JUNTO A LA LEY DE VIVIENDA

El Congreso se acerca a la etapa reina: la ley audiovisual es la que tiene más intereses en juego

  • La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso creará la ponencia para modificar el texto de la ley audiovisual en unas semanas

  • Antes acabará con el trámite de la ley de telecomunicaciones, cuya aprobación en la Cámara se prevé para el 28 de abril

  • Los diputados que han asumido la redacción de enmiendas han tenido numerosas reuniones con los sectores; hay muchos intereses en juego y mucha presión

El Congreso se acerca a la etapa reina: la ley audiovisual es la que tiene más intereses en juego
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Uno de los factores que más influyen en la percepción de que una ley es importante, por no decir muy importante, tiene que ver con el número de reuniones que los diputados celebran con los agentes empresariales o sociales afectados, siempre antes de que registren las enmiendas y, en cualquier caso, antes de que vayan a votar. La audiovisual es una de esas leyes importantes.

Una fuente parlamentaria que pide no ser identificada reconocía a finales del pasado mes de febrero que la futura norma le estaba dando muchos quebraderos de cabeza, y no sólo a él, sino a su todo su equipo. Las solicitudes para una entrevista con un director de relaciones institucionales de la compañía "X" o con la responsable de comunicación de la empresa "Y" se empezaron a acumular en la agenda, y sin incluir las reuniones internas para recibir estas o aquellas instrucciones. Puede que no sea la norma más mediática de la legislatura, aunque ya ha tenido su cupo de gloria (en el trámite de los presupuestos vigentes), pero casi seguro que será de las leyes con más presiones alrededor, sino la que más.

La fuente de otro grupo, también con la petición de que no quede recogido su nombre, destaca que la redacción es tan alambicada y extensa que comunicó a su dirección que por sí sólo no podría bastarse, por lo que pidió ayuda. Asesores del grupo en el Parlamento europeo le echaron una mano, y así, ha podido domar el texto cuyo alcance equivale a ingentes cantidades de dinero.

El Pleno del Congreso de los Diputados.

/ José Luis Roca

Estamos hablando del sector audiovisual, que abarca a plataformas de la talla de Netflix, Disney+, Apple TV o Prime Video (Amazon), o a Filmin y Movistar TV si nos fijamos en el panorama nacional. Que abarca a las televisiones lineales agrupadas en grupos como A3 Media o Mediaset; que concierne a RTVE; que alcanza a Youtube o demás soportes en los que se alojen y se compartan vídeos; que incumbe al sector sonoro, y aquí entrarían los podcast; que pone un contorno a la producción de ficción en el país y que delimita el territorio en el que ha de moverse la publicidad, incluidas las de bebidas espirituosas; que pone el acento en la protección de los usuarios, en especial los más vulnerables, en especial los menores...

En fin, que se cruzan tantos intereses que cuando la ley desembarcó en el Congreso, en diciembre de 2021, el PSOE y Unidas Podemos se conjuraron para ir con calma y adormecer los ánimos, entonces a mil revoluciones.

Pasados cuatro meses, el tiempo de espera ha terminado. El pasado 5 de abril el Gobierno cursó una petición a la Mesa del Congreso para abordar la tramitación de la futura ley audiovisual por el procedimiento de urgencia, lo que significa el fin de las prórrogas de los plazos semanales de enmiendas que se han ido sucediendo desde el 7 de febrero. Cuando los diputados que forman la Comisión de Asuntos Económicos y Transformación Digital vuelvan de sus vacaciones, es más que probable que se topen con el inicio del proceso de ponencia que estudiará eventuales cambios en la norma. Los grupos registrarán entonces las enmiendas, que se prevé sean numerosas, a contar por cientos. Y a negociar.

Comienzos conflictivos: la tortuosa relación PSOE-ERC

La ley audiovisual adquirió fama política en el momento en que ERC planteó al PSOE que si quería su apoyo a los presupuestos de 2021, tenía que poner coto a una de los apartados más controvertidos para las formaciones nacionalistas e independentistas. En Cataluña, donde la industria audiovisual mueve cerca de 4.000 millones de euros y da empleo a más de 14.000 personas, el blindaje de la producción en catalán, y el posterior blindaje de oferta y emisión en las plataformas y en las televisiones lineales, se han erigido en prioridades identitarias.

Tras unas procelosas negociaciones, hasta el punto de que uno de sus actores, el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, considera que se trata de su digestión política más pesada, el Gobierno y la formación de Pere Aragonés lograron cifrar el blindaje en el 6% del catálogo. Duró poco el pacto porque unos días más tarde el Consejo de Ministros aprobó el proyecto de ley y lo envió al Congreso, y cuando lo leyeron en Esquerra no encontraron el 6% junto a palabras como Netflix o HBO. Reabrieron el frente y pusieron en riesgo los presupuestos otra vez, pues andaban por el Senado con visos de volver al Congreso tras unos cambios que el Gobierno no quería ver ni en pintura. Gracias a unas subvenciones de 15 millones, las cuentas quedaron a salvo.

Pues esa ley que parecía en noviembre y diciembre de 2021 la prueba del algodón de las relaciones entre socialistas y republicanos catalanes, que es una de las columnas en las que descansa esta legislatura, aunque de temblor en temblor, es la que se va a tramitar en unos días después de un periodo de silencio, metida en el cajón de las prórrogas de enmiendas.


/ efe

Las presiones y los intereses

La Comisión de Asuntos Económicos del Congreso está ahora enfrascada en la ley de telecomunicaciones, a punto de aprobación, lo que se prevé suceda a finales de mes. Tomará el testigo la audiovisual. Se avecinan unas semanas duras en el seno de este órgano parlamentario que preside un diputado del PP, por cierto. Se llama Celso Delgado. Es un parlamentario veterano, lo que ayudará a que la ponencia y los trabajos de acoplamiento de enmiendas avancen y se completen sin estridencias.

Los grupos, la mayoría al menos, tienen dichas enmiendas ya escritas. Las registrarán en cuanto se abra el plazo. Para redactarlas, sus portavoces económicos, y en algunos casos los de cultura, han tenido reuniones previas con representantes de las multinacionales y empresas afectadas. Según han destacado a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA fuentes parlamentarias, la preocupación abunda. Los puntos más controvertidos se ciernen sobre las televisiones lineales, la financiación y la emisión de publicidad en TVE, las plataformas, las productoras independientes de contenidos y la publicidad de determinado tipo de bebidas. Cuando confluyen intereses numerosos de sectores poderosos e influyentes, como es el caso, la presión aumenta exponencialmente. Esto lo reconocen varias fuentes consultadas.

El proyecto de ley audiovisual proviene de la legislación europea, que ha fijado una regulación común en un sector que evoluciona a tal velocidad que determinadas normativas nacionales, la española entre ellas, se han quedado anticuadas. Hace diez años, por ejemplo, los llamados "youtubers" ni existían. Si existían, habitaban en mundos limitados. Hoy alcanzan audiencias millonarias y son agasajados con suculentos contratos publicitarios.

164 artículos conforman el proyecto, más 5 disposiciones adicionales, 7 transitorias y 8 finales. Toca todos los palos. Incorpora un capítulo sobre los mecanismos de control externo a los que tendrán que ajustarse los prestadores del servicio público de comunicación audiovisual, lo que incumbe a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas u otras entidades creadas "ex profeso". Aquí se incluye la obligación de una evaluación de nuevos servicios por el propio prestador.

Plataformas de vídeos y producción europea

La ley acoge, además, previsiones sobre la financiación de los servicios públicos de comunicación audiovisual, tanto a escala estatal como en los ámbitos autonómico y municipal. La de RTVE alcanza en este capítulo un protagonismo destacado. Otro título se dirige a los servicios radiofónicos y sonoros a petición, que si bien no los contemplaba la legislación europea, sí lo hará la española, que desde 2010 la incluyó en la norma. Uno más, el V, tiene que ver con la considerada una de las principales novedades de la ley, el intercambio de vídeos a través de las plataformas o redes sociales, a cuya regulación se lanza.

La protección de la infancia es uno de los pilares, así como la prevención para el público en general de contenidos que inciten al odio o a la violencia o contengan una provocación a la comisión de un delito de terrorismo. La norma, además, entra a la regulación de la publicidad en estos servicios.

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El blindaje de las lenguas oficiales del Estado, lo que motivó tensiones entre PSOE y ERC, fundamentalmente, está consagrado en la regulación, al igual que la de la producción propia. Una cuota de financiación obligatoria para tales producciones deberá reservarse.

Las mencionadas son las columnas sobre las que se construye la ley audiovisual. Sus artículos y disposiciones serán sometidos a examen en unas semanas. Viene la etapa reina de la legislatura, con permiso de la ley de vivienda.