Zonas de Bajas Emisiones (ZBE): incumplimiento generalizado en las ciudades españolas

Las ciudades de más de 50.000 habitantes, además de los territorios insulares, están obligadas por ley a activar Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) en sus centros urbanos, algo que, a pocos días de las elecciones municipales, es todavía tarea pendiente para la mayoría de urbes del país.

A fin de mejorar la calidad del aire y, además, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, la Ley de Cambio Climático obliga a estos grandes municipios -así como a las localidades isleñas y a las de más de 20.000 habitantes que rebasen los niveles límite de contaminantes regulados- a implantar en sus centros urbanos ZBE, áreas de tráfico limitado como las que funcionan en Madrid y Barcelona.

Sin embargo, esto debía haber ocurrido antes del inicio de 2023 y por tanto, casi a mediados de año y con unas elecciones municipales de por medio -el próximo domingo, 28 de mayo-, la mayoría de urbes “ya van tarde”, lamenta la responsable de movilidad en Ecologistas en Acción, Carmen Duce.

En diciembre de 2022, como venían pidiendo los colectivos ecologistas, el Gobierno aprobó un real decreto que regula las ZBE y por el que se establecen unas pautas para homogeneizar estas áreas y aportar seguridad jurídica a las administraciones.

La medida concedía a las urbes que ya disponían de instrumentos de planificación parecidos a las ZBE un plazo de 18 meses para adaptar sus modelos a los nuevos requisitos.

“El problema es que muchas ciudades han interpretado -y claramente no es lo que pone en el real decreto- que tienen 18 meses para poner la ZBE en marcha”, señala Duce, para resaltar que un problema es que no hay ningún tipo de mecanismo sancionador y así, cree que los ayuntamientos están esperando a que pasen las elecciones para ponerse manos a la obra.

Madrid y Barcelona, entre las excepciones

Dos principales ZBE ya estaban operativas en España antes de la Ley de Cambio Climático: las Rondas de Barcelona, que prohíbe a los vehículos más contaminantes circular en día laborable la mayor parte de la jornada y a la que la Ciudad Condal atribuye la mejora en la calidad del aire registrada, y Madrid Central, que impulsó la exalcaldesa de la capital Manuela Carmena y que el actual edil, José Luis Martínez-Almeida, rebautizó Madrid360.

Pamplona, por su parte, ha implantado una ZBE que sin embargo no ha supuesto nuevas limitaciones de acceso ni exigencias añadidas para los vehículos que circulen por estas calles, donde no existe ninguna restricción para los automóviles según su distintivo ambiental, por lo que no es necesario que cuenten con una de estas etiquetas visible, según aclara la alcaldía.

El gobierno de Zaragoza también aprobó en diciembre declarar el área interior del el Casco Histórico como ZBE provisional.

Ninguna ciudad en Euskadi

La ciudad de Vitoria, reconocida internacionalmente por la sostenibilidad de su modelo basado en la movilidad activa -al favorecer los desplazamientos a pie o en bicicleta en detrimento del coche privado- está pendiente de hacer lo propio este año, pero no ha especificado una fecha concreta.

De las seis ciudades del País Vasco que deberían haber impulsado ya una ZBE, ninguna ha cumplido aún con la normativa estatal: Bilbao, Barakaldo, Irún y Getxo no tienen ninguna previsión de cuándo se hará y únicamente se han encargado estudios sobre los vehículos que circulan y la contaminación actual para tomar decisiones, si bien Bilbao ya planea la compra de cámaras para leer las matrículas de los coches.

San Sebastián, por su parte, prevé implantar la ZBE en el centro de la ciudad y ha aprobado contratar la tecnología necesaria para hacerla funcionar, aunque no ha definido aún ni a qué calles se limitará ni qué restricciones concretas conllevará, un trabajo que ha dejado para la corporación saliente de las elecciones del 28M.

Sin un mecanismo sancionador que fuerce a estas urbes a activar las ZBEs, los ecologistas han apostado por la vía de “presionar desde la conciencia social para reclamar una mejor calidad del aire y revisar los fondos europeos que han destinado 1.500 millones de euros a los municipios para ejecutar estos planes de movilidad”, explica Duce.

Murcia es otra de las comunidades más rezagadas a la hora de implantar ZBEs (algo que, en cualquier caso, no corresponde al gobierno regional sino al municipal), pues ninguna de las cuatro urbes que deben atenerse a esta medida de la ley del clima -Murcia, Cartagena, Lorca y Molina de Segura- han cumplido el mandato.

Tampoco Valencia, la tercera ciudad más poblada del país, ha obedecido la norma: allí el gobierno local trabaja con la Mesa de Movilidad, que aglutina a más de 80 entidades ciudadanas, para ver cómo se implanta una ZBE, pero aún no se ha puesto en marcha.

La mayoría de municipios de Canarias (salvo uno, La Laguna), así como Logroño, Oviedo, y Gijón, son otras de las muchas urbes españolas que siguen pendientes de activar sus ZBEs.

En Galicia la ciudad que avanza a mejor ritmo es Pontevedra, con un modelo propio basado en dificultar el tráfico rodado y facilitar el tránsito a pie.

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