Pensiones solidarias

Si la política es algo más que prosaico cálculo econométrico, es bien fácil justificar moralmente la existencia de un sistema de pensiones suficiente, seguro y fiable que garantice a quienes han culminado toda una vida laboral una existencia digna y sin sobresaltos. Si se piensa, además, que los pensionistas ya no disponen de la capacidad de presión de la que gozan las fuerzas activas del trabajo, se entenderá que la obligación de cumplir con ellos es un ejercicio ineludible de solidaridad colectiva, prescrito, por añadidura, por la propia constitución (Art. 50 C.E.): “los poderes públicos garantizarán, mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizadas, la suficiencia económica a los ciudadanos durante la tercera edad”.

Esta obligación de actualizar periódicamente las pensiones se ha acatado con mayor o menor rigor según las coyunturas y las épocas. En 2021, este Gobierno rescató mediante una reforma legislativa el criterio de que las pensiones serán actualizadas con el IPC, una indexación que no agrada a los liberal-conservadores pero que parece la única respuesta realmente solidaria al reto de proporcionar a los mayores el merecido fruto de su servicio al país. El modelo anterior, implementado por Rajoy y su mayoría absoluta, garantizaba apenas un incremento mínimo anual del 0,25% cuando el sistema fuera deficitario, lo que produciría estragos en tiempos actuales de estanflación (inflación con estancamiento), propio de las crisis de oferta. Los mayores no pueden vivir en la zozobra de la incertidumbre y de la escasez.

El PSOE afianza el voto de los jubilados tras la subida de las pensiones

Para evitar la politización de las pensiones, se constituyó en 1995 el llamado 'Pacto de Toledo', una comisión parlamentaria cuyo objetivo es analizar el estado de las pensiones y proponer medidas para la mejora del sistema. Y aunque ha habido discrepancias a lo largo del tiempo, la realidad es que el consenso a través del diálogo social ha sido la norma. En concreto, en el verano de 2021, los sindicatos mayoritarios, la patronal y el Gobierno de coalición presidido por Pedro Sánchez firmaron un acuerdo que establecía que durante cinco años la subida de las pensiones quedaría ligada al IPC y en el caso de que hubiera inflación negativa, no se bajarían. Lo sustancial de aquel acuerdo se trasladó a la ley vigente.

Los mayores no pueden vivir en la zozobra de la incertidumbre y de la escasez

La Comisión Europea ha aceptado estos criterios aunque obliga a establecer determinados mecanismos de sostenibilidad; uno de ellos es el de prolongar hasta los treinta años el periodo de cómputo de la pensión, que acaba de proponer el ministro Escrivá, con el rechazo de la izquierda política y de los sindicatos. Sea como sea, y a la espera de que se resuelva este incidente de menor cuantía, un sistema de reparto como el español, en el que las prestaciones se financian con las cuotas de empresarios y trabajadores, no pone en juego la sostenibilidad a medio plazo ya que en años críticos siempre es posible recurrir al presupuesto del Estado, cuyo déficit ya se resolverá en ejercicios más boyantes. 

En definitiva, las pensiones subirán este año un 8,5 %, una medida casi heroica que aplauden lógicamente los pensionistas y la gente de bien de este país, conscientes de que la solidaridad intergeneracional es el más preciado factor de cohesión que tenemos. No tiene por qué resultar chocante que los jubilados reciban ingresos superiores a los de los trabajadores principiantes; si acaso, lo intolerable es que numerosos pensionistas hayan de sobrevivir todavía con rentas inferiores al salario mínimo. Por lo demás, las pensiones han sido un elemento vital de integración familiar y social durante las crisis, ya que, por ejemplo, estas rentas seguras han sostenido a numerosas unidades familiares durante la crisis financiera de 2008-2014 y durante la del covid.

Los partidos conservadores están claramente en contra de esta generosidad. Vox califica la subida de electoralista; Feijóo desvía las preguntas que inquieren sobre sus preferencias; Arrimadas estimula el enfrentamiento generacional, la precariedad de los jóvenes sobre una imaginaria ‘opulencia’ de los jubilados… No es extraño que a medida que se aproximan las elecciones, las encuestas empiecen a mostrar una preferencia hacia la izquierda de los tramos de edad más altos.

Precisamente, lo llamativo es que España consiga mantener este modelo a pesar de que la presión fiscal española es todavía siete puntos porcentuales inferior a la media comunitaria. Quiere decirse que tendríamos todavía margen para llevar a cabo los demás mandatos del mencionado art. 50 CE, que prescribe también la “promoción del bienestar mediante un sistema de servicios sociales que atenderán problemas específicos de salud, vivienda, cultura y ocio”. Y en todo caso, es difícil alegar falta de recursos para semejantes designios cuando los presupuestos públicos españoles están ya controlados por Bruselas, lo que garantiza a todos que nos estamos moviendo en el territorio realista de lo posible, y no en el del despilfarro electoralista.