Indignación en Unidas Podemos por la crisis de Cádiz: se movilizan para frenar la actuación de Interior

Indignación en las filas de Unidas Podemos por la gestión del Gobierno en la crisis del metal en Cádiz, después de que los disturbios hayan aumentado en las últimas horas y tras la "desproporcionada" respuesta policial, con la presenica de una tanqueta en las calles de Puerto Real para dispersar a los piquetes. El socio minoritario de la coalición ya ha iniciado movimientos internos en el Ejecutivo para reconducir la actuación del Ministerio del Interior dirigido por Fernando Grande Marlaska.

Los morados son conscientes de que este conflicto laboral es un asunto especialmente sensible para ellos, y admiten que las imágenes que se han visto estos días pueden pasarles factura, al formar parte del mismo Gobierno del que depende el despliegue policial. Es por ello que en las últimas horas han maniobrado en el Gobierno para tratar de frenar estos episodios; en primer lugar fue la vicepresidenta de Gobierno, Yolanda Díaz, la que a última hora de este lunes comunicó a Moncloa su malestar, pero las comunicaciones han continuado en las últimas horas entre Unidas Podemos y el departamento de Marlaska.

"Me puse en contacto con el ministro del Interior para retirar la tanqueta", apuntó en el Congerso la vicepresidenta, que pidió no criminalizar a los trabajadores, después de que este lunes muriera un motorista tras chocar con un camión parado en la carretera: "Hablamos de derechos constitucionales de trabajadores, no son delincuentes y legítimamente defienden sus derechos".

Unidas Podemos siempre se ha posicionado sin ambages del lado del trabajador frente a la patronal, y en las últimas horas, después del choque con el ala socialistas, han tratado de remarcar aún más su apoyo a los convocantes de las protestas, en un conflicto que este miércoles cumple su novena jornada de huelga indefinida después de que la patronal siderúrgica se levantara de la mesa en las negociaciones para el nuevo convenio colectivo.

En este sentido, el diputado de Podemos por Cádiz, Juan Antonio Delgado, escenificó su apoyo al sector durante su intervención en el Pleno del Congreso donde este martes se debatían los presupuestos, y lo hizo poniendo un casco de obrero encima de la tribuna parlamentaria: "Nadie que lucha por llenar la nevera de su casa es un delincuente", defendió.

"NI EL 1 DE OCTUBRE"

En Unidas Podemos consideran que la actuación por parte de Interior ha superado cualquier límite con el uso de material militar por el uso del polémico vehículo militar. "No se sacaron tanquetas a la calle ni el 1 de octubre", destacan a este medio fuentes parlamentarias, que muestran su indignación por lo vivido en las últimas horas. Aunque los contactos son continuos, tampoco han llegado a buen puerto las conversaciones con el departamento de Marlaska.

Unidas Podemos no ha logado arrancar al Ministerio del Interior el compromiso de no volver a desplegar el polémico vehículo militar

Y es que la 'tanqueta' que ha generado la polémica en el seno de la coalición es un Blindado Medio sobre Ruedas (BMR) que fue cedido por el Ejército a la Dirección General de la Policía. Tras homologarlo, ésta lo incoporó como dotación de las Unidades de Intervención Policial (UIP) a final del 2017. En esto se ampara el Ministerio del Interior para sacudirse cualquier responsabilidad al respecto. Un argumento que también han trasladado al partido morado. Alegan a su socio de coalición que no tienen competenica directa sobre el dispositivo policial, y que éste recae sobre la subdelegación de Gobierno de Cádiz, aunque este organismo depende también, en último término, del Ejecutivo central.

"Ministro Marlaska, saque las tanquetas de las calles de Cádiz, siempre se las puede devolver a la ministra de Defensa", defendió el presidente del grupo parlamentario morado, Jaume Asens, este martes en el Congreso, donde afeó que no se sacara a la calle este blindado durante otros episodios como la "manifestación de neonazis" que, el pasado mes de septiembre, discurrió por barrio madrileño de Chueca. En la tarde de este martes, el polémico vehículo militar fue aparcado y retirado de las calles, sin que Unidas Podemos haya conseguido arrancar a Interior el compromiso de que no vuelva a desplegarse.

NO SE PREVÉ REUNIÓN DÍAZ-KICHI

La situación no sólo está generando tensiones dentro del Gobierno, sino que también ha levantado una pugna dentro de la izquierda, después de que el alcalde de Cádiz, José María González Kichi haya enviado una carta a Yolanda Díaz para solicitarle una reunión urgente en Cádiz y pedir su mediación en el conflicto entre patronal y trabajadores. El dirigente responsabilizaba directamente al Gobierno de la situación, puesto que los afectados por la huelga son en muchos casos empleados de empresas que trabajan para compañías de capital público como Navantia.

No es la primera carta que ha enviado Kichi a la ministra de Trabajo. Ya el pasado abril, después de que se anunciara el cierre de la fábrica de Airbus de Puerto Real, el alcalde envió una carta al presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y otra a Yolanda Díaz y a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Unas misivas que no obtuvieron respuesta.

Según fuentes próximas a la Alcaldía de Cádiz, después de aquello se enviaron nuevas cartas insistiendo en la denuncia de esta situación y pidiendo la mediación del Gobierno; unas misivas que tampoco fueron contestadas. El dirigente gaditano reprochaba este martes a la vicepresidenta no haber atendido a sus peticiones ni haber contestado a las distintas comunicaciones.

Sin embargo, en la Vicepresidencia Segunda del Gobierno no tienen de momento previsto acudir a Cádiz y tampoco han existido contactos más allá de la carta hecha pública. Consideran que en este caso el Ministerio de Trabajo no tiene competencias de actuación, al ser un conflicto entre patronal y trabajadores.

En el caso de la huelga de la estiba en Bilbao, que finalizó en diciembre del año pasado después de 57 días de movilizaciones, el departamnto de Díaz sí medió para llegar a un acuerdo a través de la Dirección General de Trabajo. Esta vez, a diferencia de aquella, desde Trabajo aseguran que es la Junta de Andalucía la que tiene las competenicas para ejercer ese papel.

En Unidas Podemos avalan la postura de la vicepresidenta de Gobierno, y ven desaconsejable mantener una reunión en Cádiz, al considerar "arriesgado" acudir al foco de conflicto sin tener previamente una solución para este asunto. Aunque apoyan la defensa de los trabajadores que ha hecho el alcalde anticapitalista, sí ven en sus llamamientos al Gobierno una segunda intención, y creen que va más encaminada a conseguir foco público más que ir realmente encaminados a obtener una resolución real que, en último término, depende del acuerdo de sindicatos y patronal.