Debatir sin ruido la fiscalidad energética

La crisis energética que nos abruma, con el precio de la gasolina batiendo un nuevo récord histórico por segunda semana consecutiva, está provocando nervios en los miembros del Gobierno de coalición. No tanto porque persigan objetivos distintos en un tema de tanto calado como la fiscalidad sino por los métodos que quieren seguir el ala socialista y el de Unidas Podemos. Aunque coinciden en el qué, esto es, la necesidad de una mayor aportación a las arcas del Estado de las compañías eléctricas y, por tanto, la urgencia de crear cuanto antes una nueva figura impositiva, persisten las diferencias sobre el cómo. 

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, es partidaria de actuar ya, e incluir el gravamen de nueva cuña en la prórroga del decreto anticrisis que el Ejecutivo aprobará antes de final de mes para extender las medidas destinadas a paliar los efectos de la crisis de Ucrania hasta el 30 de septiembre. 

La parte socialista del Gobierno, mientras, prefiere esperar a la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para introducir esta novedad fiscal, como ha dejado claro la titular de Hacienda, María Jesús Montero, quien compartiendo el fondo del asunto con la ministra Díaz, se opone a la vía expeditiva. Es la misma tesis que sostiene la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que ha zanjado el asunto con un “cada cosa a su tiempo”. 

Unidas Podemos se ha movilizado colectivamente para presionar al gobierno del que forma parte con el argumento de que la gente “lo está pasando mal” y que es obligación de las instituciones salir en ayuda de quien más lo necesita. Es cierto que la situación requiere respuestas rápidas, pero tales debates debería plantearlos y resolverlos el Gobierno a poder ser internamente y, en caso de querer evidenciar que hay un debate rico sobre el fondo o las fórmulas a utilizar, hacerlo sin ruido. Y en cualquier caso, sin transmitir una sensación de incapacidad en la toma eficaz de decisiones.

Es innegable que una de las medidas estrella de Pedro Sánchez, el tope al precio del gas que empezó a aplicarse esta semana -la llamada excepción ibérica- no está dando los resultados visibles que se esperaban y eso puede exacerbar las tensiones. Y que nos hemos acostumbrado a las características singulares de un Ejecutivo de coalición en el que los dos partidos que participan en el Consejo de Ministros exhiben sus legítimas posiciones, a veces discordantes.  

Pero en situaciones como la actual, donde la escalada de precios, la factura de la luz y el coste de llenar el depósito del coche, ahoga a ciudadanos y empresas, es reprochable que sea la disputa y no las soluciones lo que se haga llegar a la opinión pública. Hogares y negocios quieren ver medidas operativas, asunción de responsabilidades y más certezas que dudas en la gestión de una crisis que, como la guerra de Ucrania, todo indica que será larga.