TRANSPORTES

El Gobierno descarta aplicar los nuevos peajes hasta después de las elecciones generales

  • El Ejecutivo prevé apurar los plazos hasta 2024 para posponer la entrada en vigor de esta medida y no cargar con el desgaste electoral que supondría en unos comicios

  • En "dos o tres meses" habrá una propuesta inicial, y a partir de ahí comenzará una negociación con los distintos actores implicados, desde transportistas a empresas, que precederá el trámite parlamentario

La ministra de Justicia, Pilar Llop, la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, y la titular de Transportes, Raquel Sánchez

La ministra de Justicia, Pilar Llop, la ministra de Política Territorial y portavoz, Isabel Rodríguez, y la titular de Transportes, Raquel Sánchez / EFE

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El Gobierno planea retrasar hasta después de las elecciones generales, previstas en 2023, la aplicación de los nuevos peajes en autovías. Este martes, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana confirmó que prepara una nueva tasa para el uso de las carreteras para asegurar su mantenimiento. La medida cuenta con la oposición frontal de su socio de coalición, Unidas Podemos, pero desde el Ejecutivo no hay nerviosismo alguno, ya que no precisarán de su apoyo: adelantan que será el próximo Gobierno salido de las urnas el que se vea abocado a poner en marcha el nuevo impuesto.

Este mismo martes, el secretario general de Infraestructuras del ministerio de Transportes, Sergio Vázquez, anunció que el Ejecutivo va a implantar un nuevo "sistema de tarificación" para carreteras de alta capacidad. Una medida para la que evitó en todo momento referirse con el término "peaje". En declaraciones tras participar en el foro 'Conversa', advirtió que "no tiene sentido que haya este vacío y que el mantenimiento y la conservación de la infraestructura se siga sufragando con los impuestos de todos los españoles, que tienen necesidades más urgentes como son las políticas sociales".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la titular de Transportes, Raquel Sánchez, defendió también esta propuesta para asegurar el mantenimiento de la red de carreteras. Fuentes del Gobierno aseguran que la propuesta inicial prevé estar lista en tres meses, aunque se trataría de un punto de partida que tendría después que someterse a diálogo y negociación con distintos actores, desde los agentes sociales a empresas de transportes.

"Buscaremos el consenso político para encontrar un sistema que esté a la altura", defendió este martes la ministra, que abogó por una fórmula que "que no genere agravios territoriales y sea un sistema justo y sostenible", y que también se negociará con las comunidades autónomas para su diseño. Buscan además dar "tranquilidad" al sector transportes, que será el más expuesto a este sistema: "Nos consta su preocupación", destacó la titular de Transportes.

Sánchez justificó este nuevo sistema de tarificación en la liberalización de las autopistas, después de que el Gobierno se comprometiera a no prorrogar ni volver a licitar aquellas concesiones que finalicen, como ha sido el caso de la AP-1, la AP-7 y la AP-4 y como también ocurrirá el próximo 31 de agosto con la AP-2 (Zaragoza-Mediteerráneo). Así, este nuevo 'peaje' será de facto un plan de recaudación para asegurar la conservación de las carreteras, que ya no dependerán de las empresas licitadoras.

Margen hasta 2024

Ésta forma parte de una de las medidas a las que se comprometió el Gobierno de Pedro Sánchez en su paquete de reformas del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia remitido a Bruselas para obtener los fondos Next Generation. En este plan se comprometía el Gobierno a poner en marcha las distintas propuestas " a principios de 2024", sin situar una fecha concreta.

Es por ello que desde el Gobierno ven margen para dilatar la puesta en marcha de los polémicos peajes; aunque desde el Ministerio de Transportes creen que la idea inicial estará lista hacia final de año, en "dos o tres meses", no tienen prisa en acelerar el proceso. "Después de ese diálogo no queremos demorar la aplicación de este sistema, pero tenemos ese margen para poderlo aplicar", defendió Raquel Sánchez en Moncloa, en referencia al plazo de 2024 acordado con la Unión Europea.

Sin embargo, las primeras negociaciones, la búsqueda de acuerdos políticos y, una vez asentada la propuesta, los consiguientes trámites parlamentarios, llevarán a aparcar las nuevas tasas de carreteras hasta después de las elecciones generales. "El siguiente que llegue al Gobierno tendrá que ponerlo en marcha", adelantan ya desde el Ejecutivo.

Poner en marcha un nuevo impuesto para las carreteras supondría una carga para afrontar una campaña electoral; es por ello que no está sobre la mesa iniciar su aplicación hasta 2024, una vez pasados los comicios previstos para finales de 2023. Sin embargo, asumen también que esta nueva medida será empleada por la oposición como un arma arrojadiza de cara al proceso electoral. Aseguran también que el anterior Gobierno de Mariano Rajoy, del PP, también contemplaba aplicar nuevas tasas para conservar la red de carreteras, y que preveían aplicarlas a partir de este año 2021.

'Viñetas' o conectividad ferroviaria

En Transportes estudian ya varias opciones para presentar una propuesta inicial. Aseguran que una de las opciones contempladas sería aplicar una tarifa en función del nivel de renta; sin embargo, descartan de momento esta propuesta, apelando a que el marco de la Unión Europea no permite este tipo de distinción en estas tasas.

Otra de las posibilidades planteadas es la 'zonificación' por viñetas: pagar unas tasas específicas para poder circular en transporte terrestre por ciertos territorios, otorgando tarjetas de circulación por estas áreas específicas. También se contempla la posibilidad de establecer tasas en función de la red ferroviarias disponibles, el medio de transporte más sostenible y menos contaminante. De esta manera, hacer en coche los trayectos que ya están cubiertos por tren resultaría más caro que hacerlo a aquellos lugares que no están bien conectados por esta vía.

Estas medidas, matizan fuentes del Gobierno, no están centradas en penalizar al conductor 'de a pie', sino que van dirigidas en mayor medida a los transportistas de empresas del exterior; este tipo de camiones, por su elevado peso, son los que más desgaste producen en las carreteras, y es por ello que serán quienes más tengan que hacerse cargo de su mantenimiento.

Además, creen que esta propuesta no causará sorpresa en los transportistas que hagan trayectos internacionales, puesto que este sistema de tarificación ya está presente en 23 de los 27 países de la Unión Europea. Sólo Chipre, Finlandia, Malta y Estonia están libres de peaje alguno.

Unidas Podemos se desmarca

El socio minoritario de la coalición no tardó en reaccionar a la propuesta del Gobierno para mostrar su rechazo frontal a estas nuevas tasas por el uso de carreteras. El portavoz parlamentario de Unidas Podemos, Pablo Echenique, calificó la medida de "globo sonda sobre la posibilidad de pagar peaje en las autovías".

"Que quede claro", continuó. "Nosotros no apoyaremos ninguna medida que haga pagar a la gente trabajadora. O se mantienen gratuitas, o se exime del pago a rentas bajas y medias, a transportistas y otros profesionales".

La postura de Podemos, que sí va encaminada a marcar posición polítca, no afecta sin embargo a los planes del ala socialista de Gobierno, que descarta abrir ese melón antes de enfrentarse a las urnas.

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