La trampa demográfica del empleo

En España hay más de 1,1 millones de personas mayores de 45 años en paro, más del doble que hace dos décadas, según la Encuesta de Población Activa que elabora el INE. Representan cerca del 41% del total de los parados españoles, cuando en 2003 no llegaba al 20%. Las cifras varían si se toma como referencia el paro registrado en las oficinas del SEPE, que usa otro método de cálculo, pero la tendencia de las estadísticas es inequívoca: hay una masa creciente de trabajadores mayores que son expulsados del mercado laboral. Si cada vez son más es, en parte, por una cuestión demográfica: la población está envejeciendo, por la baja natalidad y la mayor esperanza de vida, y la generación del baby boom es más numerosa que las posteriores. Es un problema grave, porque está demostrado que estas personas tienen más dificultades para encontrar empleo que otras más jóvenes, y su situación puede cronificarse.

El envejecimiento de las sociedades occidentales plantea muchos retos, desde el ámbito de los servicios sociales hasta el de la sanidad. También económicos, como el futuro de las pensiones: un número menor de jóvenes deberá sostener a un número creciente de jubilados. Aunque la inmigración ayuda a corregir este desequilibrio, es un contrasentido expulsar a los mayores del sistema laboral, por la pérdida que supone tanto de fuerza productiva como de ingresos a las arcas públicas. Y sin embargo, eso es lo que está ocurriendo. Por prejuicios y por lo que se ha venido a llamar edadismo (discriminación por edad). Hay que distinguir entre las personas que tras perder su empleo quieren seguir trabajando de aquellas otras que se prejubilan tras acordarlo con su empresa y cuya situación económica suele estar mejor cubierta. Y aun en estos casos, la última reforma de las pensiones intenta retrasar el retiro anticipado, por la sostenibilidad del sistema.

Para los mayores que buscan activamente empleo, el panorama es complicado. La dificultad para reengancharse les aboca al paro de larga duración. En la pasada legislatura, el Ministerio de Trabajo rebajó de 50 a 45 años la edad mínima para ser considerado colectivo de atención prioritaria en las oficinas de empleo (en este caso sénior quizá sea un concepto que se quede corto), y avanzó también a ese umbral los incentivos a las empresas para la contratación. Existe diagnóstico del problema y voluntad política, pero la situación está enquistada. Ayudaría fomentar más los programas de reciclaje profesional, pero sobre todo hace falta un cambio de mentalidad, en los empleadores y en la sociedad en general, para considerar la veteranía y la experiencia como un valor y no como un lastre. Otros países, como Alemania, han adoptado fórmulas como los minijobs, que si bien ofrecen un alivio económico a colectivos vulnerables, se relegan a perfiles de baja cualificación.

Las economías occidentales deben adaptarse a la realidad de una población más envejecida, también en lo laboral. Es preciso avanzar hacia un mercado de trabajo más inclusivo y diverso, pues no hay que olvidar que, en el otro extremo, también los más jóvenes sufren elevadas tasas de paro. Dar la espalda a colectivos (jóvenes y mayores) que sienten que pueden aportar mucho como trabajadores es un error estratégico. Como con el cambio climático, ahora presenciamos las señales de advertencia, pero en el futuro se puede pagar más caro. La demografía avisa.