MEMORIA HISTÓRICA

Memoria fracturada que mira al futuro

La nueva ley mejora la aprobada en el 2007 y da pasos hacia el archivo de turbulencias del pasado, pero continúa siendo insuficiente para la democracia

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Un arqueólogo trabaja en la exhumación de esqueletos en la fosa de Belchite.

Un arqueólogo trabaja en la exhumación de esqueletos en la fosa de Belchite. / ANDREA VORNICU

La Transición incluía en su espíritu la superación de nuestra Guerra Civil, que a su vez requería el desentrañamiento de toda la verdad, la sutura de los contenciosos reparables y la confección de una narración compartida. En 2007, Rodríguez Zapatero sacó adelante la ley de Memoria Histórica, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia en la guerra civil y la dictadura. Aquella ley se basaba en lo manifestado por la Comisión Constitucional del Congreso que, el 20 de noviembre de 2002, aprobó por unanimidad una proposición no de Ley en la que la Cámara reiteraba que "nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos". La ley quedó corta, ya que no establecía la "nulidad" de las sentencias ilegales ni el resarcimiento de los bienes confiscados, entre otras carencias que ahora se subsanan convenientemente.

La nueva ley de Memoria Democrática renombrará el Valle de los Caídos, entre otras muchas medidas

Ayer, la Comisión Constitucional avaló el dictamen de una nueva ley que se llamará de Memoria Democrática que repara aquellas deficiencias y que, tras ahondar en diversas sensibilidades, reconocerá además la ilegalidad del régimen franquista, proscribirá el ensalzamiento del golpe de Estado del 36 (incluso cancelará la inscripción de la Fundación Francisco Franco), encomendará al Estado las exhumaciones, eliminará títulos nobiliarios otorgados a prohombres franquistas, renombrará el Valle de los Caídos, etcétera. Se aprobará el día 14 en un pleno extraordinario.

La insuficiente mayoría del Gobierno le ha obligado a buscar diversos apoyos (PNV, EH Bildu, Más País, Compromís y otros; ERC y JCat se han abstenido mientras siguen negociando) que hacen posible que la norma prospere. En el caso de Bildu, cargado de simbolismo, el apoyo se ha prestado a cambio de extender el escrutinio de víctimas de torturas hasta 1983, ya con los GAL en marcha, y ello no puede ser motivo de escándalo si de verdad se quiere cerrar todas las heridas y evitar olvidos fragmentarios. Además, la ley atiende escrupulosamente a la definición de víctima que realiza la Resolución de la ONU 60/145 de 2005, que recoge el derecho de las víctimas a interponer recursos y a obtener reparaciones en caso de violaciones graves del derecho humanitario.

La superación general del drama deberá llegar, con generosidad, de la mano de PSOE y PP con el aval de otros

Con esta norma, la democracia dará más pasos hacia el archivo de turbulencias del pasado, pero hay que reconocer que el avance es insuficiente porque la superación de las rupturas más graves solo se logra cuando la sociedad consigue reunirse de nuevo en un relato común. En nuestro caso la superación del drama habría de venir de mano de PSOE y PP, fundamentalmente, para que luego pudieran sumarse a los partidos aún mayoritarios todos los que lo deseasen. El reencuentro queda, en parte, pendiente de tiempos más magnánimos y generosos.

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