Pensiones, un futuro de solidaridad

El miedo al calentamiento global ha convertido al futuro en un factor determinante de la política del presente, pero existen otros miedos vinculados al porvenir y uno de ellos, más inminente y menos global, es el miedo a la quiebra de los sistemas de pensiones. Por eso debemos utilizar nuestra capacidad de prospectiva para anticipar, sin hipotecarlo, el futuro de las pensiones públicas, una de nuestras responsabilidades más importantes ante las próximas generaciones

La unanimidad de los expertos apunta a la insostenibilidad de los sistemas de pensiones públicos. Las actuales proyecciones demográficas, apoyándose en la relación entre activos y pasivos pronostican, como Churchill en 1941, que nunca tantos van a depender de tan pocos. Sin embargo y dejando al margen los errores que, en relación a la evolución poblacional, se han cometido en el pasado, convendría averiguar si en el futuro una población activa menor podría proporcionar una riqueza mayor. Y lo cierto es que, a lo largo de la historia, el desarrollo económico y el aumento de la productividad siempre han traído de la mano el crecimiento de la economía. De manera que la cuestión crucial consiste en diseñar un futuro de solidaridad, de redistribución social e ínter generacional o no hacerlo. Dicho de otra manera: aceptar la cada vez mayor diferencia entre las rentas del trabajo y las del capital o afrontar, en serio, cómo vamos a redistribuir el producto social.

Naturalmente resulta indispensable articular bien el registro temporal del asunto, diferenciando correctamente el corto y el largo plazo.

En un horizonte de tres o cuatro décadas, el reto pasa por transformar un contrato social pensado para el pleno empleo, una esperanza de vida menor y un protagonismo mayor del Estado, en un contexto como el actual de disminución del poder estatal frente a fuerzas económicas y financieras que fluyen libres en el espacio global.

Corto plazo

A corto y medio plazo se trata de evitar una aceleración progresiva del deterioro de las cuentas de la Seguridad Social a partir de 2023, fecha de incorporación de los "baby boomers" que, con carreras laborales más largas y bases de cotización más altas, comprometerían el ya elevado déficit estructural del conjunto de la economía española y afectaría a los compromisos de estabilidad contraídos con la UE.

Las cifras son más sinceras que las palabras, así que conviene saber que el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2022 tiene consignado un crédito de 149.996 M€ para pensiones contributivas y los ingresos previstos por cotizaciones sociales son de 136.345 M€. El Estado además aportará otros 36.276 M€ de los que 18.396 M€ tienen por objeto ”garantizar la sostenibilidad del sistema a medio y largo plazo” (la llamada hucha). En este contexto se inscribe el alza de 0,5 puntos de las cotizaciones que, durante 10 años, a partir de 2023, se repartirán entre trabajadores y empresas.

La pregunta para los que se oponen a esta medida es la siguiente: ¿qué prefieren, un recorte de las prestaciones o un aumento de la cuña fiscal?