El Gobierno desinflamará la ley audiovisual mediante un trámite pausado en el Congreso

Dos horas antes de que ERC anunciara un nuevo acuerdo sobre la ley audiovisual, Gabriel Rufián y Adriana Lastra hablaron unos diez minutos en el patio del Congreso, primero, y en el pasillo contiguo al hemiciclo, después. La vicesecretaria general de los socialistas tuvo que entrar en la negociación a finales de noviembre para asegurar el apoyo de los republicanos a los presupuestos y ha tenido que intervenir ahora para recuperar la estabilidad parlamentaria del Gobierno, que depende de los 13 diputados catalanes en gran medida.

La conversación, a la vista de quien anduviera por ahí, ha zanjado días de tensión y muchísimo trabajo. ERC ha desplegado una intensidad inusitada porque se jugaba el valor simbólico de la lengua y la protección del sector audiovisual catalán, muy pujante. El PSOE ha devuelto esa misma intensidad, consciente de que la estabilidad legislativa podía peligrar a partir de enero. El presidente, Pedro Sánchez, prevé activar un numeroso repertorio de leyes durante los dos años que quedan de legislatura, para lo que necesita a los 13 diputados independentistas. No conviene ponerse a andar por un alambre.

Culminado el acuerdo con ERC sobre la ley audiovisual, el Gobierno se ha propuesto desinflamar los ánimos que amenazan con viciar una norma que considera clave. El propio Sánchez quiere convertir el país en un referente europeo del sector, y de hecho, presentó hace unos meses el plan "España. Hub audiovisual de Europa" y la inversión de más de 1.600 millones que quiere efectuar hasta 2025. Fue a Estados Unidos a hablar de ello.

La manera con la que tiene previsto calmar las aguas se encuentra en el trámite parlamentario de la ley audiovisual, que el Gobierno va a sosegar. Fuentes socialistas indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que no se trata de meter la norma en un cajón y aletargar el proceso, pero tampoco va a ir deprisa. Al periodo de sesiones le quedan dos semanas y enero es inhábil, así que hasta febrero no hay que esperar novedades. Y una vez en febrero, añaden las fuentes, se negociarán las enmiendas con pausa, sin la tensión de estos días. El Gobierno, apuntan las mismas fuentes, quiere evaporar la sensación de que la ley audiovisual es sólo el blindaje de las lenguas cooficiales, del catalán para ser más preciso. Es muchas cosas más y el presidente se está jugando inversiones millonarias y un puñado de fondos europeos.

Dos acuerdos en 20 días

15 millones han tenido la culpa de que se hayan disipado los temores sobre lo que pudieran hacer esos 13 diputados. Es la cantidad que el PSOE y ERC han pactado destinar año tras año a la producción audiovisual en catalán. Lo de acorazar la lengua en todas las plataformas mediante una cuota del 6% del catálogo ha terminado mutilado, pues el porcentaje sólo afectará a las compañías nacionales, no a las extranjeras. Netflix o HBO, que han instalado sus sedes en otros Estados europeos, se libran.

Ha sido el segundo acuerdo en poco más de 20 días. El pasado 23 de noviembre, ERC anunció a través de un comunicado y luego con una rueda de prensa del portavoz parlamentario junto a la de EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ese acuerdo sobre la cuota del 6%. Este miércoles ha anunciado la subvención de 15 millones sólo mediante una nota de prensa.

El primero de esos anuncios de la formación independentista destacaba la consecución del "blindaje del catalán" en las ofertas de las plataformas audiovisuales mediante un modelo de "cuotas y ayudas".

Por un lado, logró que "una de cada cinco obras europeas disponibles" en los catálogos de todas las plataformas sea en catalán, lo que representa un 6% a escala mundial. Hasta aquí la cuota. Por otro lado, consiguió la creación de un "fondo de promoción de la lengua", consistente en la inclusión de opciones de doblaje y subtitulación en catalán, y se arrogó que un 10% de los fondos que reciba el Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), dentro de la partida para obra independiente, vayan dirigidos a las lenguas cooficiales. Hasta aquí, los fondos.

El segundo de los acuerdos, oficializado este miércoles, aporta novedades y muestra matizaciones. La novedad es la dotación de una línea de 15 millones de euros, como poco, para financiar la producción en catalán. El matiz se centra en que esa cuota del 6% no concernirá a todas las plataformas, sino a las nacionales. El impulso del doblaje y de la subtitulación se mantiene.

Que Netflix (u otras), como plataforma extranjera, iba a quedar eximida de la cuota era algo que ERC supo hace días. Fue después del 30 de noviembre, cuando el Consejo de Ministros validó el proyecto y lo envió al Congreso. En el texto que trascendió no figuraba el pasaje del 6% tal y como lo acordó el partido catalán. El desaire llevó a Gabriel Rufián a convocar una rueda de prensa en el Congreso a las 20.00 horas, apenas con quince minutos de antelación. Su enfado resultó notorio y amenazó con obstaculizar el apoyo de los senadores de ERC a los presupuestos. Lo que calladamente hicieron los 13 diputados consistió en eludir votos a favor en dictámenes e iniciativas, como el de Formación Profesional a su paso por la Comisión de Educación.

La estabilidad política, en juego

Es muy complicado que se trunquen los presupuestos. El proyecto salió del Congreso con 188 votos a favor y 160 en contra, un margen más que holgado.

Cuando Rufián, en aquella comparecencia tardía ante los medios, amagó con retirar el apoyo al Gobierno en el trámite del Senado, buscaba una estrategia de presión antes que arruinar unas cuentas en las que se implicó con firmeza, pues los vetos, en la Cámara Alta, para que prosperen, requieren de mayoría absoluta. Tendría que haberse movilizado un elenco variopinto de grupos para conseguirlo, desde la propia ERC al PP, pasando por el PNV y formaciones regionalistas.

Con las enmiendas parciales aspiraba a demorar el procedimiento, pues de haberse aprobado alguna, el proyecto presupuestario habría cambiado, y en consecuencia, devuelto al Congreso. Tumbarlo aquí, incluso con la eventual ayuda de Esquerra, es casi imposible debido al amplio apoyo que ha logrado el Gobierno.

La reacción de Rufián, esa noche, asombró al Ejecutivo. ERC estimó que había rendijas en la ley, así como en la consiguiente adaptación a las directivas europeas, para imponer el 6% a Netflix o a Disney +, que no tienen sede en suelo español. En el Ministerio de Economía de Nadia Calviño, sin embargo, no hubo dudas. Es imposible.

Fuentes parlamentarias que han conocido el proceso negociador indican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que el Govern supo esa imposibilidad. Así se les transmitió. Por ello, la sorpresa al enterarse del enfado de Rufián y del órdago parlamentario que lanzó. Se ha podido reconducir la relación, en lo que ha jugado un rol protagonista Adriana Lastra.

Pero a partir de ahora, al menos en lo que tiene que ver con la ley audiovisual, el Gobierno pretende asentar sosiego y pausa. La Mesa del Congreso calificó este martes el proyecto, y en consecuencia, se lo ha enviado a la Comisión de Asuntos Económicos, que preside un diputado del PP, Celso Delgado. La prioridad de esta Comisión es dar vía libre a la Ley de Telecomunicaciones, que se enfrentará al debate de enmiendas a la totalidad la semana que viene. Si la mayoría de PSOE y Unidas Podemos, y de sus aliados, lo sortea, ésta será su prioridad. Hasta febrero, por tanto, nada. Y en febrero, calma.