La brecha energética en Europa

La discusión sobre los precios de la energía ha llegado a Bruselas. Las alarmas han sonado a las puertas de un invierno que podría ser frío y caro para los bolsillos de los consumidores europeos. Al riesgo de división entre los Veintisiete se añade el temor a que la crisis energética erosione la confianza de la opinión pública sobre los pasos necesarios para lograr una economía más sostenible.

Desde hace meses, varios factores disparan los precios de la energía. Por un lado, los precios del gas y el carbón, en máximos históricos. Por otro, la factura de la electricidad también al alza, arrastrada por el gas y el encarecimiento del precio de los derechos de emisión de CO2. Como telón de fondo, Europa y el resto del mundo están en proceso de recuperación tras la pandemia, con las principales economías en pleno crecimiento y la demanda de energía en aumento.

¿Puede la Unión Europea intervenir en la actual escalada de precios? España lidera un grupo de países que exigen a la Comisión Europea un plan con medidas extraordinarias para frenar la espiral de precios. El presidente español, Pedro Sánchez, ha puesto sobre la mesa la idea de una reforma del mercado mayorista de la electricidad para que los precios no estén marcados por los combustibles fósiles; compras coordinadas de gas a través de una plataforma centralizada, con el objetivo de tener una reserva estratégica capaz de mantener los precios estables ante los picos de demanda; medidas para evitar la especulación financiera en el mercado de CO2; y diseñar directrices flexibles que permitan a los Estados miembros reaccionar en situaciones de tensión de precios como la actual.

Italia y República Checa se han sumado a una solución en este sentido. Están en juego la recuperación, la cohesión social y el apoyo de los ciudadanos a la transición verde, insisten los líderes de estos países.

La Comisión medita cómo jugar sus cartas. Tenía previsto publicar una comunicación sobre energía durante la semana pasada, pero ha preferido esperar, a la vista de las peleas políticas en marcha. Después de una primera discusión en la cumbre de los Balcanes celebrada en Eslovenia el 6 de octubre, queda pendiente que el asunto vuelva a ser tratado en la cumbre ordinaria del Consejo Europeo, el 21 y 22 de este mes.

Mientras tanto, la Comisión ha publicado un documento con preguntas y respuestas en el que trata de aclarar las claves de la subida imparable de la energía y el seguimiento que se está haciendo desde el ejecutivo comunitario. Este documento ya adelanta algunas de las medidas previstas por la Comisión, entre las que se incluyen, de manera inmediata, el apoyo directo a los ingresos en los hogares más vulnerables, a través de vales o pagos parciales de la factura; el aplazamiento temporal del pago de facturas; una reducción temporal y específica de impuestos; así como un incremento de la capacidad de las renovables.

A medio y largo plazo, la Comisión insiste en la necesidad de avanzar hacia la descarbonización y la resiliencia del sistema energético. Para ello, propone un aumento de las inversiones en renovables y en eficiencia energética, desarrollar la capacidad de almacenamiento de energía, mejorar la cuota de renovables, incluyendo las baterías y el hidrógeno, y una revisión de la normativa europea sobre seguridad del suministro para garantizar un mejor uso y explorar los beneficios potenciales de la adquisición conjunta –y voluntaria– de reservas de gas por parte de los Estados miembros.

No obstante, los expertos advierten de que el problema energético podría ser temporal y los precios se corregirán según las condiciones del mercado en los próximos meses. Esta es la posición de Paschal Donohoe, presidente del Eurogrupo, y de líderes como Mark Rutte, primer ministro de Países Bajos. España teme que la Comisión, a través de la comunicación que hará pública en cuestión de días, tome una posición minimalista.

Las espadas podrían estar en alto para la cumbre de octubre. La emergencia que perciben los países del sur, este y centro de la UE podría chocar con la posición de los países del norte, temerosos de que el actual aumento de precios se traduzca en una reducción en la disminución de emisiones. La cuestión es peliaguda y tiene un potencial explosivo, porque toca elementos muy sensibles, desde cómo gravar las emisiones de carbono hasta la renegociación de las reglas fiscales, pasando por un asunto que no es tampoco nuevo: la dependencia energética de Rusia.

Vladímir Putin, con experiencia en “abrir y cerrar la llave del gas” en los momentos más críticos, ha hecho aparición de nuevo en esta crisis. El 6 de octubre, después de unas horas en las que el precio del gas volvió a situarse en máximos, el presidente ruso declaró que Gazprom, la empresa pública rusa responsable de la explotación energética, aumentaría las exportaciones. Los precios se calmaron. Putin apuntó además que la actual escalada se debe a los planes de transición verde de la UE.

No se trata de cuestionar la ambición verde de la UE –comprometida a reducir sus emisiones al menos un 55% para 2030–, sino de tomar muy en serio los costes del mayúsculo ejercicio de transición de unas economías altamente contaminantes y dependientes de energías fósiles. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, prometió “no dejar a nadie atrás” en este viaje. La promesa puede empezar a pesar, si los precios no se moderan este invierno.