Arrojar luz sobre Pegasus

Las últimas revelaciones sobre el presunto espionaje a 67 dirigentes de partidos independentistas catalanes a través del programa informático Pegasus han sacudido el mapa político. Se trata de hechos que serían claramente delictivos en cualquier democracia y que deben ser aclarados. La investigación que lleva a cabo un juzgado de Barcelona tiene que llegar hasta el final y la fiscalía debe defender a las víctimas del espionaje como ciudadanos de un Estado de derecho que son en virtud de la nacionalidad española que ostentan.

Y lo mismo si, como se anunció ayer, se presentan nuevas denuncias. Y el resto de instituciones, empezando por el Gobierno central, tienen el deber de colaborar con la justicia y, si es el caso, de impulsar que se aclaren las responsabilidades políticas por acción o por omisión que pudieran derivarse de los hechos que resulten probados. En este sentido, es positiva la petición de comparecencia que ya ha formulado en el Congreso la ministra de Defensa, Margarita Robles, para explicar las sombras que planean sobre el CNI en este asunto.

Una parte del independentismo pretende usar propagandísticamente estas sospechas, a partir de un silogismo: si Pegasus es un programa de escuchas que solo pueden adquirir los gobiernos y se ha probado que se ha usado con los terminales telefónicos de 67 independentistas, el responsable es el Gobierno español, y si algunos de esos pinchazos se hicieron en el año 2019, Pedro Sánchez no es de fiar. Exigir que se investigue es preceptivo, adelantar los resultados y pedir actuaciones políticas en consecuencia en un apriorismo de los que, legítimamente, no creen en el diálogo.

Eso solo sirve para presionar a ERC para que deje caer al Gobierno de coalición. Una posición legítima políticamente, pero que difícilmente puede convencer a quien no estuviera convencido previamente. Esquerra ha reaccionado sin tirar la toalla del diálogo, pero siendo exigente con el Ejecutivo de Sánchez. Y este debe responder ayudando a aclarar los hechos, colaborando con la justicia, depurando responsabilidades políticas -si las hubiere- y apostando por la desjudicialización de la política en Catalunya y el diálogo. En este sentido, sería un signo de normalidad convocar la mesa entre gobiernos para fraguar algunos acuerdos . La opinión pública en Catalunya y en España debería ser capaz de eliminar ruido.

Silenciar este asunto solo da alas a la versión más agria del independentismo, la que se victimiza cuando se cometen excesos, pero también cuando no existen. Y el Estado debería tener más confianza en sí mismo. Las escuchas telefónicas en busca de presuntos hechos delictivos es legal bajo autorización judicial. No hace falta, pues, acudir a métodos ilegales. Si no se sigue ese camino es que lo que se persigue son las ideas o las formaciones políticas para obtener ventajas en la confrontación democrática. Si alguien piensa que esa es la solución, debe tener claro que es el problema, porque desacredita a las instituciones y porque, además, actúa de elemento cohesionador de un independentismo que se debate entre la institucionalidad y el activismo.