Dialogar pensando en los ciudadanos

Como viene siendo habitual, el Gobierno logró convalidar in extremis el decreto sobre las medidas de ahorro energético y reducción de la dependencia del gas natural. Esta vez no se alcanzó el grado de agonía de ocasiones anteriores y aunque algunos grupos, como ERC, no desvelaron su voto hasta el último momento, ya se sabía horas antes que el apoyo al Gobierno estaba garantizado.

Nada que ver con la reforma laboral, medida estrella del Ejecutivo que salió adelante de carambola gracias al error de un diputado del PP. Lo ocurrido con este decreto ónmibus, que incluye desde la gratuidad en los trenes de cercanías o un extra en las becas al tope de temperatura del aire acondicionado y la calefacción, muestra una vez más la incapacidad de las dos principales fuerzas políticas para alcanzar acuerdos de Estado, ni siquiera cuando se trata de medidas urgentes comprometidas con la Unión Europea para paliar la crisis consecuencia de la guerra en Ucrania. 

El PP, en parte arrastrado por la política populista de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en parte convencido de que este tipo de oposición desgasta más al Gobierno, optó por la descalificación de unas medidas que llamó "frivolidades" aunque sean un calco de las que están adoptando otros países europeos. Mientras, el Ejecutivo de Pedro Sánchez dio una muestra más de la alergia que parece producirle el diálogo con la oposición, e incluso con sus socios de Gobierno y de legislatura, para buscar alianzas. Parece incluso haber olvidado la proclamada cogobernanza con las comunidades autónomas en los primeros meses de la pandemia. De haberla mantenido, habría agilizado el apoyo de los grupos nacionalistas. 

Un pacto es cosa de todos. Ni se pueden pedir adhesiones a ciegas ni se puede rechazar todo por el simple hecho de que provenga del Gobierno al que quieres batir en las próximas elecciones. Hay, sin embargo, algunos motivos para la esperanza.

La cesión del Ejecutivo a las presiones de algunos grupos para tramitar las medidas de restricción energética como proyecto de ley, y de hacerlo en cuatro semanas, abre la norma a la participación de todos los grupos, que podrán presentar sus propuestas por la vía de enmiendas.

También la decisión de convocar una ronda de contactos con eléctricas, gasistas, petroleras, grandes consumidores, agentes sociales y grupos parlamentarios para preparar el plan de contingencia que debe presentar en septiembre en la UE es un cambio en la buena dirección. Se trata de incrementar las medidas ya adoptadas y, seguramente, de endurecerlas, lo que precisará de un amplio consenso. 

La guerra en Ucrania tiene visos de perdurar y las perspectivas para el otoño y el invierno son sombrías para toda la UE y, por tanto, para España. No está el país para frivolidades en las que día a día caen algunos políticos, más preocupados por sus expectativas electorales que por atender las necesidades de los ciudadanos, que afrontan con dificultad la subida de precios y los lúgubres augurios que esos mismos representantes públicos vaticinan para el futuro más inmediato.