Ese óxido llamado corrupción

Los tres meses que quedan para la celebración de las próximas elecciones municipales y autonómicas en España van a estar marcados por dos acontecimientos inesperados: la moción de censura de Vox contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y los dos casos de corrupción de diferente índole que afectan a los dos principales partidos políticos: el caso Mediador vinculado al PSOE y el caso Kitchen relacionado con el PP.

Cualquier acontecimiento de cierta magnitud que suceda en periodo preelectoral, esto es, cuando las elecciones ya están formalmente convocadas, puede tener, y suele tener, efecto en los alineamientos electorales de los ciudadanos. Las consecuencias, en todo caso, no son siempre las mismas, no siempre son fácilmente controlables, y, en la mayoría de los casos, son difíciles de medir.

De las posibles secuelas electorales de la moción de censura de Vox hablaremos una vez que esta se haya producido, esto es, cuando ya sepamos cuál ha sido el comportamiento de cada uno de los actores políticos implicados y, sobre todo, cuando confirmemos algunas intuiciones sobre el objetivo final de esta moción. La moción de censura es uno de los cauces específicos establecidos en nuestra Constitución para exigir responsabilidad política al Ejecutivo. En el caso de España, al ser constructiva, la dimisión del Gobierno (que es la sanción que lleva aparejada esta forma de control del Ejecutivo cuando tiene éxito) acarrea la inmediata sustitución del presidente censurado por el votado por el Congreso. Formalmente, por tanto, este sería el objetivo de la presentación de esta moción por parte de Vox. Pero sabiendo de antemano que su candidato propuesto no cuenta con los apoyos necesarios para sustituir a Sánchez, está por ver cuáles son los objetivos informales tras esta acción ( y sus más inmediatas consecuencias).

Nos centramos hoy, entonces, en los casos de corrupción que acaparan la atención mediática de estos días. ¿Cómo pueden afectar al comportamiento electoral de los españoles de cara a las elecciones más inmediatas del mes de mayo? Hace ahora 19 años los profesores Jiménez y Caínzos publicaron el artículo académico La repercusión electoral de los escándalos políticos. Alcance y condiciones en el que, por un lado, evidenciaban la magnitud de los efectos de los escándalos sobre el voto y, por otro lado, identificaban los factores que condicionan el impacto de un escándalo sobre el comportamiento electoral de los ciudadanos. En este sentido, señalaban que para que un escándalo tenga efecto sobre el voto hace falta que se cumplan al menos seis condiciones.

La primera de todas es el conocimiento: que los electores tengan algún tipo de información sobre el escándalo. En estos momentos, tanto el caso Mediador como el Kitchen están presentes en todos los medios de comunicación, pero también sabemos que las agendas mediáticas (y por tanto políticas) cambian cada vez más rápido. Cuando lleguen las elecciones las noticias pueden ser otras y de otra índole totalmente diferente. Además, como ha analizado Víctor Lapuente, en el caso de España los electores suelen dar por descontada este tipo de informaciones que trasladan los medios de comunicación porque estos son percibidos como partidistas, es decir, que solo informan de aquellos casos de corrupción que afectan a políticos o partidos que no guardan afinidad con la línea ideológica del medio.

La segunda, la evaluación negativa, esto es, que el conocimiento de estos escándalos produzca un rechazo en los ciudadanos. Aquí también sabemos que los electores tienden a diferenciar en función del tipo de corrupción: los casos vinculados a cuestiones económicas (y, sobre todo, en momentos de crisis económica) generan mayor rechazo que los de otro tipo.

La tercera, la atribución de responsabilidades: si el elector responsabiliza (o puede responsabilizar) directa o indirectamente por el caso de corrupción a alguno de los partidos o candidatos que compitan en la elección. En este sentido, en la medida en la que los electores centren su decisión de voto en las cuestiones locales y regionales más que en las generales de cara a los próximos comicios de mayo, la repercusión de asuntos como el caso Mediador o Kitchen podrían tener mayor o menor incidencia.

En cuarto lugar, y en cierta medida relacionado con la condición anterior, se sitúa lo que los autores denominan la atribución de relevancia: qué lugar ocupa la corrupción en la jerarquía de las preocupaciones de los ciudadanos en el momento de las elecciones. Según el último Barómetro del CIS, apenas un 4% de los españoles menciona de manera espontánea “la corrupción y el fraude” como uno de los principales problemas de nuestro país. Y cuando se les pregunta directamente por la corrupción, ese porcentaje asciende al 17% según el último estudio de Ipsos: pero por debajo de quienes mencionan el desempleo (37%), la inflación (36%), la desigualdad social (31%) o el cambio climático (19%).

En quinta posición sitúan la visualización de una alternativa: el elector tiene que estar dispuesto a votar por un partido o candidato de la oposición o al menos, no ha de tener gran temor o preocupación ante la perspectiva de una victoria de otro partido o candidato.

Y en último lugar, la consistencia entre actitudes y comportamiento, esto es, el comportamiento del votante ante la urna tiene que ser coherente con las cinco condiciones previas.

Añadiría una cuestión más que me parecer relevante: la celeridad con la que los partidos políticos actúan para investigar y depurar responsabilidades internas. En este sentido, es cierto que los intentos interesados de ocultar o dilatar en el tiempo los casos de corrupción propios pueden lograr el objetivo inmediato de evitar costes electorales (sobre todo cuando los comicios están cercanos). Pero como en alguna ocasión ha señalado el profesor Ignacio Sánchez-Cuenca, los efectos colaterales de la corrupción no se materializan inmediatamente, sino que esta actúa como un óxido cuyas consecuencias sociales y políticas se vislumbran más a largo plazo. Estaremos atentos.