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La ministra de Defensa, Margarita Robles, antes de comenzar su comparecencia en el Congreso de los Diputados por el caso de espionaje con el sistema Pegasus.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, antes de comenzar su comparecencia en el Congreso de los Diputados por el caso de espionaje con el sistema Pegasus. / JOSÉ LUIS ROCA

En España adolecemos de confianza interpersonal: apenas uno de cada cuatro españoles (27%) dice que se puede confiar en la mayoría de la gente. Es decir, son muchos más los ciudadanos de nuestro país que piensan que nunca se es lo bastante prudente en el trato con los demás. El dato de España no está muy por debajo de la media mundial que se sitúa en el 30%, pero sí por debajo de otros países europeos de nuestro entorno como Suecia (47%), Reino Unido (43%), Italia (39%) o Alemania (33%), según arroja el estudio sobre confianza interpersonal en el mundo llevado a cabo por Ipsos en 30 países.

La confianza interpersonal constituye una variable clave de la cultura cívica y política de una sociedad, términos con los que los politólogos Almond y Verba definieron las prácticas, valores, hábitos y actitudes que determinan, en gran medida, la capacidad de los ciudadanos para, por ejemplo, cooperar en la solución de problemas que nos afectan a todos. Y constituye, además, un elemento crucial de lo que en ciencia política se conoce como capital social, que no es otra cosa que la confianza mutua entre las personas y hacia las instituciones que favorece el desarrollo de normas efectivas que sean compartidas y cumplidas por todos. Es decir, que la falta de confianza en las personas puede tener un efecto tanto en el funcionamiento de la política, como en el desarrollo económico de un país, además de, claro, afectar a diferentes aspectos de la vida social.

En el caso de España, esta confianza interpersonal está mucho menos presente entre los más jóvenes que entre los más mayores. Según el estudio de Ipsos del que se extraen estos datos, solo el 17% de los menores de 35 años dice que se puede confiar en la mayoría de la gente (frente al 33% entre los mayores de 50 años). Puede ser que esta mayor desconfianza que manifiestan los más jóvenes sea el factor que esté detrás de la elevada abstención electoral presente en nuestro país entre aquellos que más futuro tienen por delante.

Suele ocurrir que los países que presentan mayores niveles de confianza interpersonal tienen unas instituciones públicas que son percibidas por los ciudadanos como efectivas"

De hecho, suele ocurrir que los países que presentan mayores niveles de confianza interpersonal tienen, al mismo tiempo, unas instituciones públicas que son percibidas por los ciudadanos como efectivas (tienen un buen desempeño y se puede confiar en ellas) aportando estabilidad política y reforzando la democracia. O a la inversa, aquellos países con una baja confianza interpersonal manifiestan, al mismo tiempo, una elevada desconfianza hacia las principales instituciones del país.

Y esto último, ya lo hemos hablado aquí en alguna ocasión, es precisamente lo que lleva ocurriendo en España en los últimos años donde siguen siendo ampliamente mayoritarios los porcentajes de ciudadanos que dicen desconfiar de las principales instituciones del país. Sobre todo, pero no solo, las políticas.

Identificar cuáles son los atributos que los ciudadanos tienen en cuenta y consideran más importante para decidir si confiar o no en una institución nos puede ayudar a identificar el problema de este mayoritario recelo. En este sentido, el Monitor de Confianza Global de Ipsos identifica tres factores de confianza para el caso de España. El primero, que la institución sea fiable, es decir, que cumpla sus promesas (47%). La segunda, que actúe responsablemente, esto es, que cumpla sus obligaciones y reconozca y asuma las consecuencias de sus decisiones (33%). Y, en tercer lugar, que sea abierta y transparente sobre lo que hace (32%).

Viene esto al caso de dos acontecimientos que se han producido recientemente en nuestro país. El primero de ellos tiene que ver con el caso de espionaje a, inicialmente, políticos, activistas y abogados del entorno independentista catalán y vasco, pero que en la última semana se ha sabido que también ha afectado tanto al propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como a alguno de los ministros del su gabinete. Un caso que, de momento, deja más preguntas que respuestas y donde la transparencia va a ser limitada porque, aunque Sánchez tendrá que comparecer en el Congreso, el PSOE y el PP han vetado la comisión de investigación sobre el tema. Nos quedamos sin saber.

El otro hecho, es el relacionado con la publicación del patrimonio del rey y la fiscalización del presupuesto de la Casa del Rey por parte del Tribunal de Cuentas. Estas medidas inician un camino fundamental para el reforzamiento democrático y la confianza ciudadana en las instituciones. Pero recordemos los datos: la transparencia es necesaria, pero no suficiente. Tiene que ir siempre acompañada de responsabilidad y fiabilidad. Si no, puede ser hasta contraproducente y la ciudadanía puede preguntarse: "si solo es esto lo que nos muestran, ¿qué nos estarán ocultando?".

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