Opinión | EDITORIAL

La reforma laboral y la responsabilidad

El Gobierno logra con esfuerzo una mayoría para aprobar un marco laboral imperfecto, pero imprescindible

Los negociadores de Gobierno, sindicatos y patronales, antes de comenzar la reunión sobre reforma laboral de hace dos semanas

Los negociadores de Gobierno, sindicatos y patronales, antes de comenzar la reunión sobre reforma laboral de hace dos semanas / Ministerio de Trabajo

Las negociaciones de última hora para salvar la reforma laboral, a pocas horas de que se vote la convalidación del decreto ley en el Congreso de los Diputados, es una de las imágenes más esclarecedoras de lo alejados que pueden estar los intereses de los partidos de las urgencias de una sociedad como la española en un momento de crisis pandémica, social y económica.

El Gobierno, no sin antes exhibir sus propias tensiones dentro de la coalición, logró primero ponerse de acuerdo internamente y después acordar también con patronal y sindicatos una reforma del marco laboral. No es seguramente un texto normativo ideal, pero es más acorde a los tiempos que la anterior, aprobada por el PP sin el apoyo de los representantes de los trabajadores.

Ahora, el Ejecutivo pide apoyo al legislativo para respaldar el decreto de la reforma sin cambiar ni una coma de lo acordado con empresarios y entidades sindicales, a fin de preservar un pacto valioso simbólicamente y que cuenta con el beneplácito de una UE que tiene que ir concediendo fondos. Esto ha provocado malestar en algunos grupos parlamentarios que suelen dar apoyo al Gobierno y, seguramente, no les falte razón en que podían haberse mejorado las formas de negociación con los partidos, dado que PSOE y Unidas Podemos no tienen mayoría.

Pero ese extremo y las críticas que merezca no deben ser la excusa para que los grupos que tradicionalmente abogan por los acuerdos y la mejora de las condiciones laborales primen el desgaste del adversario, o incluso del socio, a impulsar una reforma que pretende reducir la precariedad laboral y los abusos en la contratación temporal, pese a no ser perfecta.

Por supuesto que el texto podría haber sido más ambicioso, pero defender maximalismos habría hecho imposible el consenso entre CCOO, UGT y la CEOE. Tan inexplicable es el ‘no’ del PP en contra del criterio de la patronal como el ‘no’ de ERC, por ejemplo, contra lo pactado por los sindicatos, a menos que en la ecuación se incluyan otras motivaciones.

Según la monolítica oposición que ejerce Pablo Casado ante cualquier acción del Gobierno, los 89 diputados populares están descartados de cualquier tipo de pacto político. El Gobierno, en cambio, ya con el acuerdo para sacar adelante la reforma laboral, ha seguido presionando para atraer a los 13 diputados republicanos y a los seis del PNV, sus socios prioritarios, que se mantienen en el bloque del rechazo a la ley, alegando que así seguirán si no se tramita el texto como decreto ley para poder incluir enmiendas. O se impulsa un segundo decreto o reforma para completar la que se aprueba hoy en el Congreso. Una exigencia que saben que Pedro Sánchez no tiene capacidad de conceder, porque cualquier modificación del texto implicaría el descuelgue de la patronal, que no se contempla y que chirriaría en Europa.

Calculadora en mano, ERC y PNV han empujado con su portazo al Gobierno a buscar el apoyo de Ciudadanos, dispuesto a votar a favor a condición de que no se toque ni una coma del decreto, lo que daría la oportunidad a Inés Arrimadas de ocupar la centralidad política perdida. Y de recuperar foco en mitad de la campaña en Castilla y León, donde no le esperan buenos resultados. Esta opción naranja, sumada a grupos parlamentarios pequeños, es la que va a lograr que la reforma laboral se haga realidad y el Gobierno de Sánchez supere uno de los restos de la legislatura. Y lo más más importante: que España tenga un marco laboral mejor, aunque deba seguir perfeccionándose.

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