Las víctimas de abusos, entre la alegría y la desconfianza ante la comisión de Sánchez

El escritor Alejandro Palomas se reunió con el presidente Pedro Sánchez a finales de la semana pasada y tres días después supo, a través de una noticia avanzada por El País –el medio que lleva el único recuento de víctimas de la pederastia de la Iglesia Católica–, que España finalmente iba a investigar los abusos sexuales perpetrados por organizaciones del clero.

Palomas, que denunció públicamente el pasado 26 de enero las violaciones que sufrió durante su escolarización en la escuela de La Salle de Premià de Mar a mediados de los setenta, se ha convertido la gota que ha logrado que se desborde un vaso, el de la desidia política, que parecía capaz de acumular cuantos nuevos testimonios alumbrara la prensa sin inmutarse, mirando hacia otro lado. 

El Parlament de Cataluña había valorado la posibilidad de celebrar una comisión de investigación de forma intermitente a lo largo de los últimos años, a raíz de la eclosión de escándalos como el Caso Marista, que destapó este diario. Sin embargo, la falta de acuerdo político o las turbulencias que han zarandeado a la cámara tras el otoño político del 1-O, han impedido que llegara a cristalizar. Será el Gobierno central quien escarbe en el pasado de la institución católica.

“Es alucinante cómo ha cambiado la cosa en los últimos días. Algo que parecía que estaba tan lejos, que no podía pasar de ninguna manera, se ha convertido en un 'ahora'. Esto significa que antes faltaba voluntad para hacer realidad una comisión porque cuando han querido, han podido”, reflexionaba Palomas este lunes, consciente de que el PSOE ya llevaría tiempo meditando activarla y que el altavoz de su caso, ampliamente recogido en los principales medios, de alguna forma, se ha alineado con los planes del ejecutivo. O le ha dado el empujón definitivo. "Yo estoy dispuesto a hacer lo que haga falta", se prestaba.

Dudas sobre la fórmula 

La fórmula anunciada por Sánchez para investigar este pasado –estará liderada por el Defensor del Pueblo y no por el Congreso de los Diputados y reunirá a expertos, a víctimas y a representantes del clero– no ha disgustado a voces de afectados como la del escritor Palomas pero ha suscitado dudas entre otras asociaciones de víctimas. 

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Miguel Hurtado, portavoz en España de la organización internacional End Clergy Abuse (ECA), duda del poder real de una figura como la de El Defensor del Pueblo para poder exigir a la Iglesia española a entregar los archivos en los que constan anotados los casos de abusos sexuales que ha conocido la institución. O para poder citar e interrogar a cargos relevantes como obispos, que son quienes gestionan las diócesis y han tenido, históricamente, más peso a la hora de decidir cómo se encubrían los pederastas del clero. 

Para Manuel Barbero, el padre del primer denunciante con el que arrancó el Caso Maristas, la comisión cometería un error grave si, al desarrollarse lejos del Congreso de los Diputados, no cuenta con todas las asociaciones ni se escucha a todas las víctimas. “Es un paso muy importante y no puede ser en falso”, subraya Barbero. Tanto Hurtado como Barbero desconfían de la capacidad de la que dispone El Defensor del Pueblo para averiguar el grado de ocultación real de una organización como la Iglesia y también ven con recelo que se cuente con la propia “jerarquía eclesiástica” y que el actual defensor sea Ángel Gabilondo, que había trabajado en dos colegios religiosos antiguamente.