Luz sobre el mercado eléctrico europeo

La presidencia española del Consejo de la Unión Europea se ha anotado un logro importante de la mano de la vicepresidenta Teresa Ribera, que ha conseguido el acuerdo casi unánime de los 27 -con la excepción de Hungría- en torno a un nuevo modelo del mercado eléctrico y de fijación de los precios de la electricidad, que resultará una versión evolucionada del que adoptaron España y Portugal -la conocida como ‘excepción ibérica’- para reducir el precio al consumidor, en momentos en que los altos precios de los hidrocarburos elevaban absurdamente el coste del suministro eléctrico. Como se recordará, la oposición conservadora se tomó a broma aquella "ocurrencia" de la vicepresidenta y ministra de Transición Ecológica, pero los hechos han acabado dando tozudamente la razón a la experta española. La negociación ha sido sin embargo ardua, y el acuerdo solo ha cuajado cuando Ribera amenazó con prolongar las negociaciones durante toda la noche hasta que se obtuviese el necesario consenso. 

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Una formación más razonable de los precios en beneficio del consumidor ha sido el motor de la reforma que, no obstante, buscaba objetivos más ambiciosos como evitar la volatilidad, dar más estabilidad al sistema y facilitar el desarrollo de las energías renovables. Para ello, se han introducido los llamados ‘contratos por diferencias’ que proporcionan garantías a la generación, ya que cuando los precios están muy bajos ofrecen complementos y cuando superan determinado umbral obligan a devolver una parte de lo recaudado. Ajustar este mecanismo ha sido laborioso y todavía podría matizarse en el Parlamento Europeo.

Los obstáculos que han retrasado varios meses el acuerdo han sido suscitados por Francia y Alemania. Como es sabido, París ya consiguió hace tiempo que la energía nuclear fuera considerada ‘limpia’ dado que no produce residuos carbónicos, y ahora pretendía que estos nuevos contratos fuesen de aplicación tanto a las antiguas como a las nuevas instalaciones nucleares; no lo ha logrado, y apenas alcanzarán a las centrales ya en funcionamiento y bajo el estricto control de la Comisión. Alemania, por su parte, que clausurará de inmediato sus últimos reactores nucleares, quería, como es lógico, evitar que Francia obtuviera un beneficio desproporcionado de su posición que rompiera el mercado único. También había desacuerdo sobre si las subvenciones habían de beneficiar solo a los consumidores o también a las empresas. De hecho, el pacto ha sido posible porque la semana pasada el presidente francés y el canciller alemán pulieron sus diferencias en una cumbre bilateral.

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En principio, los 27 han cerrado este vital capítulo de la política energética con general satisfacción: se ha conseguido beneficiar a la ciudadanía, incluso en épocas de crisis, y aportar más luz sobre el mecanismo de formación de precios. Los efectos de esta reforma, sin embargo, aún van a tardar en notarse en el recibo de los consumidores. Por eso sería deseable que se acelerara al máximo posible en su aplicación, tanto por el beneficio para las familias como para las industrias, que ya han advertido del riesgo de pérdida de competitividad si los precios de la energía no se estabilizan de forma más o menos prolongada en el tiempo.