La amnistía debe ser explicada

El presidente en funciones del Gobierno, Pedro Sánchez, utilizó por primera vez la palabra amnistía en Granada el pasado 6 de octubre para defender que una posible medida de estas caracterísicas ayudaría a superar las consecuencias judiciales del ‘procés’ en Cataluña. También aprovechó para desmarcarse de la propuesta que Sumar presentó en Barcelona -creando más ruido, en algo que le compete al candidato a la reelección- sin precisar en qué consiste y sin fijar los motivos de su discrepancia. Hasta entonces, Sánchez solo se había referido de manera indirecta a una posible medida de este tipo, defendiendo la necesidad del diálogo y de la convivencia. 

La estrategia del presidente, así como la de la oposición dando su apoyo a una manifestación en Barcelona contra una iniciativa que todavía no se conoce, han causado desasosiego en una opinión pública que tiene derecho a saber de qué estamos hablando cuando mencionamos la amnistía, sea para defenderla o para criticarla. Sin llegar a magnificarla ni a considerarla un sentir homogéneo, la marcha del domingo pasado, convocada por Societat Civil Catalana (SCC), es un elemento a tener en cuenta de cómo encara una parte de la población una hipotética amnistía. Aunque llevase otro nombre -algo que tampoco puede descartarse, debido al secreto con el que actúa el candidato a la reelección-, una propuesta de este calado requiere transparencia.

El desconcierto viene acentuado por el hecho de que, hasta hace poco, el propio Sánchez era contrario a la medida, con lo que podría cuajar la idea, si no se explica, de que se trata de un ofrecimiento puramente circunstancial derivado de la necesidad que tiene el PSOE de contar con los votos de Junts per Catalunya. Entre las cosas reiteradas por el líder socialista hay que destacar su convicción de que, sea cual sea la forma que adopte la propuesta, esta será constitucional. Ello podría aportar sosiego si no fuera porque los expertos constitucionalistas están profundamente divididos sobre la posibilidad de que una amnistía pueda serlo. Y no se trata solo de una cuestión formal, sino de no de advertir que de nada serviría una propuesta que fuera anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional. Ello ha ocurrido demasiadas veces en relación con todo lo relacionado con Cataluña como para correr de nuevo este riesgo.

En consecuencia, Sánchez debe explicarse cuanto antes y la oposición debe actuar con contención mientras no sepamos de qué estamos hablando, sin anticipar acontecimientos en una cuestión que suscita una lógica preocupación social. Si toma la forma de una ley, lo que parece inevitable, la amnistía, o como vaya a llamarse la fórmula definitiva, deberá contar con un preámbulo que explique con claridad cómo hemos llegado hasta aquí. El preámbulo deberá recordar que en Cataluña se vulneró la Constitución y el Estatut pero también deberá explicar que no se puede resolver una cuestión que tiene una raíz política sin una respuesta política y con una manifiesta sobreactuación judicial.