale.

Para las fuentes, es evidente que la campaña andaluza ha influido en ese mutismo, pero no comparten que lo haya podido justificar. Son dos planos desvinculados. La oposición no quiere que pase como siempre cuando se avecina un decreto-ley de envergadura: el Consejo de Ministros lo aprueba, lo pone en vigor y el Congreso lo convalida luego sin demasiado margen de negociación.

Negociar sin nada en la mesa

Sucedió así con el primer decreto. Lo lanzó el Consejo de Ministros el 29 de marzo y lo avaló el Parlamento el 28 de abril, dentro del plazo de 30 días que, como máximo, establece la Constitución. Durante ese mes, el camino de la negociación fue angosto. Durante aquellos días, diferentes grupos lamentaron el “paripé” al que los había llevado el Gobierno, pues reiteró las peticiones de respaldo tanto a la izquierda como a la derecha, sin apenas pulsar números de teléfono.

Que la voluntad de negociación podría ser, otra vez, una mascarada lo intuyeron varios portavoces cuando, antes de que el decreto aterrizase en el Consejo de Ministros, el ministro de Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se reunió con ellos, consecutivamente, desde el PP a ERC sin dejar de lado a los minoritarios. Contaba un diputado que estuvo presente en una de las reuniones de la ronda de contactos, que fue el ministro el que empezó el encuentro con la solicitud de propuestas que pudieran mejorar el texto. La fuente replicó que la idea, por lo que había barajado, consistía en que fuera el Ejecutivo el que pusiera encima de la mesa sus propuestas, y que sobre ellas se construyera el debate, y eventualmente, el futuro pacto. Terminó la reunión sin que intercambiaran una concreción.

El decreto “anticrisis” salió adelante en el Congreso por cuatro votos (176-172). El apoyo de los cinco diputados de EH Bildu resultó crucial, así como el de los cuatro del PDeCAT. Pero el PP lo rechazó, así como ERC, por lo que se complicó en exceso el tramo final del plazo constitucional de 30 días. Una de las críticas frecuentes de quienes intervinieron en el debate fue la duración de las medidas. La fecha de caducidad del 30 de junio resultó corta para la mayoría de los grupos de izquierdas, y así se lo transmitieron al Gobierno. El portavoz de ERC, Gabriel Rufián, pronosticó la prórroga antes de que llegara la fecha. Acertó.

El decreto es muy amplio. Leer la parte expositiva ya ocupa un buen rato. Consta de cuatro títulos, 51 artículos, 20 disposiciones adicionales, 8 transitorias, una derogatoria y 43 finales. Recorre territorios de lo más diverso, en particular el energético, que es, como una de las causas troncales de la alta inflación, el principal caballo de batalla del Gobierno. Ni siquiera la aplicación de la “excepción ibérica” para contener el precio de la luz ha servido de mucho, al menos hasta ahora, cuando la ola de calor de junio dijo adiós. Hay varias medidas dirigidas a ayudar a empresas y a familias. Las hay también para impulsar la descarbonización. Y para mitigar los efectos inflacionistas en el transporte. Aquí está el descuento de 20 céntimos por cada litro de gasolina que echamos en el depósito. Aquí radica el tope de los incrementos de los alquileres.

A finales de mayo, el presidente confirmó una información del diario “El País” sobre la prórroga de las medidas. Unos días más tarde, el 2 de junio, lo dijo en el Congreso, pues se reunió con diputados y senadoras del PSOE para inyectar ánimo en la moral de la bancada. Insistió en la ampliación del paraguas de protección del decreto y se dirigió particularmente al PP para que lo respaldara. Incurrió en una práctica, o tendencia, que los aliados de la investidura no terminan de entender. 

Porque las fuentes del sector progresista del Congreso, no pertenecientes a los grupos socialistas y de Unidas Podemos, no entienden esa obcecación con los populares. Sin duda que la adhesión de sus 88 escaños facilita enormemente la aprobación de decretos y proyectos legislativos, incluso los procesos que requieren la mayoría de tres quintos (210 diputados). Sin embargo, cuando la norma que la Cámara debe tramitar es de las consideradas prioritarias, en términos políticos, el coqueteo con el PP no gusta nada a la izquierda, empezando por el socio en el Gobierno, Unidas Podemos.

Sólo con EH Bildu

Ejemplos recientes se han dado: el mismo decreto anticrisis, la ley audiovisual o la del “sólo sí es sí”. Cuando el PSOE tanteó la pinza con el grupo de Cuca Gamarra, grupos como Unidas Podemos, ERC y EH Bildu amenazaron con descolgarse, ni más ni menos que la columna de izquierdas en la que los socialistas necesitan sujetarse.

Fue el pasado día 8 cuando Sánchez, en el debate del pleno sobre el Consejo europeo celebrado días antes y las relaciones con Marruecos, pidió el apoyo de todos los grupos, sin particularizar. La frase con la que se inicia esta información es la que lo ilustra.

Sin embargo, desde entonces, ni se ha sabido nada del decreto ni se han producido contactos, explican las fuentes de cuatro grupos. Fuentes de un quinto, sin embargo, afirman que no es su caso. EH Bildu, desde la negociación para salvar el decreto de los planes de pensiones, comenzó un viaje que le ha llevado a una interlocución permanente con la dirección socialista y con el Gobierno. Porque no sólo han logrado el aumento de las pensiones no contributivas en un 15%, sino que éste figure en el nuevo decreto anticrisis, que se alargue hasta diciembre y que en el proyecto presupuestario de 2023 se contemple su revalorización. Y hay más propuestas en revisión, añaden las fuentes, aunque no las concretan.

Pero las fuentes de los grupos de centroderecha indican que no han tenido llamada ni tanteo. Otras dos fuentes de la izquierda indican lo mismo. El lamento es común: “Van a volver a hacerlo; nos enteraremos del papel por la prensa y no nos quedará más remedio que leerlo y acaso plantear la tramitación como proyecto de ley”, sentencia un diputado. “Están desaparecidos”, puntualiza una parlamentaria.

“Espero que el resultado de las elecciones andaluzas enseñe algo al Gobierno: tiene que reforzar la mayoría progresista de la Cámara, y eso pasa por cuidar sus alianzas”, reflexiona una tercera fuente.