La infamia es censurar

A ser valiente también se aprende. Hay que conocer las historias de personas intrépidas para mirarte en su espejo. Un ejercicio incómodo, porque si uno es un cagado y se enfrenta a la peripecia de un prójimo heroico puede acabar afligido, mejor ojos que no ven. En el Ayuntamiento de Toledo acaban de cancelar la representación de La infamia, del director mallorquín José Martret, sobre el secuestro y tortura a manos de la policía de la periodista mexicana Lydia Cacho, que había denunciado en un libro una red de pederastia en la que estaban implicados personajes del Gobierno e importantes empresarios, y fue por ello perseguida y difamada.

Con un gobierno de PP y Vox, el área de Servicios Sociales (han extinguido Igualdad que la había apalabrado) ha alegado falta de presupuesto para desprogramarla. Qué cobardicas. Censuran la pieza multipremiada y aplaudida en toda España sin haberla visto, no se les ha podido pegar nada de la valentía que reivindica. Porque en tal caso habrían reconocido verdades como: «No nos importa lo que le pase a ninguna mujer que mete las narices en asuntos ajenos», o «las violaciones de niñas son un invento de la izquierda», o «todo lo que huela a feminismo tiene cuatro años de destierro en esta villa», o «al periodismo de verdad, ni agua». No tienen dinero, o no tienen espacio, no había contrato, o no les cuadra. Lo que les sobra es mucho peligro a las coaliciones de derechas que aplican a la cultura su política más asilvestrada y misógina. Hay que ser el mayor aliado de la burricie para silenciar la voz de Lydia Cacho, que se jugó el pellejo contra un sistema corrupto y delincuente, y salió viva de milagro para contarlo. Y lo seguirá haciendo, no se va a callar porque lo digan unos paletos.

Quien ha visto La infamia en su implacable verdad no puede olvidarla. Igual que en los estertores del franquismo se viajaba a Francia para disfrutar el cine proscrito por la dictadura, deberá fomentarse el turismo teatral hacia comunidades autónomas gobernadas por gentes de miras más anchas, capaces de subir a las tablas historias que cuestionen todos los principios, incluidos los propios. O confiar en la iniciativa privada, que tome el relevo en la defensa de la libertad de creación amenazada por gobernantes de tijera fácil.

El desprecio por las mujeres, sus testimonios y sus logros resulta directamente proporcional al riesgo que corren por el hecho de serlo. El negacionismo de la violencia machista, practicado sin complejos por Vox en las recientes campañas electorales y contemplado con tibieza por el PP en los posteriores acuerdos autonómicos y locales («toda la violencia es igual», «llamémosla intrafamiliar»), así como la demolición y ridiculización de las estructuras generadas durante años para apoyar la igualdad de derechos tienen consecuencias irreparables. En julio han sido asesinadas siete mujeres por sus parejas o exparejas. No es una casualidad, ni fruto del calor, ni un cúmulo de desgracias privadas. No se protege a las víctimas del terrorismo machista, ni se las detecta, ni se las ayuda como necesitan, y ahora no se las quiere escuchar. Hace un par de días, tres policías intentaron desalojar de un pleno a una señora que protestaba contra la supresión de la concejalía de Igualdad de la localidad murciana de Molina de Segura, un ayuntamiento en manos de PP y Vox. Tres policías. Y se quedó en su silla, la muy valiente.