Reparación y verdad para las víctimas de abusos de la Iglesia

El empuje de las víctimas ha llevado al Gobierno de España a tener que comprometerse con una investigación sobre los abusos sexuales en la Iglesia. Lo que hace décadas quedaba impune en los tribunales y ante la sociedad en este país y en resto del mundo ahora, en pleno siglo XXI, exige que se investigue con seriedad y una reparación de los afectados. La publicación y el trato que se empezó a dar a la cuestión en los medios de comunicación, hace unos años, supuso un punto de inflexión en lo que a las denuncias concierne. Desde que en 2016 salieran a la luz los abusos sexuales a alumnos de diferentes colegios de aquella congregación religiosa, se han sucedido las revelaciones de víctimas que han dejado atrás años de miedo, vergüenza y silencio mientras los depredadores seguían impunes.

El cambio social acabó teniendo consecuencias legislativas, como la reforma de la ley de protección de la infancia que acota la prescripción de los delitos pasados y establece mecanismos para perseguir los que se produzcan hoy. Pero España, en relación a otros países afectados por esta lacra, sigue en el furgón de cola al menos en un aspecto: el de la identificación de casos, examen de conciencia y reparación de las víctimas. En Francia, la propia Conferencia Episcopal, para evitar que toda la Iglesia resultara salpicada por las acciones de algunos de sus representantes, decidió encargar, en 2018, a una comisión independiente el análisis de los casos cometidos desde 1950. Tras dos años y medio de investigaciones, concluyó que tenían «carácter sistémico» y propuso 45 medidas para evitar nuevos abusos, además de solicitar indemnizaciones para las víctimas.

En el caso español, después de que en los últimos años y por todo el territorio del país se hayan sucedido denuncias y testimonios desgarradores, grupos del Congreso de los Diputados como Unidas Podemos, ERC y EH Bildu tomaron la iniciativa y exigieron una comisión de investigación. Los socialistas, en un principio, anunciaron que apoyarían la tramitación parlamentaria de dicha comisión, al tiempo que desde la Moncloa se confirmaba que se habían abierto diligencias por parte de la Fiscalía General del Estado y que, además, no se renunciaba a otro tipo de iniciativas políticas o parlamentarias en pro de la denuncia global y de la reparación de las víctimas.

En este contexto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha decidido reorientar su respuesta política ante un asunto tan sensible en España como en otros muchos países europeos -y con el papa Francisco abogando por que la propia Iglesia dé pasos en este sentido- hacia la creación de una comisión independiente, bajo el paraguas del Defensor del Pueblo, integrada por expertos, miembros de las administraciones, de las asociaciones de víctimas y de la propia Iglesia católica. La iniciativa, por ahora, no cuenta con el respaldo del principal partido de la oposición, mientras que las víctimas se abren a cualquier formato que conlleve una investigación seria de lo sucedido. Bien merece un asunto tan vergonzante para un país y para la Iglesia el consenso de su clase política, el acompañamiento de la sociedad y la cooperación de la Iglesia, que debe deshacerse de quienes la ensucian y le hacen daño.

De lo que se trata es de que el formato finalmente elegido en el Congreso permita tanto la claridad -imposible sin una cooperación responsable de la jerarquía eclesiástica- como el marco de privacidad que merecen algunas víctimas, con desgarros psíquicos y físicos que arrastran en silencio desde hace años. 

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