INDEPENDENTISMO EN CATALUÑA

Vox presenta ante el Supremo los recursos contra los indultos del Gobierno a los condenados en el 'procés'

El Tribunal informó negativamente a la concesión de la medida de gracia

La Abogacía del Estado deberá responder a las demandas defendiendo la idoneidad del perdón

En total, se anunciaron siete recursos contra la decisión del Gobierno de liberar a los encarcelados

Santiago Abascal y Javier Ortega Smith dan declaraciones a la prensa tras conocerse la sentencia del Supremo sobre el juicio del 'procés' en 2019.

Santiago Abascal y Javier Ortega Smith dan declaraciones a la prensa tras conocerse la sentencia del Supremo sobre el juicio del 'procés' en 2019. / EUROPA PRESS

Vox ha anunciado este viernes que ha presentado ante el Tribunal Supremo (TS) los recursos contra los indultos concedidos por el Gobierno de Pedro Sánchez a los condenados por el 'procés' independentista catalán.

Según indican en un comunicado, en su escrito hacen alusión a los informes contrarios a los indultos que emitieron tanto la Sala de lo Penal del Supremo como la Fiscalía con el objetivo de "calibrar si la concesión del indulto está o no motivada y si es o no arbitraria".

Recuerdan que la Sala rechaza que concurra la excepcionalidad que justifica la institución del indulto porque no hay dilaciones del procedimiento que reparar, ni los penados han contribuido a justificar las razones de justicia, equidad o utilidad pública que justificarían su concesión.

Vox recuerda en los recursos el mensaje de los condenados en el ejercicio del derecho a la última palabra en el juicio y en sus posteriores declaraciones públicas, donde "autoriza la movilización ciudadana para proclamar la inobservancia de las leyes, la sustitución de la Jefatura del Estado y el unilateral desplazamiento de la fuente de soberanía".

Por otro lado, subrayan en su recurso contra el indulto al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, que éste agredió al orden público con su "ilícita conducta", intentó quebrar el orden constitucional y afectó a la integridad patrimonial de la Administración pública mediante el uso ilegal de fondos públicos.

Al hilo, el partido de Santiago Abascal hace hincapié en la motivación política del Gobierno para conceder los indultos, "ya que resulta imprescindible el apoyo del partido al que pertenece Junqueras para que el Ejecutivo pueda sacar adelante, por ejemplo, los Presupuestos Generales del próximo año".

INDULTO TOTAL

Vox explicita que en las negociaciones previas de los Presupuestos, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) manifestó reiteradamente que tenía claro que "el camino debe ser diálogo, amnistía y referéndum". "Existen, por lo tanto, relevantes indicios de que el Ejecutivo pudiera estar ponderando, en el ejercicio de la excepcional potestad de gracia, circunstancias ajenas a este instituto para sopesar prioritariamente su propio interés".

Además, en los recursos presentados señalan que los indultos concedidos "ha alcanzado a todos los condenados por los mismos hechos, invadiendo la línea divisoria entre indultos particulares y generales".

Para los de Abascal, no cabe duda de que los indultos concedidos se aproximan a la modalidad del indulto total, "al suponer la completa extinción de la pena principal privativa de libertad". "Un aspecto que debe ser valorado a la hora de realizar la labor de control jurisdiccional", señala la formación.

EL INFORME DEL SUPREMO

La sala de lo Penal del Tribunal Supremo que juzgó la causa del 'procés' independentista informó negativamente a la concesión de cualquier forma de indulto -total o parcial- a los doce condenados por delitos de sedición, malversación de caudales públicos y de desobediencia al no apreciar razones de justicia, equidad y utilidad pública que justificarían la concesión de la medida de gracia.

Los magistrados consideraron que no se vulneró el principio de proporcionalidad de las penas a las que fueron condenados, que no hay prueba o indicio de arrepentimiento por parte de ellos y que los argumentos en los que se basan las diversas peticiones de indultos realizadas por terceros desenfocan el sentido del indulto porque dibujan una responsabilidad penal colectiva y, además, pretenden que el Gobierno corrija la sentencia dictada por el Tribunal Supremo.

LA BATERÍA DE RECURSOS

Cabe recordar que fue el 24 de junio cuando Vox --al igual que determinados diputados de Ciudadanos y el PP-- anunciaron ante la Sala Tercera de los Contencioso-Administrativo que recurrían la concesión de esos indultos. El líder de Vox, Santiago Abascal, acompañado de la plana mayor de su partido y arropado por más de un centenar de personas que portaban banderas de España y pancartas contra los indultos a los condenados por el 'procés', anunció a las puertas del Tribual Supremo toda una serie de acciones jurídicas para responder a lo que denominó la "traición y corrupción" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Presentaron tras esto el anuncio de recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en contra de la concesión de los indultos. Lo hicieron como partido al considerarse legitimado por haber actuado como acusación popular en la causa que se tramitó y juzgó en el alto tribunal contra los líderes independentistas.

LA RESPUESTA DE ABOGACÍA

Después de que la Sala del Supremo rechazara cautelarísimas y cautelares solicitadas por Ciudadanos y Vox, ahora el asunto se encuentra en el plazo de presentación de los recursos, deben así formalizar las demandas.

A Vox, PP y los diputados de Ciudadanos -entre los que se encuentra la líder Inés Arrimadas- se sumaron los anuncios de recurso de hasta cinco diputados 'populares' -siguiendo parecida estrategia a Cs-, del que fuera delegado del Gobierno en Cataluña Enric Milló, de Conciencia Cívica Catalana y de la asociación Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén. En total son siete.

Tras recibir las demandas, el Tribunal dará traslado de las mismas a la Abogacía del Estado para que conteste, y ahí debe argumentar los indultos y en su caso indicar si los demandantes acusan una falta de legitimación para presentar esos recursos. Después de esa respuesta de los servicios jurídicos del Estado, que tiene de plazo 20 días, el tribunal responderá.