La Junta Electoral de Andalucía deniega a Podemos su entrada en la coalición para las elecciones autonómicas

La Junta Electoral de Andalucía deniega a Podemos su entrada formal en la coalición para las elecciones andaluzas. En una resolución conocida este sábado 7 de mayo, el organismo argumenta para denegarlo que los correos electrónicos con los que los morados solicitaron la entrada llegaron fuera de plazo.

En concreto, el documento recoge: "La Junta Electoral de Andalucía ha acordado no aceptar la solicitud de constitución de la coalición electoral Podemos Andalucía - Izquierda Unida Andalucía - Más País Andalucía - Verdes Equo - Alianza Verde - Iniciativa del pueblo andaluz: Por Andalucía remitida mediante correos electrónicos el 7 de mayo de 2022 (0:14 y 1:07 horas), al haberse presentado la solicitud una vez transcurrido el plazo establecido". La decisión de la Junta Electoral de Andalucía puede ser recurrida ante la Junta Electoral Central.

Podemos se une in extremis al pacto andaluz pero llega tarde a la firma y se queda fuera de la coalición

Las izquierdas andaluzas cerraron un acuerdo a última hora del viernes, al pocos minutos de que expirase el plazo legal para inscribir candidaturas y después de 48 horas de fuertes tensiones por la elección del candidato. Podemos aceptó in extremis acudir junto al resto de formaciones a las elecciones de Andalucía el 19 de junio con Inmaculada Nieto como candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía, renunciando así a su apuestas de situar al guardia civil Juan Antonio Delgado como cabeza de lista. Yolanda Díaz lograba así poner en marcha su apuesta por el entendimiento de distintas fuerzas en Andalucía, en línea con lo que buscará para su proyecto nacional.

Tan apurados fueron los plazos de la negociación a última hora de este viernes que el apoderado de Podemos no llegó a tiempo al registro para llevar el acuerdo definitivo firmado. A las 22.30 horas se cerró un documento con la coalición bajo la marca Por Andalucía donde venían las firmas de los partidos que a esa hora estaban dentro del pacto -IU, Más País, Equo e Iniciativa del Pueblo Andaluz-, a la espera de que sumara Podemos. Después de que este último se sumara, y en vista de que nadie del partido morado llegaba con el texto definitivo, el resto de partidos registraron el documento preexistente, de manera que en el acuerdo oficial presentado ante la Junta Electoral no figura Podemos. Los de Ione Belarra alegan que enviaron el formulario a las 23.57 a IU, a quien responsabilizan de haber registrado una coalición sin contar con ellos. Se da la circunstancia de que la coalición debía llevarse físicamente en papel con todas las formas, impidiendo así que se pudiera completar el proceso.

Minutos después de que cerrara el registro, apareció un representante del partido con la firma. Pero ya era tarde. Así las cosas, y después de que la Junta Electoral haya confirmado que Podemos no forma parte de la coalición, está por ver si el acuerdo político alcanzado se puede traducir en fórmulas alternativas para ir juntos a las urnas. Así, a la decisión desvelada por El Periódico de España ahora IU deberá presentar -este domingo como tarde- un recurso ante Junta Electoral Central, que deberá decidir si se admite la inclusión de Podemos. Según fuentes parlamentarias consultadas, el recurso tiene pocas probabilidades de éxito, al no tratarse de un error material sino al registro de un documento notablemente distinto al que se quiere ahora aplicar. De confirmarse este extremo, Podemos se quedaría formalmente dentro de la coalición. La solución no es sencilla.

Mientras algunos partidos implicados confían en que será subsanable, no parece tan claro a efectos jurídicos. Una de las fórmulas para concurrir juntos, en caso de no ser admitidos legalmente en la coalición, sería integrar a dirigentes de Podemos en las listas sin que el partido tenga presencia formal. Esta opción, si bien sirve de solución para mantener el reparto de representantes de los distintos partidos, sería difícilmente viable en términos económicos, puesto que impediría el reparto de los recursos entre las formaciones, y pondría a Podemos en serias dificultades para recibir ingresos provenientes del erario público, teniendo en cuenta que todos los partidos con representación deben pasar el examen del Tribunal de Cuentas.